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El encaje de esos términos, esencialmente antónimos, de ordinario se propone bajo el paraguas de la colaboración. Así, la idea de la colaboración público privada presupone la reunión, por acumulación, de las ventajas de cada uno de los términos.

¿Cuál es el interés de la parte pública en esa asociación? En la medida en que los Estados se han adaptado a las complejidades de la sociedad moderna, han diversificado su gama de servicios, antiguamente limitados a la emisión de moneda, el cobro de tributos y la milicia. La sociedad industrial generalizó diversos niveles de enseñanza, desarrolló las comunicaciones y otras obras públicas y asumió lentamente los nuevos y diversos retos de la sociedad urbana, en tanto que substrato necesario para la convivencia y la economía.

En ese desempeño, a la vez que aparecían cuerpos técnicos del Estado especializados –los diversos cuerpos de ingenieros, los enseñantes, los sanitarios- fue evidente la necesidad de contar progresivamente con el concurso del sector privado. Algunas colaboraciones, como la financiera, ya venían de lejos, por lo menos desde la Edad Media, como constata la historia. Otras, de contenido más técnico, se desarrollaron en paralelo a las nuevas necesidades y, con frecuencia, a la aparición de iniciativas emprendedoras de miembros de los nuevos cuerpos de profesionales del Estado. El sector privado inició un camino de participación en los nuevos servicios que demandaba la sociedad, a veces por simple iniciativa, a veces, como colaborador necesario o conveniente de las iniciativas de fomento económico y social surgidas del Estado. En ese marco y con esa finalidad se han desarrollado, sin solución de continuidad, numerosas regulaciones de la contratación pública.

¿Cuál era el interés del sector privado? La oportunidad de negocio, que es lo que da sentido a su propia existencia. La suma de intereses, en principio complementarios y no contradictorios, ha producido numerosos resultados en España y en el resto del mundo, que de otro modo tendría una configuración muy distinta de la que podemos observar.

En ese marco, el mecanismo más frecuente es aquel en el que la autoridad pública define la necesidad y las condiciones técnicas, económicas y administrativas de la participación privada y después de un proceso de selección entre los interesados, elige aquel que resulta más adecuado. La parte privada asume las obligaciones contractuales a cambio de la remuneración ofrecida, y la parte pública se reserva la dirección y el control de las condiciones acordadas.

Todo parece muy sencillo, y en muchas ocasiones lo es. Las ventajas de esa colaboración son claras: la administración consigue sus objetivos mediante un agente especializado y ese agente obtiene un mercado en el que desempeñar su actividad.

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Entonces, ¿por qué la interminable y a veces agria polémica sobre la colaboración público privada?

Las ventajas teóricas antes enunciadas, en la práctica frecuentemente se complican. No me voy a entretener en lo que ya la prensa airea de vez en cuando: llamémosle las debilidades o fragilidades morales que encajan en los aledaños de muchos procesos de contratación. Si sólo fuera eso, un sistema judicial democrático podría con ello.

Lo que de fondo se plantea son otras cuestiones que tienen que ver con la propiedad y el uso la información, y con el ejercicio del poder.

En efecto, la configuración de la colaboración es distinta si el poder público diferencia a sus colaboradores privados financieros y técnicos, o si concentra en una sola mano ambas colaboraciones, pues se pierden flujos de información esenciales para efectuar el seguimiento correcto del contratista, en especial si la relación es a medio o largo plazo.

La colaboración también queda afectada cuando el contratista, confundiendo el poder que le dan la posesión de información de primera mano y su poder financiero, tiñe su desempeño de opacidad e incluso a veces de resistencia a la autoridad o se atribuye remuneraciones impropias de un mercado público garantizado.

Ahí se producen relaciones ambiguas en las que el servidor se atribuye otras funciones o se comporta como si las tuviera. Lo que era una colaboración con el poder público se convierte en un mercado cerrado y opaco.

Otra de las paradojas está en la distribución de riesgos. La esencia del sector privado es la del riesgo y ventura, que a veces da grandes ganancias y en otras produce pérdidas. Pero la colaboración público privada es esencialmente alérgica al riesgo, de manera que normalmente queda transferido al sector público. Las revisiones de tarifa se suelen hacer bajo ese signo (y no el de la eficiencia en el gasto) y los riesgos empresariales quedan suficientemente cubiertos contractualmente como para hacer atractivo el contrato. No hace falta recordar el caso Castor por su dimensión escandalosa. Hay múltiples ejemplos de menor entidad, pero de parecido sesgo. El mundo al revés, que ha dado lugar al concepto de capitalismo extractivo, tan importante que es determinante en la explicación del éxito o el fracaso de los países.

En un tiempo relativamente reciente las grandes empresas de servicios fueron modificando la composición de su plantilla, de modo que muchos técnicos especialistas en la actividad de la empresa fueron sustituidos por juristas y financieros. Eso se nota en la evolución de los contratos y su interpretación jurídica, e induce al pesimismo respecto a la evolución futura del concepto en momentos en que la concentración de capital reduce la competencia en el sector privado. Habrá que estar muy atentos.

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