He leído con interés las declaraciones de Santiago Lafuente en su entrevista con el director de iAgua [1]. El Sr. Lafuente es un buen conocedor del sector y se puede coincidir en muchos de los elementos que analiza, aunque no necesariamente en las conclusiones que obtiene. Veamos:
Lo más relevante en España es la continuidad de servicio. Tenemos un servicio de calidad y con 100% de continuidad. Es cierto que en general el servicio es de calidad y continuo. Pero eso no es más que la exigencia de cualquier servicio público, de acuerdo con nuestras normas legales, que establecen esa cuestión como un derecho de los ciudadanos, que se traslada automáticamente como una obligación a las administraciones locales titulares y responsables del servicio. Y que, en el caso de que ese servicio sea prestado por empresas privadas, deben asumir esa cuestión como un requisito, nunca como un mérito.
No invertimos todo lo que tenemos que invertir, la continuidad del servicio se mantiene, pero cada vez con infraestructuras más viejas, con más costes de mantenimiento y con más dificultades en la eficiencia en las redes. Eso es cierto en muchos casos, pero no es un problema generalizable. Hay que añadir que a la falta de inversiones se suma un procedimiento de ejecución de obras que no suele favorecer las bajas y un sistema tarifario basado en estructuras de costes que, como mínimo, no prima la eficiencia del gestor pues suele reconocer un margen de beneficio fijo en función del coste de explotación.
Aqualia es una empresa global. Nos cuesta mucho diferenciar el mercado español de otros mercados. Pues eso es realmente un problema, porque en algunos países el del agua es un mercado puro, apenas regulado o regulado de otra manera. En España, por lo menos en lo que se refiere al agua urbana, afortunadamente no es así, y la intervención de los agentes privados está sometida a numerosos controles. No debe ser fácil ni cómodo estar en un lugar que apenas se comprende. La pretensión de ser una empresa global, parece que debería favorecer esa comprensión y adaptabilidad.
Tenemos que tender a ofrecer con transparencia información sobre rendimiento de consumo energético, inversiones, tarifas, servicios sociales y ciudadanos, que ahora mismo es una información que no es pública. No sé si el Sr. Lafuente es consciente de que la información de un servicio público no es privada, sino que pertenece al ente local titular del servicio. Curiosamente, en su relato, omite referirse a los entes locales, que son sus clientes en lo que se refiere al agua urbana. Olvida la cuestión competencial y que fueron ellos, los ayuntamientos, los que hicieron posible el crecimiento de esa empresa que hoy se dice global, en un entorno que en su momento era poco competitivo. Es bueno reconocer la realidad y agradecerla.
Coincido con el Sr. Lafuente en que, aunque no se suele publicar, debe comunicarse y compartirse para fomentar una cultura ciudadana sobre la cuestión. Con independencia de las intenciones del Ministerio, algunos observatorios ciudadanos ya están en esa línea, que por cierto resulta más fácil donde la gestión es pública que donde es privada, quizá debido a la mayor consciencia de las empresas públicas respecto a la debida transparencia informativa.
Podemos presumir de que año tras año estamos renovando por encima del 90% los contratos que van venciendo. Tenemos motivos para creer, por tanto, que nuestros clientes tienen una gran confianza en lo que hacemos. Eso suele ser cierto para la mayoría de operadores, no solo para Aqualia. Más allá de una gestión buena o aceptable del servicio, la opacidad informativa a que antes me refería suele dificultar que se puedan redactar pliegos de condiciones que trasladen de forma efectiva las circunstancias del servicio a otros posibles licitadores. En general falta mucho para una competitividad plena.
Veo difícil que, en España, con nuestra estructura territorial, podamos pensar en un regulador nacional como tiene Portugal, Inglaterra o República Checa, donde nosotros trabajamos. Considero que la posición del Ministerio, que busca incentivar a través de la digitalización la creación de un Observatorio, es un primer paso para avanzar en aspectos concretos que vayan más allá de la calidad del agua, que es el ámbito que cuenta actualmente con una información unificada en España.
El regulador nacional es una vieja pretensión de los grandes del sector, que prefieren un interlocutor adaptado a su tamaño, como en los países que menciona. Su obsesión es la descalificación del servicio público de agua urbana como competencia municipal y la asimilación del servicio a un servicio regulado a nivel estatal, como es el caso del gas y de la electricidad. Creo que los municipios y los ciudadanos, nos sentimos cómodos de forma mayoritaria con la situación actual y lo que deseamos es que las empresas privadas que actúan en el sector como contratistas mejoren su transparencia y adecuación a las exigencias de un servicio público. La comodidad de los concesionaros, en tanto que auxiliares del sector, no puede alterar de ningún modo su dinámica; bien al contrario, su razón de ser es contribuir a que funcione mejor.
Convertir al PERTE de Digitalización en un proyecto transformador que cierre, de una vez por todas, debates estériles sobre gestión pública o privada y ponga el foco en la eficiencia y la buena gestión.
El Sr. Lafuente parece confundir la eficiencia del instrumento con la del modelo de gestión. Como la confusión no se puede atribuir a ignorancia, habrá que pensar que es interesada. En efecto, sigue afirmando que se va a ir a una integración territorial a través de la digitalización, y es un proceso que los grandes operadores vamos a poder ofrecer con garantías.
Ese es un modelo, sin duda. Pero el circuito integrador de la información pública pasa, de forma natural por las administraciones competentes: municipios, comunidades autónomas y, en su caso, ministerio. La transparencia exige que, en primer lugar, la información la tengan las autoridades concedentes del servicio público, vaya paradoja si no fuera así.
Los cánones concesionales han desaparecido porque los ayuntamientos no los quieren. En las nuevas licitaciones se piden planes de inversiones, mejoras de infraestructuras, etc. Y esto es algo que clarifica el sector. Los ayuntamientos han comprendido que el dinero del agua solo puede destinarse al agua. Y eso, ciertamente, clarifica el sector en un tiempo en el que las cuentas deben ser muy claras.
[1] iAgua, 19 de diciembre de 2022
