En noviembre de 2023, en pleno episodio de crisis hídrica, me referí a la paradoja del ahorro. Su fundamento es la estructura de costes del abastecimiento de agua, cuyo coste fijo -que incluye entre otros el personal, las cargas financieras y las amortizaciones- es muy superior al coste variable, mientras que en la estructura de ingresos predomina el ingreso variable por venta de agua. Dicha situación provoca que una parte del coste fijo se financie con ingreso variable. En esas condiciones, cualquier reducción en el consumo altera el equilibrio económico del servicio, pues deja al descubierto la parte del coste fijo que hasta el momento se financiaba con el ingreso variable que ahora se ha perdido.
La gestión del agua en España se sustenta en diversas paradojas escalonadas que para simplificar resumiría en cuatro:
Partimos de una observación estrictamente geográfica que puede formularse secuencialmente como sigue: en España tenemos agua suficiente, aunque mal repartida. El norte dispone de más agua de la que necesita, aunque la productividad del agua, en especial la agraria, y el valor añadido del turismo se observan en la España seca del Levante y el sur.
A partir de esa realidad, se observa el conflicto sobre el sentido de propiedad del agua. Durante toda la historia de España el agua fue propiedad real. De ahí se derivó el régimen concesional vigente pues, aunque ya no pertenece al rey, sigue siendo de titularidad pública.
La primera paradoja es política y se fundamenta en la contradicción entre esa titularidad pública y el sentido de apropiación del agua que se observa de forma aguda en todos los territorios que la poseen. La consecuencia de esa situación es que, teniendo suficiente agua, la debemos administrar como un producto escaso en las zonas donde más se necesita. Me he referido con más detalle al caso de Catalunya por donde pasa el río más caudaloso de España y donde el Segre es una de las subcuencas más importantes. Pero me parece que la cuestión es generalizable.
La sensación de escasez se da aún con mayor intensidad, donde aparecen tensiones por la falta de encaje entre los sectores conservacionistas y las necesidades que expresa la economía y en especial la agricultura.
La segunda paradoja es político-económica. Dando por sentado que en las circunstancias actuales el agua es un recurso escaso, no obstante, se administra como un insumo subvencionado. En efecto, nadie satisface al 100% el coste de disponibilidad del agua. La agricultura recibe numerosas subvenciones en forma de inversión pública, y aunque en menor medida, también sucede eso en los abastecimientos y otras actividades relacionadas con el agua, siempre pendientes de subvenciones públicas, sean europeas o propias. La falta de reconocimiento del coste es debido a una cultura de uso propia de tiempos pasados y se podría interpretar como un estímulo al uso o una permisividad al abuso.
La tercera paradoja es estrictamente económica. Esa es la paradoja del ahorro a que me referí en 2023. También deriva del pasado, de cuando las inversiones eran escasas y se trataba de estimular la higiene pública en las ciudades. El crecimiento urbano enmascaraba la asimetría entre ingresos y gastos, pues siempre aparecía un ingreso marginal que permitía cubrir los costes fijos y aplazar los incrementos de tarifa, especialmente en años electorales.
La cuarta paradoja es la escasa responsabilización que se atribuye a los operadores en la mejora del rendimiento del servicio. Eso es así, pues el fundamento de su ingreso es la facturación del agua consumida. Las pérdidas se ignoran en la mayoría de los contratos de concesión. La voz de los operadores suena fuerte cuando reclaman más inversión, y en eso tienen mucha razón. Es natural que piensen en su negocio, más fundamentado en las obras que en la explotación. Pero sería razonable que titulares y explotadores estudiaran escenarios de mayor responsabilización en la gestión eficiente.
