El futuro del gobierno del agua tiene por delante muchos retos. Uno de ellos es el del lenguaje. Otro, el de la interpretación histórica de la cuestión, de las circunstancias del momento y así poder enfocar con el debido conocimiento y el mejor consenso posible los retos del futuro.
Respecto al lenguaje, habrá que determinar si se trata de gobierno (RAE: mandar con autoridad o regir algo; dirigir un país o una colectividad política) o gobernanza (ver entrada anterior del Blog), y en todo caso, establecer claramente las diferencias subyacentes en la denominación.
Respecto a la historia, habrá que analizar sus diferentes etapas, el contexto político, económico y administrativo en el que se sucedieron, y el papel de los diferentes actores.
El siglo XIX contempló la despatrimonialización del agua, que evolucionó hacia la política de concesiones para diferentes aprovechamientos principalmente agrarios y también urbanos, al socaire del desarrollo industrial y de las ciudades. Salvo en Madrid, donde Bravo Murillo percibió la importancia del agua como servicio público y creó el Canal, el abastecimiento urbano se desarrolló como un negocio más para quien pudiera pagarlo.
No es difícil pensar que el continuador de Bravo Murillo fue Calvo Sotelo, pues fue él quien reconoció que las nuevas ciudades tenían problemas higiénicos que debían resolverse mediante servicios públicos, lo que le impulsó a promover el Estatuto Municipal de 1924. La limpieza urbana, mercados y mataderos, cementerios, y de forma muy especial, el abastecimiento de agua y el saneamiento. Los higienistas ya llevaban 50 años advirtiendo de ese problema y los avances en microbiología lo ratificaron definitivamente. Muchos municipios optaron por municipalizar el agua, lo que no necesariamente significó la creación de empresas públicas. Se trataba de asumir la responsabilidad frente a los ciudadanos de que este servicio público se prestaría en las mejores condiciones posibles y con garantía de acceso. La forma era, o bien la gestión directa, o el sometimiento del gestor privado a los criterios del poder público responsable.
El futuro del gobierno del agua tiene por delante muchos retos
Ese nuevo marco bien pronto mostró las limitaciones de la situación heredada. A título de ejemplo, Barcelona fue espejo de la contradicción entre el interés privado y el público, pues su alcalde Darío Romeu era a la vez, el Baron de Viver -un noble arraigado en la ciudad que gozaba de la confianza del Dictador Primo de Rivera- y un accionista destacado del banco Hispano Colonial, que a su vez formaba parte del pool de bancos propietarios de la Sociedad General de Aguas de Barcelona. El alcalde lo tuvo claro desde el primer momento: Barcelona no necesitaba municipalizar el servicio.
La guerra civil y la Dictadura aportaron poco a la transparencia y el control de la gestión pública. Más bien dejaron unos municipios atenazados por la especulación urbanística y descapitalizados. Está por escribir la experiencia tragicómica de muchos alcaldes que a partir de 1979 sudaron tinta para poder pagar las primeras nóminas, y cómo consiguieron, todos sin distinción de color, el milagro de la rehabilitación y dignificación urbana que consagró la nueva democracia.
El agua era un problema más, pero en general de segundo orden frente al hacinamiento, los poblados de barracas, el barro y la oscuridad de tanto suburbio. Pocos municipios le dieron la importancia que ahora. Los operadores privados del sector ofrecieron financiación y tranquilidad a cambio de poco control. No te preocupes, alcalde, yo te resuelvo el problema. Agradecimiento infinito.
Pero, como nos cuenta Augusto Monterroso, cuando despertó, el dinosaurio estaba allí. Acostumbrados a ir por su cuenta, a ser admitidos en el círculo íntimo de tanto alcalde, acostumbrados a ser cumplimentosos pero no a rendir cuentas claras, la pregunta se repitió: ¿por qué me pides esa información si no me la habías pedido nunca?
Nuestros municipios hoy desean información que les permita gobernar el servicio y rendir cuentas a los ciudadanos que les eligieron. La dificultad en obtenerla es una medida de la resistencia del sector a ser gobernado por las instituciones públicas. Curiosamente y en sentido contrario, el sector apela constantemente a la ley de transparencia para obtener información detallada de cualquier movimiento de las administraciones públicas que pudiera afectar a su posición.
Nuestros municipios hoy desean información que les permita gobernar el servicio y rendir cuentas a los ciudadanos que les eligieron
Muchos alcaldes creyeron en las indudables capacidades de su gestor privado del agua; pero cuando quisieron gobernarlo tuvieron un duro despertar. Algunos renunciaron a una batalla desigual para afrontar retos más a su medida. Otros se enfrentaron a la cuestión y pasaron por un duro proceso de recuperación de su capacidad de decisión a la que sentían que no podían renunciar.
Parece necesaria una reflexión sobre las circunstancias en las que el sector privado del agua floreció, en la que se reconozcan las indudables aportaciones tecnológicas y financieras, y se analicen las zonas oscuras que también existieron a fin de proyectar el futuro debidamente.
Por otra parte, el tamaño de los grandes operadores del sector les hace sentir incómodos en un mercado fragmentado por tantos municipios, se sienten como Gulliver en el país de los enanos y reclaman un marco regulatorio de mayor tamaño. Al igual que 95 años atrás, aparecen contradicciones entre el interés privado y el público.
El diablo se esconde en los detalles y se requiere hábito, juego limpio y delimitación de responsabilidades. Si la responsabilidad final de las decisiones pertenece al titular del servicio, está muy bien escuchar a todo el mundo, está muy bien dar respuestas motivadas y transparentes, pero la decisión final sólo puede pertenecer a quien deba responder de ella. La tradicional actividad de lobby del sector privado, o los más recientes ensayos de participación ciudadana, no pueden condicionar sino tan sólo ilustrar a un gobierno responsable y democrático que es quien debe tomar sus decisiones y responder de ellas.
Y, last but not least, una nueva clarificación lingüística, referida a la colaboración público privada, o su denominación más reciente impulsada por el sector privado: las alianzas público privadas. Cuando el sector privado propone alianzas (RAE: pacto, convenio o tratado en que se recogen los términos en que se alían dos o más partes) con el sector público hay que comprender el significado del concepto. En efecto, las alianzas se tienen entre iguales y ello significa que se trata de un escenario en el que prima la capacidad de negociación sobre el reconocimiento de la autoridad. Ello da que pensar, pues esa actitud abre puertas al desafío y es radicalmente distinta de la que, respetuosamente, se tuvo en épocas en las que no se dio la legitimidad democrática.
Los operadores urbanos deberían ser rigurosos con la historia, autocríticos en la media en que no se puede extrapolar el pasado a situaciones de normalidad democrática con amplio arraigo en Muchas zonas europeas y que, en España, por nuestra historia singular, apenas están madurando. Las alianzas público-públicas de y con la administración local competente deben tender a dar tamaño y capacidad operativa a los servicios de agua y definir en un marco de colaboración el nuevo papel en el que encajen las aspiraciones, los intereses de actores privados y públicos, pues es bien cierto que, siendo los intereses distintos, cabe perfectamente encontrar marcos en los que encajen de forma constructiva.
