Las inversiones son claves en las actividades intensivas en capital. Determinan el coste de implantación, de ampliación o de reconversión tecnológica. La concreción del plan estratégico de una actividad viene acompañada de un análisis de alternativas en las que la inversión es uno de los elementos clave para alcanzar la mejor ratio entre el nivel de servicio deseado y sus costes de capital y de operación.
Los servicios relacionados con el agua deben hacer este tipo de reflexiones antes de tomar decisiones de futuro. Con frecuencia deben analizarse alternativas que oscilan entre mayores costes de explotación (por ejemplo, en compra de agua tratada) o mayores inversiones (para el tratamiento del agua captada).
Uno de les factores que condicionan la inversión en los abastecimientos de agua es la capacidad de endeudamiento municipal. A su vez, esa capacidad depende de las limitaciones objetivas que impone la legislación –hasta hoy muy severas, aunque según parece se va a relajar la regla del gasto-, pero también de las prioridades de la política municipal en cada caso.
Claro que lo que propiamente debe considerarse inversión es, como se ha dicho, la implantación, la ampliación o la mejora tecnológica de un servicio. A partir de aquí, lo que cuenta es la conservación o mantenimiento del sistema y la funcionalidad del servicio en su conjunto. También, lógicamente, la reposición de cada elemento al final de su vida útil.
La reposición se efectúa a partir de la dotación de un fondo específico cuyo importe se calcula a partir del valor de cada componente del sistema y una estimación de su vida útil basada en los criterios técnicos autorizados por la Orden del Ministerio de Economía de 12 de mayo de 1993, para este tipo de actividad. De ahí su denominación como amortización técnica.
A partir del valor inventariado de cada elemento y el coeficiente concordante con su vida útil se puede tabular la anualidad amortizada correspondiente a cada elemento y estimar el valor total de la amortización imputable como coste en el escandallo anual de los bienes cedidos en uso por la administración local titular al operador. Según los elementos, esa dotación suele oscilar entre el 3% y el 10% de su valor, con una media ponderada del 5%, de modo que, como criterio, se sugiere que cada 20 años debería haberse repuesto la totalidad de las instalaciones (aunque algunas deben reponerse cada 10 años y otras cada 30).
El fondo se recauda con las tarifas y el operador debe proponer y acordar con el ente local titular aquellas actuaciones de reposición que se consideren más convenientes en función del comportamiento de los equipos y/o la frecuencia de las averías observadas.
La práctica ofrece diversidad de situaciones. Cada vez hay más abastecimientos que efectúan esa evaluación y dotan la correspondiente partida en el escandallo de costes de la tarifa. No obstante, algunos de los que la dotan no aplican los recursos generados a la reposición de activos obsoletos del servicio de agua sino a otras prioridades municipales. En otros casos, simplemente no se dota el fondo para evitar aumentar las tarifas.
En los dos casos indicados, las consecuencias son las mismas: el servicio se descapitaliza, se fuerza la vida de las instalaciones más allá de lo razonable, aumentan las averías y los gastos de mantenimiento y el rendimiento de la red empeora: se pierde más agua, lo que además de ser un problema ambiental también lo es económico, pues los gastos de disponibilidad y tratamiento del agua perdida se imputan a la menor cantidad de agua que se vende.
El círculo vicioso se pone en marcha de modo que los costes no contemplados en reposición acaban apareciendo como costes de mantenimiento y reparación. A medio plazo, la forma de contener la tendencia suele ser incrementar de forma artificiosa la necesidad de inversión. Quede claro que en este punto la palabra inversión tiene un significado estrictamente financiero, es decir hay que buscar recursos para endeudarse, pero no para hacer ampliaciones y mejoras sino para suplir la falta de reposición en su momento.
¿Qué ventajas tiene ese proceder? No se me ocurre ninguna. Mantener una apariencia de coste bajo en un servicio esencial es una mala política, más cuando con un control estricto de otros costes se puede alcanzar una dotación razonable del fondo de reposición. El dinero del agua no sólo debe ir al agua, sino que debe ser empleado de forma óptima. Con el mismo coste una correcta gestión debe evitar averías innecesarias y optimizar el rendimiento del agua utilizada.
Y, por cierto, reducir la necesidad artificial de endeudamiento.
