Las técnicas comunicativas avanzan a pasos agigantados. Qué decir, a quién, cuándo y cómo decirlo, por qué canales, con qué recursos. Y sobre todo, con qué mensaje de fondo. El poder blando se basa en la capacidad de convicción de las técnicas publicitarias, más efectivas para obtener adhesiones, que la obediencia basada en el temor. Ese se deja para someter a los más resilientes, que en general serán minoría.
En el mundo del agua se manejan términos muy gruesos cuya fuerza se basa en los recursos empleados para elaborar las campañas de imagen y para su difusión. Por una parte el sector difunde reiteradamente el mantra de que el agua es pública y que las alertas sobre su privatización son injustificadas. En paralelo, se ocultan las iniciativas lobbísticas para mejorar la posición del sector y se construye un imaginario publicitario en el que todo lo que funciona bien es debido a la capacidad y la responsabilidad de quien emite el mensaje... debidamente comprobada su eficacia para la cuenta de resultados.
De esta manera asistimos a un curioso proceso que trata de privatizar incluso la responsabilidad pública.
Veamos algunos ejemplos:
- Las tarifas sociales. La crisis trajo la evidencia de que la pobreza se había instalado entre nosotros. La cuestión partió de los movimientos sociales y fue canalizada por los municipios, la administración más sensible y próxima al ciudadano, que arbitraron fórmulas solidarias en forma de tarifas sociales, algunas de ellas con acuerdos entre la administración local y el gestor. Hacia el final de la crisis, en 2015, se aprobaron normas de rango autonómico dirigidas al sector energético que, ese sí, no tenía ninguna regulación formal al respecto. La propaganda dice, hoy, que fueron las empresas del sector del agua las que se adelantaron a las normas. De los municipios, ni noticia.
- El uso de los datos. Los datos de un servicio público pertenecen a su titular; en el caso del abastecimiento de agua, al ente local que lo tiene encomendado. El gestor del servicio debe acceder a ellos y gestionarlos con las limitaciones establecidas en la ley. Por si hubiera dudas, existen dictámenes muy claros en ese sentido. Pues bien, en ese mundo que el sector privado diseña a su medida, se dificulta y hasta se niega el acceso de los datos a los titulares públicos lo que, además de ser un contrasentido impide el buen gobierno del servicio. Más recientemente, el sector promueve fórmulas normativas que le puedan permitir explotar esos datos en otras líneas de negocio.
- La participación pública. Se han puesto en circulación fórmulas experimentales de privatización de la participación pública. En paralelo, se combate jurídicamente el ejercicio de la participación pública impulsada desde la sociedad civil o las instituciones, como está sucediendo con la consulta pública que se está promoviendo en Barcelona en relación a la gestión futura del agua.
- La consideración a la autoridad local. Las autoridades locales que han deseado una relación abierta con el sector han encontrado un interlocutor opaco y hasta a veces desconsiderado. El resultado ha sido el desengaño de algunos alcaldes que han sufrido la desconsideración en sus propias carnes.
La inversión en creación de imagen y propaganda se complementa con el gasto en servicios jurídicos y de consultoría que alimentan la conflictividad con aquellos municipios que desearían una relación cooperativa y transparente con sus concesionarios. En su conjunto, y para los intereses privados, esas actuaciones suponen una inversión de futuro cuyo importe es muy superior al que se pregona para las tarifas sociales.
En ese escenario, el mensaje que emite el sector es claro: no interesa la participación público privada. Lo que se espera del sector público es protección del mercado y aquiescencia en relación al diseño de futuro del servicio en la forma más conveniente para el sector.
Javier Cercas, en una narración magnífica, mostró lo lejos que puede llegar alguien que deforma los hechos para crear una imagen de sí mismo [1]. Nada más eficaz para ello que una construcción arreglada que contenga dosis elevadas de realidad.
Álex Grijelmo profundizó en ello explicando las distintas técnicas para crear apariencias de verdad [2].
Hay personas que, después de labrarse un nombre defendiendo la gestión pública, cayeron del caballo y defienden la privatización con la fe del converso. Mensajes en blanco y negro, pues el converso rehúye la complejidad que no comprende y que pudiera ponerlo en cuestión frente a los suyos.
Pero no es preciso continuar por aquí. Lo que importa es intentar revertir la situación y plantear la cuestión en positivo: ¿es posible una gestión colaborativa entre el sector privado y el sector público? Mi respuesta es que es deseable sobre la base de una actitud distinta que reconozca y respete la primacía de lo público. Hay que admitir que el pasado ya no va a regresar. Estamos en un país democrático en el que lo que se acuerda en los despachos debe ser ajustado y transparente y en el que el interés público debe prevalecer sobre el privado. Ese es un terreno ignoto que quizá algún día el sector se atreverá a explorar.
