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Interfaces críticas

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Minsait
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Tiene razón Bernardo Mingo cuando dice "la información y la transparencia van a cambiar las reglas del juego, va a afectar a los modelos de negocio".

"Hace 4 o 5 años nos dimos cuenta de que estábamos en una situación precaria en cuanto a la gestión de la información. Y nos propusimos arreglarlo."[1]

No estoy seguro de que Mingo piense en las mismas cosas que yo, pero creo que tiene razón. Es muy posible que yo estuviera de acuerdo con lo que él propone.

En todo caso, la gestión de la información es crítica y de ella depende la relación entre los actores de un servicio tan esencial como el del agua. Hay quien posee la información y quien determina las reglas del juego con las que se puede acceder a ella.

No voy a hablar de la importancia de la cuestión en el nivel organizativo interno de la empresa, pues hay muchos modelos que se estudian en las escuelas de negocios y muchas experiencias sobre las que se debate. En el servicio público del abastecimiento de agua aparecen dos interfaces críticas que determinan la posición de los actores en relación con la información: la del gestor con el titular del servicio y con el abonado al mismo.

A pocos días de unas elecciones municipales, es oportuno acercar la lupa a los modelos relacionales observados entre municipios y gestores, y lo que me queda son cuatro modelos relacionales:

  1. Impotencia. Se da en casos en los que hay gran desproporción entre la capacidad y los recursos de los actores: por ejemplo, pequeños municipios que no tienen la capacidad económica para enfrentar litigios prolongados. En ocasiones, la simple evaluación del riesgo de verse sometidos a pleitos, ya condiciona su actitud. Esas situaciones deberían inducir a su consideración y prestación de soporte por parte de organizaciones locales más potentes como las diputaciones, comarcas o cabildos, el impulso a la formación de consorcios o el soporte de las federaciones municipalistas.
  2. Desinterés. Es el caso de aquellos municipios que privatizan la gestión del servicio “para sacarnos este problema de encima”. Lo he escuchado de boca de algún alcalde mal informado, que cree que su responsabilidad se transfiere al gestor por arte de magia por el simple hecho de contratarlo. Un caso especialmente grave sucedió en Barcelona en plena postguerra civil cuando, disponiendo de poca agua por las pertinaces sequías y de mala calidad por la contaminación del Llobregat, y aún sin contrato de gestión, el municipio se olvidó durante años de trabajar para resolverlo. Fue la Sociedad General de Aguas de Barcelona la que diseñó la planta de tratamiento de Sant Joan Despí y obtuvo a su favor la concesión de agua del Llobregat para el abastecimiento de la ciudad. El consistorio de la época subrayaba así su actitud pasiva: "el Ayuntamiento se preocupa intensamente de activar y conseguir la solución de tal vital problema, a pesar de no hallarse dentro de la órbita de su competencia, pues como es sabido, corresponde a concesiones y aprovechamientos de aguas."[2]
  3. Pasividad reactiva. Ésa es una forma de denominar aquellas situaciones en las que el municipio no tiene iniciativa propia, pero toma decisiones a instancia de parte. En esos casos, quien tiene la información y la planificación estratégica es el gestor, que se sirve del municipio para aquellas actuaciones que requieren de un soporte oficial, ya sea, por ejemplo, tramitar un aumento de tarifas o una expropiación para ejecutar una obra.
  4. Gobierno del servicio. Es lo que debería ser siempre. En los últimos años la toma de conciencia de la importancia del agua como recurso y como derecho, la constatación de la tendencia del sector a privatizar las decisiones y a que incluso muchas de las decisiones públicas sean condicionadas por la presión lobbística, han motivado el movimiento que, con mayor o menor fortuna, se ha denominado remunicipalización. Su significado es claramente político y expresa esa voluntad de recuperar las condiciones que permitan ejercer su capacidad de decisión en tanto que titulares del servicio y responsables frente a los ciudadanos, que son los destinatarios del servicio y también sus electores.

Si observamos lo que sucede en el otro lado, no es difícil observar actitudes poco edificantes: escasa voluntad de compartir información de importancia estratégica, priorización de la judicialización de conflictos basados en decisiones administrativas más allá de los cauces normales de interpretación de los pliegos contractuales, publicidad que confunde la posición de los actores –actuaciones que, por otra parte, no deberían financiarse con cargo a las tarifas- resistencia a abandonar la plaza una vez vencido el contrato, por no hablar de ocasiones en las que se observa menoscabo institucional y hasta desacreditación de personas. Prescindo de casos en los que han aparecido situaciones cuya calificación corresponde a los jueces.

No es casualidad que las únicas quejas del sector se hayan producido en los casos en los que un municipio, quizá después de un tiempo de letargo, ha optado por la cuarta fórmula. No se oyen otros lamentos, el sector sólo se siente incómodo y clama al cielo en el último caso.

Está claro que la información y la transparencia se impondrán; es posible, deseable y exigible. Y eso alterará el modelo de negocio de las empresas del sector pues hay pocas dudas de que una parte sensible de los márgenes de rentabilidad está vinculada a la opacidad. La opción por la gestión pública ha redundado la simple decisión de gobernar el servicio en aquellos casos en los que el sector se ha mostrado ingobernable. Cuando Cuba quiso gobernarse a sí misma, no fueron las propias convicciones sino el bloqueo americano, lo que lanzó a Fidel Castro a brazos de la URSS.

[1] iAgua 10 de mayo de 2019. Información y transparencia en la gestión del agua en las ciudades.

[2] La Vanguardia, 31 de mayo de 1953

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