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Las comunidades de usuarios

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En 1985 la ley de aguas reconoció la unidad del ciclo del agua quince años antes de la promulgación de la Directiva Marco. Y recogió lo mejor de nuestra tradición hidráulica para poder gestionar adecuadamente esa realidad.

En efecto, las comunidades de usuarios están reguladas en la ley 29/1985 de aguas y en el texto refundido del Real Decreto Legislativo 1/2001.

Su constitución es obligatoria para los usuarios del agua y de otros bienes del dominio público hidráulico de una misma toma o concesión, situación que históricamente se dio en especial en los regadíos. De ahí que tengamos una larga tradición de comunidades de regantes.

No obstante, disponemos de numerosos ejemplos en los que los usuarios tienen finalidades distintas, ya sean agrícolas, industriales o urbanos. En ese caso tiene pleno sentido hablar de comunidades de usuarios.

Esas comunidades tienen una amplia autonomía para gestionar el agua objeto de su concesión. Pueden redactar sus estatutos u ordenanzas, cuya aprobación no puede denegar el Organismo de cuenca, ni introducir variantes en ellos, sin previo dictamen del Consejo de Estado.

Esas normas regulan la organización de las comunidades de usuarios, así como la explotación en régimen de autonomía interna de los bienes hidráulicos inherentes al aprovechamiento.

A su vez, las comunidades de usuarios de aguas superficiales o subterráneas, cuya utilización afecte a intereses que les sean comunes, podrán formar una comunidad general para la defensa de sus derechos y conservación y fomento de dichos intereses. De forma análoga, los usuarios individuales y las comunidades de usuarios, podrán formar por convenio una Junta Central de usuarios con la finalidad de proteger sus derechos e intereses frente a terceros y ordenar y vigilar el uso coordinado de sus propios aprovechamientos.

La constitución de comunidades podrá ser impuesta por el Organismo de cuenca cuando el interés general lo exija, pero también pueden constituirse con carácter voluntario.

Las comunidades de usuarios tienen el carácter de corporaciones de derecho público, adscritas al Organismo de cuenca. Es decir, aún con la superior tutela, tienen carácter de administración hidráulica.

Por ese motivo, los estatutos y ordenanzas de las comunidades de usuarios deben incluir la finalidad y el ámbito territorial de la utilización de los bienes del dominio público hidráulico, regular la participación y representación obligatoria, en relación con sus respectivos intereses, de los titulares actuales y sucesivos de bienes y servicios y de los participantes en el uso del agua, y obligar a que todos los titulares contribuyan a satisfacer en equitativa proporción los gastos comunes de explotación, conservación, reparación y mejora, así como los cánones y tarifas que correspondan. Los estatutos y ordenanzas de las comunidades, en cuanto acordados por su junta general, establecen las previsiones correspondientes a las infracciones y sanciones que puedan ser impuestas por el jurado de acuerdo con la costumbre y el procedimiento propios de los mismos, garantizando los derechos de audiencia y defensa de los afectados.

Las comunidades de usuarios podrán ejecutar por sí mismas y con cargo al usuario, los acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer. El coste de la ejecución subsidiaria será exigible por la vía administrativa de apremio. Quedarán exceptuadas del régimen anterior aquellas obligaciones que revistan un carácter personalísimo.

Las comunidades de usuarios serán beneficiarias de la expropiación forzosa y de la imposición de las servidumbres que exijan sus aprovechamientos y el cumplimiento de sus fines.

Las comunidades de usuarios vendrán obligadas a rea, ya sea explotacilizar las obras e instalaciones que la Administración les ordene, a fin de evitar el mal uso del agua o el deterioro del dominio público hidráulico, pudiendo el Organismo de cuenca competente suspender la utilización del agua hasta que aquéllas se realicen.

La titularidad de las obras que son parte integrante del aprovechamiento de la comunidad de usuarios quedará definida en el propio título que faculte para su construcción y utilización.

El Organismo de cuenca podrá obligar a la constitución de comunidades que tengan por objeto el aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas, cuando así lo aconseje la mejor utilización de los recursos de una misma zona.

Como puede apreciarse, está todo inventado, pero actuamos como si no. Las zonas de diálogo entre los regadíos y aprovechamientos urbanos son escasas, los caudales ecológicos se abren paso con gran dificultad, la concepción unitaria del ciclo del agua se ignora en los acuíferos sobreexplotados. Y la forma en que la autoridad hidráulica se ocupa de ello es asimétrica y dispersa entre las viejas confederaciones y las autoridades autonómicas que han decidido intervenir en la gestión del agua.

Para responder a los retos que se plantean –agua escasa, exigencia ambiental, responsabilidad y solidaridad en su uso-, el ciclo del agua debe gestionarse con unidad de criterio las confederaciones deben reinventarse y adecuar su trayectoria histórica a las nuevas circunstancias. Tienen tradición e instrumentos. Les falta una puesta al día en la que encajen todas las piezas.

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