Ciclo del agua: ¿fraude piramidal?

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Sobre el blog

La reciente publicación de un extenso artículo titulado “El ciclo urbano del agua podría convertirse en un gran "fraude" piramidal” y su carácter de posicionamiento público del sector me inducen a la reflexión que sigue:

El sector del agua se mueve y eso es una buena noticia. El sector empezó a funcionar como tal a partir de los juegos olímpicos de 1992. La resaca post juegos indujo sensatamente a diversas empresas del ramo de la obra pública a invertir en actividades anticíclicas. El mundo de los servicios públicos les resultó ideal, pues son servicios estables, protegidos por la regulación de sus administraciones titulares y en especial algunos, como el agua, generan cash.

Anteriormente, el sector del agua se limitaba a algunas grandes empresas históricas, públicas o privadas, y una pléyade de pequeñas compañías locales que poco a poco fueron mayoritariamente absorbidas por los capitales frescos que llegaron. Los nuevos actores entraron en el mercado y pusieron valor a los fondos de comercio que se percibían detrás de las concesiones de servicio público.

Muchos municipios, siempre pendientes de que se resuelva su financiación como escalón básico de nuestra democracia, recibieron los nuevos usos con entusiasmo: los años 90 trajeron prosperidad urbanística –de la que ahora estamos pagando la resaca- y con ella inversiones en la extensión de redes, nuevos contratos de abono y, en definitiva, crecimiento. Puesto que el servicio se financiaba con nuevas obras y el aumento del parque de abonados, se creó la típica estructura piramidal que fía el equilibrio del sistema a su crecimiento indefinido. Las renovaciones fueron muy insuficientes, como se puede observar en las grandes proporciones de fibrocemento que siguen en servicio desde su instalación hace más de 40 años.

Pero nadie consideró que eso fuera un problema; con las dinámicas de crecimiento y la financiación europea ya era suficiente. Además, las tarifas requirieron ajustes en general inferiores a las necesidades objetivas del servicio de modo que los operadores pudieron parecer muy eficientes a los alcaldes que confiaron en ellos. Todos contentos.

No vamos a hablar de abusos, que los hubo. Vamos a hablar de lo esencial: de problemas estructurales y actitudes estratégicas de cara al futuro. En otras ocasiones he manifestado mi opinión de que buena parte de los problemas que se imputan a la falta de regulación son, en realidad, consecuencia de la dejación de funciones de las administraciones superiores. Voy a citar dos:

· El aseguramiento de la garantía, que compete a las administraciones hidráulicas y que constituye la parte sustancial del coste del servicio. Ejercer esas funciones, ya sea mediante trasvases, desaladoras construcción de interconexiones o impulsando la vía consorcial para obtener economías de escala, constituye responsabilidad esencial de la política de agua. Ejercerla y trasladar los costes reales a los municipios usuarios es revulsivo suficiente para impulsar la renovación de redes y la limitación de pérdidas.

· La implantación de cánones regionales o de cuenca es lo que ha permitido, en las comunidades que lo han hecho, desplegar los sistemas de saneamiento y protección ambiental más efectivos.

Los municipios son tan titulares del servicio de abastecimiento de agua como de la limpieza viaria o la regulación del tráfico urbano. Ejercen sus competencias, además de las que no ejercen las administraciones superiores si la demanda vecinal así lo requiere. Esa es una de las consecuencias de la crisis, en la que hay mayores demandas y menos recursos. Parece fuera de lugar que, además de esas cargas “delegadas”, hayan de recibir orientación sobre cómo componer sus tarifas.

La falta de ejercicio competencial de las administraciones superiores no puede encontrar un aliado en las necesidades de mayor inversión que manifiesta el sector. Si las políticas de agua se ejercen debidamente, las tarifas las encajaran sin ninguna duda. Por otra parte, ahí hay una gran cantera de actividad para el sector.

Desde mi punto de vista el sector del agua debe encontrar un nuevo paradigma de relación con los municipios sobre la base de su aportación tecnológica y capacidad de gestión. Hay que hacer un gran debate, sincero y profundo, en el que se vea la forma de encajar el interés público y el privado, las aportaciones de cada parte y la forma correcta de asunción i/o transferencia de riesgos. Y en especial, el encaje del sector financiero, tan necesitado de clientes solventes para relanzar su actividad.

Es de agradecer que el sector señale problemas reales de nuestros sistemas de distribución de agua. Es legítimo trabajar en pro de los intereses propios, faltaría más. Pero no confundamos eso con el interés general, que corresponde a la autoridad pública, ni tratemos a los municipios como menores de edad necesitados de tutela. Más bien a veces parecen necesitadas de tutela muchas de nuestras mayores autoridades sobre las que se pretende influir de forma no desinteresada.

Ni confundamos, ni tampoco exageremos: el fenómeno piramidal –que no fraude- existió como fruto de una concepción errónea de nuestro futuro, pues resultó que no era de crecimiento ilimitado. Estamos sufriendo el legado tóxico de ese pasado en el que no se pensó en la solidaridad intergeneracional. Y lo que ahora se necesita es proyectar el futuro con cordura y con encaje de intereses. Esa podría –¿debería?- ser la gran novedad. Ni los municipios son 8.000 enanitos, ni el sector es Blancanieves, ni el deseado regulador va a ser el príncipe azul que lo despierte.

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