No va a llover más de lo que llueve, ni tampoco va a llover mejor. El sudeste sediento, paradójicamente, se ve sometido a periódicos episodios de lluvias violentas que requieren un tratamiento defensivo en mejores sistemas de alcantarillado o de desviación de determinadas ramblas.
En términos de aprovechamiento del agua, está por escribir el detalle de la productividad del agua agrícola, es decir, el valor añadido por metro cúbico de agua concedida y utilizada en el que, sin alejarnos del mediterráneo, encontraríamos una gran diversidad de ejemplos de todo tipo que darían pie a reflexiones profundas y útiles más allá de las apelaciones emotivas a la protección genérica de la agricultura.
Probablemente, se vería que hay cultivos y prácticas agrícolas que se sostienen con comodidad, otros que requieren rediseños o cambios estratégicos y otros que requieren protección o determinadas garantías.
Los más viejos recordamos las unidades administrativas de Extensión Agraria que dependiendo del Ministerio -y después transferidas a las comunidades autónomas- se aplicaban a la difusión de conocimientos y prácticas agrarias en el ámbito agrícola y ganadero. La Wikipedia nos recuerda que el campo de extensión agraria alcanza un rango amplio compuesto por comunicaciones y actividades de aprendizaje organizadas para población "rural por parte de profesionales de diferentes disciplinas, incluyendo agricultura, salud y estudios de negocio y marketing".
No obstante, lo que yo tengo observado, al menos en Cataluña, es que desde 1986 en que España entró en la Comunidad Económica Europea, esos departamentos se dedicaron preferentemente a la tramitación de subvenciones en el marco de la Política Agraria Comunitaria. No recuerdo ninguna protesta de las organizaciones agrarias por abandono de esas funciones formativas. La formación sobre el terreno quedó prácticamente en manos de las empresas comercializadoras de agroquímicos.
El uso del agua se daba por supuesto. Durante décadas, donde la había, ni la administración hidráulica ni el sector consideraron necesario mejorar la productividad de ese factor, como tampoco se consideró la necesidad de intervenir en los programas de desembalse de las grandes hidroeléctricas.
Parece que ha llegado el momento. Se ha extendido la conciencia de que estamos en un límite no circunstancial que requiere planteamientos estratégicos de fondo. Tenemos poca agua en relación con las necesidades y hay que activar la palanca para mejorar la administración del recurso público y optimizar su productividad, entendida como productividad sectorial e intersectorial.
Pero hay otros factores a considerar:
- Nuestros bosques han crecido notablemente debido al abandono de terrenos agrícolas marginales, en especial en cabeceras de ríos en zonas con importantes pendientes. Los árboles son grandes consumidores de agua y responsables de buena parte de la reducción de caudales en cabecera. De modo que la gestión forestal debe atender tanto al consumo de agua como a los riesgos de incendio.
- En el uso hidroeléctrico es imprescindible el replanteamiento de las consignas de desembalse y su control efectivo. De eso se sabe muy poco, la información entre operadores privados y administración hidráulica es manifiestamente mejorable.
En el ámbito agrario es necesario definir con claridad dónde está el interés público y como administrarlo de forma compatible con el interés privado. Es lamentable el espectáculo de las captaciones ilegales en torno a Doñana y el tratamiento que se le da desde el gobierno andaluz, pero no debe olvidarse la tolerancia observada durante años por los que ahora se rasgan las vestiduras.
Es lamentable que muchos antitransvasistas Tajo-Segura ahora no tengan objeciones a un trasvase Tajo-Guadiana. De eso tenemos ejemplos consolidados en Cataluña, donde los políticos y ecologistas que en Barcelona usan el agua transvasada de río Ter, se vuelven antitransvasistas cuando viajan al Ebro.
No se puede construir un consenso con argumentos circunstanciales, ya sea sobre los transvases, ya sea sobre las varas de medir que se aplican a los distintos usos del agua. Y no hay que olvidar que los sectores subvencionados, lo pueden ser gracias a que otros sectores traducen a impuestos su mayor valor añadido.
Está claro que el consumo de agua de la agricultura es elevado, pero eso no justifica que se deba proteger la ineficiencia o que sean posible los cultivos con mayor valor añadido, aunque requieran más agua de la que disponemos.
Quizá ya no es momento de resucitar las viejas unidades de expansión agraria, pero alguna incidencia debe tener la administración sobre las decisiones de nuestros agricultores. Cuando las cosas van mal, ellos piden responsabilidades y quizá tengan razón. Si es así, deben acotarse los campos en los que ejercer esa responsabilidad y dar cuenta de ella.
No hay que olvidar que las comunidades de regantes tienen facultades delegadas de la administración y que en muchos casos las ejercen más allá de su razón de ser original, puesto que actúan como suministradores de agua en alta en muchas zonas de su ámbito territorial.
Vienen tiempos nuevos que requieren nuevos planteamientos.
