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Las políticas de agua propuestas

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Emasesa
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Leo las propuestas sobre agua y me parecen víctimas del eslogan, del eslogan favorito de cada parroquia. Hace tiempo que en el mundo de la política no surge un documento de análisis serio de los problemas que enfrentamos en relación al complejo mundo del agua: la obtención y distribución del recurso en tiempos de demanda creciente y escasez progresiva, la disciplina en materia de extracción de agua y saneamiento, las posibilidades de los nuevos recursos que ofrece la tecnología, los costes -de infraestructura, energéticos, de explotación y mantenimiento- y la política de asignación que contemple en una combinación adecuada el valor añadido generado, el respeto y la garantía al derecho al agua, los costes ambientales y el grado y la forma en que todos ellos se recuperan.

También hay que definir escenarios en los que la contratación no genere mercados cerrados y opacos, y en los que la austeridad del gasto público no deje el mundo del agua a los pies de los caballos de la financiación privada, en general mucho más costosa.

La ausencia de esos análisis podría ser comprensible en aquellas opciones políticas que creen que, por donde vamos, nos dirigimos hacia el mejor de los mundos posibles. Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même. Pero aquellos que proponen políticas pensando en las clases populares, en el ciudadano de a pie, deberían ser más explícitos y más valientes. El mundo del agua está plagado de prejuicios, tópicos e intereses, y es necesaria mucha pedagogía y mucha valentía para cambiarlo.

Está claro que una campaña electoral no es el escenario idóneo para la presentación de documentos muy sesudos. Esos documentos deberían estar elaborados y debatidos en otros momentos y las propuestas electorales deberían ser su simple destilación y recordatorio. No hacerlo así es lo que da paso a ocurrencias o afirmaciones poco meditadas y menos fundamentadas que fácilmente caen en el descrédito.

Por ejemplo, las referencias al derecho al agua y al saneamiento. Me parece bien que se reconozca, en una eventual reforma constitucional, y que se garantice un mínimo vital de 100 litros por persona y día. Pero para que eso no sea un brindis al sol debería estar soportado por los estudios pertinentes respecto al contenido, el coste y la financiación de las actuaciones, así como de los escenarios temporales.

Sin ir más lejos: el derecho a los 100 litros puede interpretarse como que nadie los va a pagar o que sólo los van a tener gratuitos determinados colectivos más desfavorecidos. ¿Cómo se va a traducir el derecho constitucional en ley? Quizá es más realista pensar en una ley que, no requiriendo mayorías cualificadas, pueda ser vigente con anterioridad y, en su momento, elevada a derecho constitucional. Y claro, una cosa es que alguien no pague, pero otra es quien o como se va a sufragar el coste material de ese derecho.

Sin ir más lejos: el derecho al saneamiento ¿significa lo mismo que en el tercer mundo? ¿Hablamos de letrinas, de cloacas? Eso está en la legislación urbanística y en las normas sobre edificación. Allí donde tengamos ese problema es porque ha fallado el instrumento ordinario, no hay que inventar nada, tan solo restablecer la legalidad. Quizá habrá que recurrir a los jueces, como en tantas otras cosas en las que la política muestra sus vergüenzas e incapacidades.

O, el derecho al saneamiento, ¿es aquello por lo que nos está multando Europa? Entonces hay que hacer los deberes y resolver, antes de que los euros que nos cuesten los deberes pendientes se los lleven las multas que nos impongan.

Confío que Teresa Ribera siga al frente de la nave pues, aunque discutibles, tiene criterios más sólidos sobre los problemas que la mayoría de los que nos prometen paraísos.

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