En los jardines de la legitimidad

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La ideología es algo natural cuando se tienen ideas. Sucede que cada período histórico se caracteriza por una ideología dominante que impone su criterio de normalidad, es decir, se constituye en norma. Eso nunca fue problema en las sociedades patriarcales, en las que la autoridad del patriarca se impone de forma natural.

Está claro que el mero reconocimiento de la diversidad sustituye la opción única por el abanico de opciones que admite en su seno. Aún recuerdo al inefable ministro Solís Ruiz anunciando la nueva permisividad del final de la dictadura franquista en la que, decía él, cabían todas las opciones políticas, “desde la más extrema derecha hasta el más extremo centro”.

En sociedades democráticas el ejercicio es más complejo. En primer lugar porque hay libertad de expresión. En segundo lugar, porque las instituciones tienen competencias delimitadas y capacidad autoorganizativa reconocida por la ley.

Bien es cierto que la cultura relacional importa y que la tentación del poder es permanente. Con frecuencia se traduce al lenguaje de las ideas lo que no es otra cosa que intereses sectoriales que no han sabido –o no han podido- conectar con la expresión democrática del interés público.

En materia de servicios públicos, y más en aquellos que se reconocen esenciales, parecería que la norma es la responsabilidad y la competencia de aquellas administraciones que los tienen encomendados.

En esa lógica, por ejemplo, los pequeños municipios deberían ser estimulados o inducidos a su asociación en unidades de gestión más económicas. Y aquellos que tienen suficiente dimensión deberían estar preparados para gestionar sus competencias. En ese marco, parece razonable pensar que, cuando fuera necesario, el soporte tecnológico se buscaría en el sector privado. Eso es lo que sugiere el sentido común, y lo que se hace en aquellos sectores en los que el sector privado se ocupa de sus negocios y aprovecha la oportunidad de tratar, también, con la administración pública.

Claro que para ello, la ley debería facilitar la gestión directa con instrumentos eficaces y, en todo caso, obligar a las administraciones públicas a demostrar la necesidad de la licitación pública de los servicios esenciales en base a criterios de eficiencia. Con seguridad, ello delimitaría sin prejuicios, las circunstancias, los ámbitos y las condiciones en las que es deseable la colaboración público privada en beneficio del interés público.

En consecuencia, el expediente justificativo debería exigirse en aquellas circunstancias en las que se pone de manifiesto la dificultad o la imposibilidad de su prestación directa, y durante el tiempo en que se prevea la vigencia de esa dificultad.

Lo que sucede es exactamente lo contrario: parece darse por supuesto que la gestión privada es más eficiente y sobre ese prejuicio -que no avala ni el Tribunal de Cuentas[1]- se construye el relato que favorece la gestión privada. También se da por supuesto que no es necesaria la formación de capital público de conocimiento, ni para gestionar servicios ni tan sólo para ejercer un control efectivo sobre el gestor privado.

En esa operación de desmantelamiento y desarme de lo público, es de señalar que determinados profesionales pierden la neutralidad y toman partido de forma prejuiciosa. ¿Por qué subrayan los aspectos que molestan al sector privado y no señalan las presiones y trabas legales que dificultan la gestión responsable de los servicios públicos? Las reglas del juego no garantizan la neutralidad, ni en el ámbito profesional -donde la capacidad de contratación del sector privado es ilimitada y no sometida a exigencias de transparencia- ni en el legislativo –donde la capacidad de influencia se puede ejercer a través de los lobbies.

Se observa una salida asimétrica de la crisis económica y social. En lo económico, se consagra una desigual distribución de la riqueza; en lo social, lo que ya se ha denominado una recesión democrática que ya ha tenido respuestas significativas en fenómenos imprevisibles como el Brexit, la elección de Trump o el auge de los soberanismos. De ellos hemos podido aprender que las bases para construir una sociedad justa y eficiente se construyen mejor desde el consenso social que desde los planteamientos economicistas. Eso no debería extrañar a nadie, si se considera que el crecimiento económico se fundamenta en la confianza, ese pájaro tan difícil de enjaular. Pero hemos visto en otros ámbitos que los problemas anunciados no despiertan interés salvo cuando se declara el incendio.

Más allá de la legalidad y sin contradecirla, en un amplio círculo que requiere de interpretación inteligente y liderazgo, está la legitimidad. Es un jardín complejo, difícil de cultivar y transitar, pero el único interesante desde el que anticipar un futuro colectivo. En ese jardín, no sólo cuenta el ratón que vamos a cazar hoy, sino la capacidad estratégica de disponer de nuestro futuro sin hipotecas.

[1] Informe de fiscalización del sector público local, 2011.

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