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CCHH y abastecimiento de agua (y 3)

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  • CCHH y abastecimiento agua (y 3)
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Así pues, las confederaciones son las guardianas del ciclo del agua, y por tanto de su conexión con los ciclos del agua; ya sean urbano, agrícola, industrial o energético. Del ciclo del agua, en tanto que administradoras de las masas de agua y de su protección en cantidad y calidad. De los ciclos singulares de uso, en tanto que tienen la llave que los permite y facilita, y establecen las condiciones para su restitución al ciclo general.

Esa es nuestra singularidad y no cabe ignorarla. No es posible una regulación sectorial eficaz para la administración del agua que ignore la necesaria implicación de la administración hidráulica. Y ello no es posible sin el compromiso activo de las confederaciones.

José María Santafé nos recuerda que las Confederaciones Hidrográficas se crearon en 1926 con el objetivo de desarrollar un plan para la utilización ordenada de las aguas de los ríos de la cuenca hidrográfica.[1] Y que ese modelo no sólo ha sido imitado por otros países, sino que encaja muy bien en las recomendaciones de gestión del agua por cuencas de la Directiva Marco.

Ahora bien, no es posible una gestión eficaz del agua ni la protección de las masas de agua sin un estricto sistema de autorizaciones de uso que evite las extracciones clandestinas. Pero tampoco es aceptable que aquellos usos que precisan del agua se gestionen al margen de la garantía de su disponibilidad en cantidad y en calidad. Esas son funciones que deben presidir la acción de las Confederaciones Hidrográficas en el marco conceptual actual.

La llave del agua está en las CCHH, y los mecanismos para modernizar su administración son conocidos: medición, vigilancia y coste del recurso con el cual mejorar su gestión y la garantía de disponibilidad. Esas medidas estimulan por si solas las mejoras en el rendimiento de las redes y el uso eficiente del agua.

Se oyen tambores de guerra en determinados sectores, que nuca protestaron por la tolerancia que ha conducido a algunos desastres ni se preocuparon por encajar las preocupaciones y las prácticas de su sector. Probablemente sería mejor que se hubieran escuchado antes del desastre. Pero no fue así.

El sector empresarial pugna por consolidar el mercado del ciclo urbano y suele presentar ese problema como el gran problema del agua. Los argumentos de moda son ahora la escasez del recurso y la necesidad de inversiones. Cierto, muy cierto. Pero los argumentos descontextualizados pierden sentido, pues no van en la dirección de la protección general del recurso, sino de una fracción –importante pero menor- que concierne al sector quizá más concienciado de la sociedad.

Las características que hacen interesante este mercado no sólo se refieren al carácter estratégico de un recurso esencial, sino a la práctica ausencia de competencia en un mercado con pocos operadores, que se abre muy de vez en cuando, cada 25 o más años, y en el que la negociación de modificaciones contractuales está a la orden del día.

La regulación del agua, y en especial del agua urbana, no podrá servir a la gestión general del recurso sin la implicación a fondo de las CCHH

Hay que considerar que mejora del rendimiento y de la eficiencia no significa necesariamente ahorrar el agua. Eso es especialmente cierto en el caso de la agricultura en el que las mejoras no han comportado ahorro de agua sino una extensión de la superficie regada. No obstante, hay que mencionar algún interesante contraejemplo que marca pautas de futuro. Es el caso del Bajo Ter, donde después de su trasvase a Barcelona a final de los años 60, quedó mejor regulado por los embalses, pero con una aportación muy disminuida por el trasvase. La reordenación de las concesiones existentes y la mejora de las canalizaciones permitió mantener la superficie regada y especificar que un 25% del agua concedida debía utilizarse para el mantenimiento ambiental de las viejas acequias.[2]

Las décadas transcurridas han visto crecer la presión sobre los usos, especialmente agrícolas y urbanos, a la vez que la sensibilidad ambiental –inexistente 50 años atrás- ha introducido nuevos condicionantes, por la vía legal y por la presión cívica. Las polémicas iniciales se han ido transformando en unidad de acción hasta constituir la Junta Central de Usuarios, que agrupa las distintas comunidades de regantes y los titulares de concesiones urbanas o industriales.

Por ello es necesario recordar las posibilidades que en su día abrió la ley de Aguas de 1985 al unificar el ciclo del agua. Desde entonces las CCHH tienen la facultad de formular los Planes hidrológicos de cuenca, su régimen económico financiero y la participación de los usuarios. No es poco.

Y no obstante, como nos recordaba Santafé, en estos últimos años "estamos asistiendo a una pérdida de peso específico de las Confederaciones y por consiguiente a su papel como elemento director (autónomo) de la política de agua en los territorios y, correlativamente, a una recentralización de esa misma política".

La revitalización de las CCHH corresponde, en parte, a la redefinición de sus funciones en el marco de la nueva política de aguas que se necesita y se pregona, la dotación de recursos económicos y financieros suficientes obtenidos en buena parte de los cánones de disponibilidad que les permitan invertir en la mejora de las garantías de protección y uso del medio. Por otra parte, les corresponde a ellas mismas adaptar sus estructuras y su cultura de gestión a los nuevos tiempos. No pueden estar ausentes de la gestión del agua urbana, como no pueden seguir exclusivamente pendientes de sus referentes históricos en el mundo agrícola y energético. La regulación del agua, y en especial del agua urbana, no podrá servir a la gestión general del recurso sin la implicación a fondo de las CCHH.

La planificación no es suficiente: hay nuevos recursos y la gestión de las alternativas no es posible efectuarla desde un punto de vista meramente burocrático. Hay que asumir riesgos y explicarlos.

Sigo con Santafé: "la Confederación debe cumplir la función central de órgano en donde debe realizarse la cooperación entre los centros políticos con competencias sectoriales que inciden en la gestión del agua, tal como ha señalado reiteradamente la doctrina del Tribunal Constitucional".

"Las Confederaciones Hidrográficas, que encaran ya el cumplimiento de su centenario, presentan un balance positivo en su actuación. Pero en este momento se encuentran en la encrucijada de adaptar sus estructuras al cambio social y ambiental que se presenta, y que sea ido demorando excesivo tiempo, o correrán el riesgo de mantenerse como una institución irrelevante en la política y gestión del agua y de sus ecosistemas asociados".

[2] Expediente de concesión de aguas a la Junta Central de Usuarios del Baix Ter. 22 de febrero de 2018.

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