Connecting Waterpeople

El consenso de Washington

278
0
(0)
  • consenso Washington

Sobre el blog

Bentley Systems
278

Temas

Parece que entramos en materia. La referencia al consenso de Washington en un artículo reciente de Gonzalo Delacámara da pie a un debate interesante sobre ideas y propuestas. Las recetas del Banco Mundial -apoyadas por los grandes centros de poder financiero del momento- para resolver los problemas surgidos en América Latina en los años 80 del siglo pasado, resultaron un fracaso. Repasemos las propuestas: privatización de empresas públicas, desregulación, privatización de servicios públicos, entre los cuales agua y saneamiento urbano.

No consta que los promotores ni sus numerosos epígonos que surgieron en el ancho mundo hicieran autocrítica. Pero algunas de las mentes más lúcidas criticaron los resultados y aprendieron de esos errores. Creo que es un punto de partida sólido para seguir adelante en el debate. A partir de aquí se puede ensayar un análisis en profundidad de las consecuencias de dicho consenso y de la onda expansiva que se creó en torno a él.

El consenso de Washington no sólo se aplicó en América Latina. Su espíritu se extendió a buena parte de los países en vías de desarrollo, y en España produjo efectos que profundizaron viejos vicios de relación entre determinados sectores y la administración. Véase cómo, bajo los últimos gobiernos Gonzalez y los primeros de Aznar-Rato, se privatizaron definitivamente algunos servicios públicos estratégicos como los energéticos, las telecomunicaciones o la banca pública, y cómo su regulación formal ha dejado pendientes numerosos problemas que desequilibran nuestra economía y acentúan la desconfianza en las instituciones. Tratar los antiguos servicios públicos como sectores privados sometidos a regulación no ha resuelto los problemas sino que los ha institucionalizado. El efecto resultante fue privatizar información y capacidad de decisión y reducir los márgenes de maniobra de los poderes públicos.

El análisis crítico del consenso de Washington en América Latina no debe olvidar sus efectos actuales entre nosotros. ¿Cómo no comprender las consecuencias de esas decisiones, rematadas por los errores de Zapatero, que repetidamente desoyó los consejos de Pedro Solbes sobre los márgenes de maniobra de que disponíamos? La crisis se llevó por delante la confianza en las instituciones pues no tenían margen para tomar decisiones en consonancia con lo que los ciudadanos necesitan. Gobierno desnudo, cáscara sin pulpa. Y aquí, también la autocrítica ha brillado por su ausencia.

Si obviamos la estela conceptual que se creó en torno al consenso de Washington podemos recuperar algunos conceptos que están en la base de los debates actuales:

  1. El servicio público es un compromiso de la administración con los ciudadanos. Significa que, sea como sea la gestión, la administración debe estar en condiciones de gobernarlos y responder de su gestión. Es decir, debe tener un capital de conocimiento público suficiente para establecer directrices, tener acceso a la información y así poder interpretarla. Ello no significa que la gestión deba ser necesariamente pública, sino que en todo caso el mercado debe subordinarse al principio de gobierno público y capaz. El mercado no debe presionar ni condicionar, sino simplemente, estar disponible para lo que se precise –que va a ser mucho- en la oferta de servicios de calidad que puedan ser útiles al interés público. Por eso las diferentes opciones políticas añaden su particular forma de entender el gobierno de cada servicio y sus preferencias sobre la oportunidad o conveniencia de cada forma de gestión.
  2. Considerar y ordenar los elementos en juego. El debate sobre la bondad de la gestión privada o pública ha ocultado elementos de la realidad. En efecto, la gestión privada ha avanzado posiciones en virtud de aspectos estratégicos como la oferta de financiación, y las ha consolidado mediante la apropiación de información sobre la gestión del servicio. ¿Cómo hubiera sido el escenario con ayuntamientos correctamente financiados? ¿Por qué esa privatización de hecho de la información que convierte a los municipios en gobernantes ciegos? No existe un escenario neutral que permita comprender las dinámicas reales sin incorporar esos dos elementos, que han resultado decisivos en la estrategia de penetración del sector. No olvidemos que algunas de las situaciones más polémicas derivan de momentos históricos en los que los municipios tuvieron las manos atadas por mecanismos diversos; nuestra democracia es joven y en tiempo histórico no es lo mismo alguna década que varios siglos. Es más, la progresiva judicialización observada, se extiende a los diversos ámbitos del procedimiento administrativo en los que la administración titular toma decisiones, lo que produce la paradoja cada vez más frecuente de que es más difícil gobernar el servicio que dejarlo abandonado a la dinámica del contratista.
  3. En mi opinión, el resultado de esas dinámicas ha sido, como ya ha quedado dicho, una pérdida considerable de capital público de conocimiento y una dificultad de relación entre la administración titular y el concesionario. Las dinámicas han comportado una progresiva pérdida de control sobre los concesionarios o los gestores de servicios públicos, tuvieran o no contrato. Ha habido mucha labor de despachos que ha hecho posible la presencia del gestor privado en servicios que en condiciones de transparencia no hubiera obtenido.

Esas cuestiones no han merecido ninguna atención por parte de los que han criticado el consenso de Washington. El debate sobre gestión pública y gestión privada es, ciertamente, un reflujo de las dinámicas antes expuestas. A mi modo de ver, la pretensión estratégica de los defensores de lo público es la recuperación de la primacía del interés público sobre el privado después de una deriva progresiva que empezó hace un cuarto de siglo. A esa recuperación deberían contribuir diversas iniciativas que me parecen urgentes, como son la intensificación de la formación técnica de los profesionales públicos, que algunas instituciones ya practican, la exigencia de compromiso con el interés público -previa al nombramiento de determinados cargos y tan importante como la declaración de haberes patrimoniales-, el reconocimiento de la bondad del principio de proximidad en la prestación de servicios públicos urbanos… por no hablar, cerrando el círculo, de la necesidad de defender la titularidad pública de la información asociada al servicio o, más difícil todavía, de resolver el problema crónico de la financiación municipal.

La historia tiene flujos y reflujos. Una vez reconocida y recuperada la primacía del interés público y la capacidad de gobernar los servicios, se alcanzará, sin duda, un nuevo equilibrio en el que el sector privado encontrará su lugar como gestor o cooperador de la gestión.

Las causas requieren análisis de fondo que sean compartidas por todos aquellos que crean que el Estado debe ser algo más que Hacienda Pública, Cuerpos de Seguridad y Protección del Mercado. Nuestra democracia es joven e imperfecta, no nos podemos comparar todavía con democracias más consolidadas, centenarias. Y si lo hacemos, veremos que uno de sus rasgos distintivos es, precisamente, que su sector público es potente, ya sea en capacidad de gestión de servicios ya en capacidad para su gobierno.

Comentarios

La redacción recomienda