El faro eléctrico

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Sobre el blog

Es de gran interés asistir al pulso entre el sector eléctrico y el ministro de Energía Álvaro Nadal. La batalla se libra en varios frentes de los que no es menor el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a través de su consejo consultivo. La cuestión central parece ser el real decreto por el que el ministro pretende reforzar su poder a la hora de autorizar o denegar el cierre de cualquier tipo de central eléctrica. Y el tema de fondo es el cierre o no de las nucleares obsoletas.

El planteamiento formal se centra en el rango de la norma, si basta con un decreto o debe ser una Ley. No obstante, las argumentaciones de fondo son muy significativas. Según Endesa, se “plantea una intervención sobre el patrimonio de los titulares de las centrales que no tiene cobertura jurídica, ni va acompañada de la debida compensación a los afectados”. También Iberdrola alude a la vulneración de la libertad de empresa, mientras que EDP España afirma que la decisión de cerrar una central “debe ser de su propietaria, en función de sus expectativas económicas (…), sin que quepa imponerle la obligación de mantenerla operativa en situación de pérdida de forma continuada”.[1]

La cuestión es que la energía eléctrica era un servicio público que en su día fue descatalogado quedando en su configuración actual, es decir en régimen de mercado pero sometido a regulación. Y la regulación no sólo afecta al régimen tarifario o a los derechos de los ciudadanos en relación a un servicio básico –por cierto sometido a cicaterías diversas que alejan a muchos pobres energéticos del ejercicio universal de ese derecho básico-; la regulación energética es de alcance pues su planificación exige mirada larga y costosas inversiones, eso sí, con las garantías tarifarias que las ponen a salvo de errores o cambios de criterio. También parece exagerada la afirmación de EDP según la cual la producción de electricidad “se desarrolla en régimen de libre competencia”. La mayoría de ciudadanos no tenemos oportunidad de comprobarlo.

Es decir, las expectativas económicas del sector no dependen del libre mercado sino de una regulación intensa que protege y da garantías incluso más allá de lo razonable, tal como ha sido mostrado por numerosos autores en relación a la subasta eléctrica y a la falta de competitividad inducida en nuestra economía por las tarifas y el aislamiento eléctrico.

Claro que el sector eléctrico español gozó siempre de proximidad al poder y por tanto no sufrió por su condición de servicio público pues en la realidad el mercado funcionó como un oligopolio con zonas de influencia bien repartidas. Es decir, con conciencia de monopolio en cada una de sus zonas.

La apelación a la libertad de empresa supone un insólito paso adelante en el que el poder del Estado no podría hacer otra cosa que sancionar (aún más) los intereses del sector. Cuando se está acostumbrado a mandar, resulta insoportable la osadía de otros. Aunque ese otro sea la autoridad democrática. No quiero imaginar la reacción –no sólo del sector, sino de cierta prensa- si el gobierno hubiera tenido otro color.

La conflictividad frente a cualquier decisión de la administración que no atienda a sus intereses hizo que el ministro Nadal llegara a afirmar a principio de febrero que “no puede ser que las eléctricas lo judicialicen todo: eso no ocurre en ningún otro sector”. Se equivoca el ministro: en el sector del agua las eléctricas tienen alumnos aventajados que no les van a la zaga. Sin tanto pedigrí como ellas, que ya se foguearon iluminando a los golpistas durante nuestra guerra civil, sin tanta tradición de influir en el BOE, ya han comprendido a qué puertas hay que llamar y cómo debe castigarse cualquier asomo de independencia de la administración pública en relación a sus intereses.

Esas empresas tienen alguna ventaja: se enfrentan a las administraciones municipales, de menor entidad que la del Estado, y la trascendencia de esos enfrentamientos no suele pasar de los informativos locales. Pero entorpecen la gestión local y en esos enfrentamientos inducen gastos innecesarios de recursos públicos que debieran ser empleados en fines sociales. En muchos municipios esa conflictividad absorbe más recursos que aquellos que se destinan a las tarifas sociales.

Las eléctricas siguen marcando el camino. Competitividad por demostrar, conflictividad y reticencia al concepto de derecho al agua y a la energía. El sector de agua quiere liberarse de los liliputienses y aspira a entrar en la liga de los gigantes. Para ello reclama el regulador único del que ya dispone el sector eléctrico y una interlocución privilegiada -que poco a poco va obteniendo- con el poder del Estado.

La independencia del regulador es otra de las cuestiones en conflicto entre el sector, el gobierno, la CNMC y Bruselas. Alcanzarla no sólo supone una decisión política sino arbitrar mecanismos de credibilidad capaces de garantizar su cualificación e independencia y superar cualquier sombra de duda. No es fácil.

La intensa tradición y capacidad del sector eléctrico en relación a las esferas del poder abarca también la planificación hidráulica. Las centrales hidroeléctricas o las nucleares no son consumidores netos de agua pero condicionan intensamente el régimen de los desembalses -y las nucleares, la temperatura del agua-. Junto con las comunidades de regantes, condicionan la planificación hidráulica y su régimen económico.

El sector del agua ya ha iniciado su penetración en la agricultura, pero para jugar en la liga de los gigantes deberá acomodar acuerdos con las eléctricas. Después de obtener el regulador único ya reclamará, como sus referentes eléctricos, la libertad de empresa. El faro eléctrico les ilumina mientras se oscurece el carácter público del servicio.

[1] Cinco Días, 23 de enero de 2018

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