¿Libertad de elección?

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  • ¿Libertad elección?

Los servicios del ciclo urbano del agua son competencias propias de los municipios. Así está reconocido en la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) de 1985 y lo ratifica su reciente modificación a través de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

Hasta la aprobación de la LRSAL, el diciembre de 2013, el art 85.2 de la LBRL dejaba claro que los servicios públicos locales pueden gestionarse de forma directa o indirecta. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad. Los puntos 3 y 4 explicitaban las diversas modalidades de gestión directa o indirecta entre las que se podía elegir.

Esta libertad de elección se manifestó, durante muchos años en una tendencia a incrementar la gestión indirecta de los servicios de abastecimiento de agua. Los vectores que lo han inducido están relacionados con las necesidades de inversión y mejora tecnológica de nuestros servicios, y también por las insuficiencias financieras de los municipios, que en las licitaciones para la gestión de esos servicios han encontrado un soporte económico para sus precarias economías.

En efecto, los últimos 25 años ha sido frecuente ver como las licitaciones sobrevaloraban los cánones concesionales en relación a las ofertas técnicas estrictamente vinculadas a la gestión del servicio. Así, los períodos contractuales han tendido a ser más largos atendiendo a lógicas financieras ajenas a la dinámica interna del servicio; y la relación titular-gestor se ha podido resentir de la dependencia financiera del primero en relación al segundo. Como decía Hillary Clinton refiriéndose a China, “nadie se puede incomodar con su banquero”.

Contratos largos y dependencia financiera son limitaciones severas a la libertad de elección. ¿Cuántos alcaldes han iniciado y finalizado su mandato atados por decisiones anteriores, a veces remotas?

La crisis económica ha puesto de manifiesto la gravedad de esas hipotecas y ha propiciado un movimiento de jóvenes generaciones políticas orientado al empoderamiento municipal para garantizar el acceso universal a los servicios públicos básicos que ha levantado alarmas entre algunos gestores privados. Incluso en los viejos partidos hay intensas corrientes de renovación que proponen una revisión en profundidad de las prácticas observadas y un retorno a los orígenes de nuestra ya no tan joven democracia.

El movimiento ha asumido un nombre: remunicipalización. Y vistas las limitaciones heredadas, su alcance está resultando más simbólico que real. En efecto, ¿cómo decidir un futuro distinto con un contrato en vigor a medio o largo plazo? ¿Cómo rescatar un servicio cuando se está endeudado?

Pocos son los que pueden escapar a esos condicionantes. Por otra parte, se observan resistencias de algún contratista a abandonar la gestión cuando el contrato se acaba, largos litigios y déficits informativos en la liquidación de algunos contratos, y más litigios, a veces por aspectos formales muy secundarios, en los procedimientos para definir el futuro del servicio. El poder financiero de esas corporaciones y el uso del derecho administrativo como instrumento, es percibido por el mundo local como una presión desproporcionada, incomprensible y a veces hostil.

Cada municipio tiene su mapa político y en función de la sensibilidad y preferencias de su gobierno municipal expresa sus preferencias de gestión de los servicios públicos. En la compleja realidad de los condicionantes antes expresados, sucede a veces que un alcalde recibe consejos no solicitados de compañeros de su formación política. Esos mensajes, extraterritoriales, suelen aportar perplejidad y soledad a las decisiones ya difíciles de un alcalde que quiere mejorar la calidad de su gobierno municipal.

Y por si las cosas fueran demasiado fáciles, vino la LRSAL. Ya desde el tercer párrafo del preámbulo deja claro que entre otras cosas, esta reforma persigue varios objetivos básicos: …racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

Y en consecuencia, en su artículo 1.21 modifica el artículo 85 de la LBRL:

  • 1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias.
  • 2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:
    • A) Gestión directa:
      • a) Gestión por la propia Entidad Local.
      • b) Organismo autónomo local.
      • c) Entidad pública empresarial local.
      • d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

  • B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Obsérvese pues, que el municipio que opte por una empresa pública debe demostrar aspectos que no se exigen para la gestión indirecta mediante empresa privada. En ese caso parece darse por supuesto que la gestión será eficiente y sostenible.

El panorama es muy sesgado: los condicionantes heredados, la LRSAL y la hipótesis de un futuro regulador estatal, ponen en entredicho no sólo la gestión sino la titularidad real de un servicio público esencial como es el abastecimiento de agua, que lentamente se desliza hacia su privatización de hecho.

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