Los ciclos del agua y su regulación

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  • ciclos agua y regulación

Del ciclo natural del agua derivan varios ciclos de uso. Los más extensivos son la agricultura y los usos energéticos (hidráulica y refrigeración), a los que en algunas zonas se añade la minería. El ciclo local del agua (doméstico, industrial, servicios) es el tercero por la cantidad de agua usada. No obstante, la consideración de los usos energéticos como no consuntivos, prácticamente les hace desaparecer de la planificación hidráulica -salvo por las inversiones a considerar- a pesar del intenso condicionamiento del régimen de caudales y temperaturas que producen. Por ese motivo, los usos urbanos suelen aparecer como segundos en la intensidad de uso.

Los ciclos agrícola, energético y urbano tienen características específicas en sus interfaces de relación con el ciclo general del agua. Esas interfaces se caracterizan por la forma e intensidad de las extracciones y las condiciones de los retornos.

De ellos, el ciclo urbano es el más exigente por los requerimientos asociados:

  • — sanitarios, para el agua potable
  • — técnicos –presión, caudal, continuidad de servicio- para el conjunto de usos urbanos.
  • — derivados de la higiene urbanística
  • — en muchas zonas, por los desajustes entre localización de la demanda y las alternativas para la satisfacción de las garantías exigidas.

Ello explica que el ciclo urbano es el más intensivo en inversión por m3 extraído.

El respeto ambiental es exigible a todos los ciclos en una doble vertiente:

  • a la propia autoridad hidráulica, en sus criterios de asignación de concesiones demaniales y de exigencia en la gestión de esas concesiones.
  • a los usuarios del agua concedida, que deben cumplir con los requisitos exigidos.

El Plan Hidrológico Nacional (PHN), aprobado por la ley 10/2001 hace suyos los principios esenciales de la Directiva 2000/60/CE:

  • — Alcanzar el buen estado de las masas de agua.
  • — El principio de recuperación de costes,
  • — la participación de la sociedad en el proceso de elaboración del PHN
  • — la garantía del acceso a la información en materia de aguas,

Por otra parte, el preámbulo afirma que la Ley se ciñe al diseño trazado por el legislador de la Ley de Aguas regulando los contenidos que éste había dispuesto para ella, así como aquellas otras previsiones normativas necesarias para garantizar su cumplimiento… sin extralimitarse en sus cometidos que como ley instrumental le corresponden. De acuerdo con ello, regula los criterios de coordinación de los Planes Hidrológicos de cuenca, la resolución de las diferentes alternativas que estos ofrecen, las modificaciones que se prevean en la planificación del recurso y la previsión de las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos Planes Hidrológicos de cuenca.

En el fondo, el PHN es un instrumento de coordinación y complementación de los respectivos planes de cuenca, y el conjunto de esos instrumentos, al amparo de la ley de Aguas constituyen un marco normativo maduro para la gestión del agua. Además, y dicho sea de paso, el agua constituye un ejemplo de gestión de carácter federal (en realidad, confederal) del que cabría tomar modelo para una mejor articulación territorial de España.

Es bien cierto que buena parte de las disfunciones en la gestión del agua se pueden identificar en los criterios de gestión de las interfaces entre el ciclo general y los ciclos particulares: en qué condiciones y con qué garantía se dan las concesiones a cada tipo de usuarios, con qué exigencia se tratan los retornos al medio, y, en definitiva, cuáles son las señales económicas que se transmiten entre el ciclo general y los particulares.

Si la regulación es un conjunto de reglas, en el ciclo del agua no falta regulación. Más bien falta traducir los criterios de la legislación a la gestión del ciclo general y de allí a cada ciclo de uso con el fin de gestionar el dominio público de forma eficiente. No tiene sentido que la autoridad hidráulica interfiera en la gestión interna de las comunidades de regantes o las empresas hidroeléctricas. Mucho menos en los municipios, cuya misión es administrar un servicio público esencial. Las reglas existen y cada cual debe aplicarlas en su propio ámbito.

No obstante, la tradición hidráulica española ha centrado su interés en la asignación administrativa de concesiones y en los usos agrícolas y energéticos, pues para ello nacieron las confederaciones -y en esencia en ello siguen, a pesar del PHN.

Las asimetrías observadas se refieren esencialmente a las garantías mutuas requeridas –ambiental y de uso- en la interface entre el ciclo general y cada ciclo. La cantidad de agua asociada a los usos agrícolas no sólo tiene que ver con la mayor o menor eficiencia con que el sector usa el agua sino con la fracción de la producción final que finalmente alcanza o no los mercados[1]. Y las condiciones para su devolución al medio también son asimétricas en calidad y coste. Y el régimen de uso energético simplemente se adapta a las necesidades del sector.

No tienen sentido predicar la gestión eficiente y no fijar el coste de garantía, o predicar el respeto ambiental y no respetar los caudales ecológicos ni fijar el coste de depuración. Así pues, en relación al ciclo del agua puede afirmarse que los déficit de gestión –que no de regulación- se observan en las interfaces entre el ciclo general y cada uno de los ciclos particulares de uso, de los que uno es el local. En síntesis, los déficit se identifican en:

  • — El establecimiento de garantías y asignación de los costes asociados
  • — Asignación de costes ambientales de extracción, de condiciones de retorno y, eventualmente, de fracción retornada.

En realidad los déficits no son de regulación sino de gestión, pues el cuerpo normativo –o regulación- es completo y cargado de buenas intenciones.

[1] Un tercio de los alimentos producidos no se aprovecha, lo que supone desperdiciar tanta agua como fluye en un año por el Volga. Water Scarcity. The Economist, 5/11/2016

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