Las comparaciones, sirven mejor a los planteamientos de futuro debidamente contextualizados, que a los propósitos sectoriales del presente. Quizá fue ese el propósito del foro de expertos que en el reciente INVESTAGUA llamaron a caminar hacia el modelo danés en la tarificación del agua urbana.
Y no obstante llama la atención que, desde España, un país grande y un gran país, se diga que estamos muy alejados de los grandes países europeos y acto seguido se ponga a Dinamarca como ejemplo y sin otras consideraciones de entorno.
Dinamarca es un referente de prestigio en organización social y económica. De ahí que las comparaciones puedan sugerir conclusiones sesgadas al no ser sobre el modelo completo sobre el que se cimenta su prestigio. Veamos.
El nivel de vida. El año 2020 su PIB per cápita fue de 53.000 € y el gasto público se elevó a 26.450 € por habitante. Si se atiende al bajo endeudamiento público (42%), se comprende que el gasto público se financia gracias a una elevada fiscalidad, por cierto, muy progresiva. El desempleo, en torno al 6%, se puede considerar moderado. En España, el PIB por habitante fue de 23.800 € en el mismo año, y el gasto público per cápita, 12.500 €. La renta per cápita, 23.690 € y la tasa de desempleo triplica la de Dinamarca.
Índice de desarrollo humano. En el último informe, relativo a 2019, Dinamarca ocupaba el lugar 10 (y mejorando) mientras que España ocupaba el 25 (y empeorando).
Percepción de la corrupción: Dinamarca alberga la sede de Transparency International, movimiento que trabaja en más de 100 países contra la injusticia y la corrupción. En relación a este índice, la posición de España es intermedia entre la de los países desarrollados. Mientras que Dinamarca, junto con Nueva Zelanda es líder en transparencia y en la confianza institucional que ella genera[1], no hay que insistir en lo que es tan frecuente entre nosotros, y a lo que el mundo del agua no siempre ha sido ajeno.
Respeto institucional. En Dinamarca no se conoce un solo caso en el que una empresa de servicios públicos haya defendido sus intereses mediante batallas judiciales de hostigamiento a las instituciones.
Es bien sabido que en la economía doméstica, como en la de los servicios de infraestructura, el coste fijo es superior al variable. De modo que la comparación del esfuerzo medio, es decir, la relación entre el gasto abonado por el servicio y los ingresos familiares de los españoles con la media de Europa (un 71%) es engañosa en la media en que no considera la relación entre el porcentaje de esfuerzo exigido por los costes fijos (alimentación, alquileres, hipotecas) y el porcentaje de ingreso variable, creciente dada la precarización del empleo y con peores perspectivas en la medida en que los amortiguadores sociales desaparecen.
El Sr Morcillo, presidente de AEAS, refuerza su argumento aludiendo al estrés hídrico que sufrimos, como si el agua urbana fuera la principal responsable de ese problema. Es bien conocido que la diferencia entre costes e ingresos por uso y consumo de agua es un problema general de todos los sectores y que la menor diferencia entre ellos se observa, precisamente, en los consumos urbanos.
Tampoco hay una gran relación entre el esfuerzo inversor necesario y las llamadas al ahorro de agua, pues es bien sabido que los costes fijos son mayoritarios y la mayoría del esfuerzo inversor que se requiere no tiene relación proporcional con el consumo de agua, sino con su calidad y con la garantía de servicio, que más bien tenderá a incrementar los costes fijos. Algo de eso hay cuando se reconoce que el esfuerzo inversor necesario en infraestructuras del ciclo de agua urbano, difícilmente se podrá financiar con cargo a tarifas.
El punto de vista es sesgado y puesto que no se puede atribuir a ignorancia, puede deducirse que es una simple manifestación de interés.
Tenemos el país que tenemos, y los grandes tenores del sector privado del agua se mueven entre la obediencia imprescindible al poder judicial y la pugna por la segregación del agua urbana del catálogo de servicios públicos, al igual que ya consiguieron en su día el gas y la electricidad. El oligopolio del agua ve a los municipios como enanos molestos pues ambiciona mercados afines a su tamaño. De ahí que sean tan frecuentes los hostigamientos judiciales contra las decisiones de recuperar la capacidad de decisión de tantos municipios que en los tiempos de prosperidad urbanística confiaron la gestión del servicio a alguna empresa del sector privado.
Ciertamente Dinamarca queda lejos, y no sólo por las tarifas.
