Que las redes de abastecimiento tienen pérdidas, es un hecho. Que con inversión se puede solucionar buena parte del problema, también. Me gustaría complementar esos tópicos con otras consideraciones que no me parecen menos interesantes.
En primer lugar, la información, ¿dónde se producen las pérdidas? En Cataluña, que es la zona que mejor conozco, las pérdidas en abastecimientos urbanos están en una media del 22% aunque con una gran variabilidad, entre el 40 y el 10%. De forma mayoritaria, esas pérdidas se suelen producir en las redes de distribución en baja, es decir, las que conducen el agua desde los depósitos de almacenamiento general hasta los puntos de consumo.
La medida de esas pérdidas se establece por comparación entre el caudal medido a la salida del depósito general y la suma de los caudales registrados en los contadores de los usuarios. Si todos los usuarios tienen contador y todos los contadores funcionan bien, el método es impecable.
Pero las cosas no son así. Buena parte del parque de contadores es muy antiguo y se producen subcontajes, debido a incrustaciones u otras incidencias que explican una parte de los desajustes: son pérdidas aparentes que se resuelven con la sustitución de contadores viejos por contadores nuevos homologados. Eso va a suceder de forma acelerada gracias a la Orden ICT 155/2020 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que regula el control metrológico del estado de determinados instrumentos de medida. Entre otras cuestiones, establece la que los contadores no podrán tener una vida útil superior a 2 años. Según la edad del parque de contadores, esa sola medida permitirá una reducción sensible de las pérdidas observadas, que en algunos casos podría llegar al 10%.
Tampoco es cierto que todos los usuarios tengan contador. Muchos consumos municipales no los tienen, aunque poco a poco se va imponiendo su implantación. Desde otro punto de vista, siempre hubo conexiones irregulares o fraudulentas y con la crisis económica se observó una tendencia al aumento de ese capítulo, que se lleva algunos puntos de pérdidas de agua, que no son tales, pues en realidad sus usuarios la aprovechan, aunque que no se mida.
Tampoco es cierto que todos los usuarios tengan contador
De las redes de muchos municipios, en especial pequeños, se sabe poco: el trazado, la profundidad, la distancia a fachada, los materiales con que se construyeron o la edad. También son frecuentes las imprecisiones en el trazado de las acometidas antiguas. La costumbre generalizada de grafiar las redes tiene pocas décadas. Es más reciente la de su actualización conforme se procede a renovar o reparar algún elemento y aún más la de su digitalización y geolocalización. Eso empezó en algunos lugares al filo del cambio de siglo y sigue pendiente en muchos municipios.
Otra cuestión a considerar es que, donde hay gestores privados, resulta difícil para muchos municipios poder compartir esa información en tiempo real. De lo que se sabe, no es raro que el gestor se lo guarde para sí: es bien sabido que la información es poder y aunque el servicio es público, la información se trata, en muchos casos, como si fuera un privilegio privado.
Más allá de los usos sin contador y los subcontajes, las pérdidas de agua en la red son, en general, el capítulo más importante. Pero la desinformación dificulta la toma de decisiones sobre las actuaciones más eficaces para atajarla.
El sector privado clama contra la falta de inversión y tiene su parte de razón. Sin embargo, parecería lógico que antes de insistir en la decisión de invertir, el operador se responsabilizara de la mejor gestión de la infraestructura disponible. La realidad muestra que la base de la facturación privada, es decir, la tarifa, se calcula sobre el volumen de agua vendida, de modo que no hay un estímulo económico significativo para la reducción de pérdidas. El coste del agua captada y tratada se carga, sin más problemas, sobre la factura del agua vendida.
Ese es un problema que debe atajarse con un replanteo de los pliegos de condiciones que introduzca estímulos al operador para mejorar el rendimiento. Los estímulos deben ser razonables y evaluables, ya sean asociados a la operación del servicio, ya sea a determinadas inversiones estratégicas. En definitiva, se trata de introducir la productividad como concepto estratégico en las condiciones contractuales del sector.
El sector privado clama contra la falta de inversión y tiene su parte de razón
El traslado a tarifas del coste del agua perdida en red no es un caso único. En todos los servicios en red, y en especial con los energéticos, se pide al usuario que ahorre mientras se ignoran las pérdidas en producción y transporte, de modo que el operador nunca pierde por sus eventuales ineficiencias.
El estímulo económico sí que existe para las obras que reclama el sector del agua. En ese caso, aunque se resuelva el problema informativo ya referido, resulta difícil que los municipios superen las dificultades para que su precio sea competitivo, pues los contratos de concesión son cerrados y largos y eso dificulta que las obras se liciten, una por una, en función de la oportunidad del mercado en cada momento.
Tampoco es único el caso de las pérdidas de agua en las redes urbanas. Sucede con mayor intensidad en las redes de regadío. Las importantes ayudas públicas que ha recibido el sector han dificultado que el precio del agua fuera un estímulo para el ahorro. En ese caso, y como ya se ha explicado, el principal estímulo ha sido el aumento de la oferta de agua derivado de la menor aplicación por unidad de producto para aumentar la oferta de agua.
Para finalizar, en estrambote me parece oportuno comentar que, en ese estado de cosas, alguno de los grandes del sector se dedica a una acción comercial con tintes malintencionados y frívolos: se visita a algunos alcaldes sugiriendo aspectos técnicos que podrían incorporar a los pliegos de condiciones que deben redactar sus técnicos y pone el acento en aspectos de imagen más que en los problemas de eficiencia interna del servicio.
