El sector del agua, como el de otros servicios en red, tiene usuarios cautivos y la garantía asociada a un servicio público cuyas revisiones de tarifa aseguran el equilibrio permanente de sus cuentas.
Además, cuenta con amortiguadores que con frecuencia se activan, como el esfuerzo inversor, que se modula en función de las tarifas, y el rigor con que se incluyen las amortizaciones técnicas de algunos activos. Por otra parte, es un sector con un consumo escasamente elástico cuyos ingresos dependen poco del ciclo económico y el cobro es, en general, puntualísimo. En resumen, es un sector solvente. Los impagos están muy acotados y sometidos a mecanismos de seguimiento y resolución.
Precisamente esas características indujeron a muchas empresas de otros sectores a abrir línea de negocio en el sector del agua. Fue paradigmática la irrupción del sector de la obra pública con posterioridad a los Juegos Olímpicos del 92. El negocio preolímpico derivó en crisis postolímpica pues la inversión pública decayó. Pero muchas de las empresas que habían hecho caja con las obras públicas invirtieron en el sector del agua mediante el establecimiento de nuevas marcas y la compra de pequeñas empresas concesionarias. Un buen día, muchos municipios y urbanizaciones despertaron con un contratista distinto al del día anterior. El sector privado multiplicó sus actores.
Esas empresas encontraron un tipo de negocio mucho más tranquilo, anticíclico, de rentabilidad asegurada y escaso riesgo. Un directivo conocido mío lo expresaba con franqueza campechana: en el mundo del agua, todos vivimos bien (aunque, continuaba, unos mejor que otros).
La crisis de 2008 se llevó por delante los crecimientos galopantes de los años anteriores y los consumos decayeron, sobre todo por el desmantelamiento industrial. No obstante, las tarifas permitieron, como siempre, ajustar los nuevos parámetros a la realidad del servicio. No sólo no hubo crisis del sector, sino que en muchos casos en que vencían los contratos, hubo y sigue habiendo resistencia a abandonar la plaza.
La crisis actual está siendo mucho más devastadora que la anterior. La cruz es que ha pillado a nuestro sistema sanitario en el estado de desguace a que lo sometieron las políticas neoliberales de nuestros gobiernos central y muchos autonómicos. La cara, es que el gobierno está activando mecanismos de protección social sin precedentes, que se está mostrando la solidaridad de muchos sectores, y que nuestros sanitarios, aún sin medios, están dando la cara como héroes.
En ese contexto, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 estableció un sistema de aplazamientos, tributarios a PYMES y autónomos, sector especialmente golpeado por el parón de la economía, pues su actividad depende de que los grandes motores económicos funcionen. Buena parte de ese sector económico se corresponde con lo que en otros tiempos se denominaron servicios externalizados, por los que muchas grandes empresas convirtieron gastos fijos en variables y externalizaron los riesgos asociados. La lógica dice pues que el sector de PYMES y autónomos asume sus gastos fijos, pero depende en gran medida de los ingresos variables que les proporcionan sus clientes. Por cierto, el sector del agua no es ajeno ni mucho menos a la práctica de externalizar servicios.
Muchas de las empresas energéticas anunciaron la posibilidad de fraccionar o aplazar el pago para ciudadanos y pymes así como a colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social.[1] Muchos ayuntamientos han prohibido los cortes de agua a sus concesionarios e incluso alguno ha decretado rebajas transitorias en la tarifa.
En esas circunstancias llama la atención la actitud de la patronal andaluza del agua -en la que están representadas las multinacionales privadas del sector- que pide a la Junta de Andalucía que le permita facturar calculando “consumos estimados” a las empresas y comercios afectados por la suspensión de actividad por el COVID-19, a pesar de que en muchos casos pueden tener un consumo “inexistente” de agua[2]. La carta a la Junta no hace referencia a la declaración del Gobierno de España de declarar al servicio de prestación de agua urbana como uno de los esenciales que no deber reducir su actividad. Por otra parte, una caída del consumo del 8% no tiene por qué suponer una pérdida equivalente de ingresos, pues las cuotas de servicio no dependen del consumo.
La sorpresa es aún mayor si se considera que muchas de las empresas implantadas en Andalucía también lo están en el resto de España, donde no constan actitudes comparables, aunque en algún caso se ha optado por una operación de imagen que subraya su esfuerzo organizativo y omite el que, de forma análoga, están haciendo el resto de operadores de los servicios públicos esenciales.
Por otra parte, el denominador común del sector es la omisión de cualquier referencia a la autoridad local, que es la que regula e interpreta las circunstancias en que debe prestarse un servicio público en el ámbito de su competencia.
En los tiempos que corren el elemento clave de la economía es la liquidez. Los operadores de servicios públicos la tienen, pues están acostumbrados al cobro puntual. Y no sólo eso, sino que el respaldo público les otorga solvencia, lo cual es garantía de acceso a mayor liquidez, si fuera el caso. Y es que el líquido elemento da, de forma natural, aquello que el gobierno ha tenido que garantizar a la mayoría de Pymes y autónomos: liquidez.
Estaría bien que, como aportación al difícil momento, se mostrara una mayor empatía con los que sufren en sus carnes el embate de la crisis.
