Extraños en un tren

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  • Extraños tren

La novela de Patricia Highsmith fue popularizada por Alfred Hitchcock quien la llevó al cine en 1951. La intriga está basada en la idea de un crimen sin móviles, un crimen perfecto: dos desconocidos acuerdan asesinar cada uno al enemigo del otro, forjando así una coartada indestructible pues no hay móvil aparente entre cada víctima y su asesino.

La trama prefigura la obsesión de Highsmith por conocer cuán cercana es en todos nosotros la tentación de escapar a la responsabilidad, y constituye lo que en su momento fue calificado como un thriller de vértigo moral, que Hitchcock tradujo magistralmente en imágenes.

La ficción del arte conmueve porque de una u otra forma comprendemos que alude a aspectos íntimos e inquietantes de la naturaleza humana.

Y es que la vida ofrece patrones menos novelescos o, si se quiere, más grises de pautas de comportamiento similares: pactos en los que el interés de las partes no se encuentra en la sustancia misma de lo que se acuerda sino en beneficios indirectos que se van a obtener como consecuencia del acuerdo. En el mundo de los negocios se llama intereses cruzados.

Algunas contrapartidas se manifiestan en tableros simultáneos entre dos o más actores en los que se busca encajar intereses diversos en el marco de la optimización del beneficio mutuo. La complejidad del mundo económico e institucional ofrece numerosas oportunidades y las grandes corporaciones actúan simultáneamente en numerosos tableros. La lógica de algunas decisiones no puede comprenderse desde un caso singular, sino desde una visión de conjunto.

Está claro que la negociación y el pacto son la esencia del trato civilizado entre intereses diversos, esa no es la cuestión. El problema aparece en situaciones en las que los pactos cruzados dificultan la transparencia –y por tanto la inteligibilidad- de operaciones en las que interviene el interés público –o una variante sumamente delicada, la credibilidad de alguna institución-, y no digamos cuando mueven a acciones en las que en algunas decisiones se pueden mezclar el interés público y el privado.

El caso Odebrecht recientemente ilustrado en El País muestra la diversidad de métodos usados en casos de corrupción: ¿cómo relacionar con eso que un poder ejecutivo apruebe un determinado plan de inversiones, o que un funcionario público avale un pliego de condiciones como si lo hubiera redactado él, o que una señora, cuya relación formal con los interesados no está clara, tenga la vida resuelta? ¿Cómo comprender o relacionar que determinados pagos se hagan mediante complejas tramas de intermediación?

Pero no es necesario hablar de corrupción ni tan solo de connivencia[1]. Hay marcos mentales que favorecen actuaciones formalmente legales cuyo sesgo final resulta contrario al interés público. Así, la proclividad de algún servidor público a dar por sentado que la gestión privada es preferible a la pública o a aceptar de forma acrítica informes u otros documentos de parte como base para la instrucción de expedientes o para la toma de decisiones.

En diciembre de 2011 el Consejo General del Poder Judicial firmó un convenio con una empresa del sector para ampliar el conocimiento de los jueces en materia medioambiental y para crear un foro estable sobre Derecho de Aguas. Lo que en su momento se presentó como “la primera iniciativa de este tipo en Europa y busca avanzar en la unificación de criterios sobre una realidad normativa diversa que va desde el ámbito local hasta el comunitario, para un mejor servicio a la sociedad en el ejercicio del derecho al agua”, acabó en 2015 tras las numerosa críticas recibidas de sectores conscientes de la imagen que ofrecía la institución, que acordaba recibir formación de quien con notable frecuencia defiende sus intereses en los tribunales frente a la administración pública u otras circunstancias. El marco mental favoreció, sin duda, tamaño desliz. No fue, precisamente, un caso de fumus boni moris.

Casos análogos en los que se ha ofrecido imagen de corporativismo o de pérdida de imparcialidad han sido descritos por destacadas plumas como Jorge Trias Sagnier y Ernesto Ekaizer[2]. Como dirían los romanos, no basta con serlo: hay que parecerlo.

Las contrapartidas de algunas de esas situaciones se manifiestan en el tiempo. Véase la cantidad de cargos públicos que, a su salida de la administración, resultan empleados por empresas. O viceversa, las personas que acceden a cargos públicos desde responsabilidades privadas, quizá buenos gestores, pero desconocedores de los fundamentos del interés público. Es la dinámica que se ha venido en denominar “puertas giratorias”, pues se suele dar con empresas relacionadas con la administración, ya sean dependientes de un sistema regulatorio, ya de un poder adjudicador. En función de su perfil y capacidades encuentran acomodo de carácter meramente salarial o en funciones más ejecutivas y de representación, pues la agenda y el acceso a determinados despachos contribuyen a que la rueda siga girando. Y la esperanza de ser posteriormente bien acogido puede que para algunos no sea indiferente a las decisiones que se toman durante el ejercicio del cargo.

El juego de la elusión de responsabilidades tienen muchas formas: entre las más llamativas están la creación de comisiones de investigación –lo que indica que anteriormente aquellos hechos estaban abandonados a su propia dinámica- y la creación de nuevas normas y organismos, como ahora se pretende con el regulador del agua. Si algo falló, que así fue, hay que analizarlo a fondo, obtener conclusiones sólidas y exigir responsabilidades a quien corresponda. En la mayoría de casos encontraremos que el marco normativo es suficiente para la depuración de los hechos: y donde no lleguen las normas, el buen sentido permite ver por dónde va el fumus boni iuris: precisamente es aquel que se invoca cuando se quiere desarrollar una nueva norma.

A mi modo de ver, se trata de crear cultura social y jurisprudencia que rechace los acuerdos entre extraños, no en crear nuevos trenes con riesgos análogos. La luz y taquígrafos suelen ser preventivos eficaces. No vaya a ser que la creación un nuevo marco equivalga a que los extraños habituales simplemente cambien de tren, quizá con la esperanza de sentarse junto al maquinista.



[1] Disimulo o tolerancia en el superior acerca de las transgresiones que cometen sus subordinados contra las reglas o las leyes bajo las cuales viven.

[2] Jueces y corruptos. J Trías, El País, 26 de febrero de 2015. El caso Bárcenas. E Ekaizer. 2013.

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