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La CPP como solución. ¿Cuál era el problema?

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Sofrel
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La colaboración público-privada (CPP) no es ninguna novedad. Durante décadas las administraciones la han practicado al pedir un préstamo al banco, al contratar una obra, o al encomendar la gestión de un servicio público a un operador privado. Los acuerdos conseguidos dieron su fruto.

¿Qué se pretende cuando se ofrece esa fórmula como la nueva frontera para la gestión de les servicios públicos? Qué duda cabe que el trasfondo es financiero.

Vivimos en tiempos en que las deficiencias de la integración europea se trasladan de los eslabones poderosos a los débiles. Quien presta desea asegurarse de que va a recuperar su dinero y exige condiciones drásticas a los deudores: las primas de riesgo son hoy superiores a los tipos de interés nominales. Ya pasó el tiempo de siembra de europeísmo solidario –que eso fueron los fondos de cohesión-, también pasó el tiempo del crédito fácil y alegre que facilitó el ladrillazo. Se acabó la diversión: todos firmes. Y en especial los países del sur, y dentro de ellos, las administraciones inferiores que son las que gestionan los servicios básicos para el bienestar de las personas.

No faltan ejemplos en cada nivel para ilustrar los despropósitos. Los hubo y muchos. La solución, austeridad, racionalización, estabilidad presupuestaria. ¿Quién lo va a discutir? Y si un municipio no cumple, debe encomendarse a la CPP como forma de no aumentar su endeudamiento. Esa es la doctrina que, en interpretación de las reglas de estabilidad comunitarias, establece la Ley de racionalidad y estabilidad de la administración local (LRSAL), una fuerte limitación a la capacidad de los municipios para decidir sobre la forma de gestión de los servicios públicos de su responsabilidad.

La CPP supone que las inversiones asociadas a un determinado servicio público corren a cargo del contratista privado y no computan como deuda municipal. Pero, ¿es esa una solución realista?

Uno de los problemas clásicos de los contratos de servicios es su duración, que la legislación permite por períodos muy prolongados. Son frecuentes contratos de entre 20 y 50 años, y aún contratos más cortos que se acaban prolongando mediante cláusulas de prórroga por aceptación tácita de las partes. No hay ningún servicio en el que las características internas de su gestión justifiquen esa duración. En muchos casos, lo que explica la duración son los cánones financieros asociados a la concesión. Esos cánones requieren una devolución paulatina y son, a su vez justificación de la duración concesional. En otros casos en que no hay canon, no hay justificación explícita de la duración de los contratos o de su prorroga.

Esa situación ha tenido consecuencias: la creación de mercados opacos y cerrados –monopolios privados bajo cobertura pública- en los que la competencia no puede expresarse. Por cierto, que no es infrecuente que decisiones de largo alcance como estas se tomen, inexplicablemente, en momentos finales de un mandato. Sus consecuencias, en cambio, se prolongan durante muchos mandatos en los que los distintos gobiernos de la administración en cuestión apenas pueden hacer algo más que intentar administrar mejor o peor la herencia recibida. El concesionario tiene la información histórica, que no siempre comparte, y los finales del contrato suelen ser difíciles.

Siempre he pensado que, siendo distintos, el interés público y el privado no tienen por qué ser incompatibles. Pero esa es una teoría que debe encontrar su praxis adecuada y eso, en materia de contratos largos, en España no lo hemos desarrollado.

De acuerdo con las normas comunitarias, la CPP exige una transferencia de riesgo operacional real y evaluable, en alguna de sus modalidades ya sea riesgo de oferta o riesgo de demanda. Ahora bien, la práctica concesional que conocemos, a pesar de referirse genéricamente al riesgo y ventura, siempre alude al equilibrio económico. Y la asociación de cánones concesionales a los contratos más bien tiende a garantizar que no habrá riesgo. Hillary Clinton al referirse a China era partidaria de la conllevancia: “nadie puede indisponerse con su banquero”.

En esas condiciones, ¿cómo asegurar que la opción elegida en el marco de la CPP es la mejor y más competitiva, y que lo va a ser a lo largo de las décadas que vienen por delante? ¿Cómo ejercer un control independiente sobre aquel al que debemos dinero, que nos pide estabilidad y no desea que se le transfieran riesgos?

No vamos a hablar de corrupción que, cuando la hay, se suele manifestar en la interfase público privada. No hace falta. La CPP es un mecanismo que se autolimita como solución cuando pretende ser fiel a su razón de ser: combinar la aportación de capacidad gestora con la aportación financiera.

La solución tiene truco: primero se creó el problema y ahora los mismos que lo indujeron proponen una solución sesgada. La vida enseña que las soluciones, deben estudiarse después de diagnosticar cada problema. Tan cierto es que en el balance global veríamos que en muchos casos la CPP formó parte del problema, como que, bien encajada en cada caso, la iniciativa privada tiene mucho que aportar a la gestión eficiente de los servicios públicos.

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