Iniciativa financiera para la valoración del agua

He leído la noticia con interés y preocupación.

Interés, porque ofrece al mundo inversor una visión moderna y contextualizada de las preocupaciones sociales en relación al agua: la cantidad, la calidad, la protección de los ecosistemas, el acceso al agua y al saneamiento como objetivo de desarrollo y bienestar. Incluso se refiere a cuestiones ético-políticas como la supervisión por los consejos de administración de los esfuerzos de gestión del agua y a la participación en las políticas públicas.

Preocupación, porque esas iniciativas parten sin duda del conocimiento que el sector tiene de la gran distancia entre el valor del agua, su coste y su precio, y de las restricciones de disponibilidad que gravitan sobre extensas áreas de la actividad humana, ya sea relativas al uso del agua como bien vital esencial, ya como recurso económico. Las demandas crecientes de agua para la vida urbana, la agricultura o la energía se suman a la crisis de disponibilidad en muchas zonas, que la evolución del clima no hace otra cosa que agravar.

Así pues, sin duda hay margen para el negocio. La cuestión, como siempre es quien establece las políticas, con qué criterios se fijan las prioridades y la forma de financiarlas, y quién o quiénes deben ser los destinatarios principales de esas políticas.

Sinceramente, no me sé imaginar que un consejo de administración se ocupe de esas cuestiones pues su razón de ser es otra. Si acaso se ocupará de ver la forma en que los esfuerzos de gestión del agua redundan en una mejor o mayor rentabilidad de su empresa; lo cual dependerá, a su vez, de si la autoridad reguladora es fuerte e independiente.

El sector del agua siempre ha participado intensamente en las políticas públicas. Basta recordar el origen de las confederaciones hidrográficas, al socaire de las políticas de regadío e hidroeléctricas, tan fuertemente influidas por los respectivos sectores. Las comunidades de regantes que incluso tienen algunas facultades propias de una administración, y las eléctricas, que siempre estuvieron próximas al poder político.

Basta recordar también la forma en que el incipiente sector privado del abastecimiento influyó en el diseño de esas políticas.[1] Y lo sigue haciendo, sus canales comunicativos con el poder político son muy variados.

Estoy convencido de que la participación en las acciones regulatorias es algo deseable y saludable: ningún poder político puede permitirse el lujo de prescindir de ellas. Ahora bien, en mis comunicaciones públicas con empresarios o representantes de movimientos sociales, siempre explico, mi concepto de participación: es el derecho de ser escuchado y recibir una respuesta motivada de la decisión final que toma el poder en función de sus criterios, prioridades y posibilidades. La participación no es el derecho de participante a que el gobernante acepte sus propuestas, no hay que confundirse. Para eso existe otro camino: hay que presentarse a las elecciones y ganarlas.

Otra cuestión relacionada es la expresión de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Su enfoque es diverso y puede incluir aquellas empresas que la adoptan como una mera cuestión de imagen o aquellas que realmente creen que su futuro y el del mundo pasa por un enfoque social de su presencia en el mercado, lo que antaño se denominaba capitalismo a la renana, especialmente sensible con las relaciones laborales y que hoy debería reformularse incluyendo otros factores como el ambiental o un enfoque específico respecto a la regulación de las relaciones comerciales y financieras del mundo global.

Normalmente, la apelación de las empresas a la participación suele tener otras motivaciones: la reclamación de financiación de inversiones o, directamente la transferencia de fondos públicos para ser administrados por las empresas en determinadas condiciones.

Y es que está por definir un marco razonable y transparente en el que públicos y privados puedan colaborar para mejorar la gestión del agua.