El regadío y el uso sostenible del agua

Con carácter periódico, WWF publica su informe sobre el impacto de la modernización de los regadíos españoles en el consumo de agua. El último es de 2022 y contiene elementos interesantes que contrastar con los que se esgrimen en las encendidas guerras del agua y con la batalla por el relato que algunas organizaciones agrarias han emprendido en los últimos tiempos.

Digamos, de entrada, que el mundo agrario es diverso, como lo son todos, y que la imagen del pobre agricultor atropellado por el progreso tecnológico no es representativa del conjunto del sector. Su incidencia en el problema del regadío es marginal. Bienvenidas, pues, las ayudas —no solo económicas, sino formativas y de discriminación positiva— para el pequeño agricultor que vive del campo. Lo que sigue no va dirigido a él.

El agro es hoy objeto de codicia inversora, pues la producción de alimentos es tan estratégica como la salud o la tecnología. Hablamos, pues, de agroindustria.

El título del informe WWF anticipa ya su contenido: Falsas expectativas de uso sostenible del agua en las cuencas mediante la modernización del regadío. Su enfoque es de carácter mundial y se refiere a los resultados de los esfuerzos efectuados para mejorar la eficiencia en el riego, pues ha quedado patente que se produce una gran paradoja en relación con las expectativas de ahorro de agua para las cuencas, ya que la mejora de la eficiencia de los regadíos es compatible con un incremento en el consumo de agua en las cuencas. La cuestión estriba en que la mejor aplicación de agua ha reducido especialmente los retornos por sobrantes de riego.

En España, la mejora de la eficiencia no ha ido acompañada de reducciones en los volúmenes concesionales, de forma que, al ser el agua concedida la misma que se calculó para la agricultura a manta, ahora se utiliza para obtener nuevas cosechas o para ampliar la superficie regada. Ya era conocido que el conjunto de derechos concesionales era superior al agua disponible, aunque la administración hidráulica quedaba a salvo al indicar que el derecho de uso del agua no implicaba garantía de disponibilidad. Esos derechos de uso ahora se apuran más que antes y el resultado es que por los cauces discurre, también por ese motivo, menos agua. Por eso, WWF propone rectificar la forma en que se usa la palabra ahorro en los diferentes apartados del Componente 3 del PRTR (Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia) en los que entiende como ahorro cualquier reducción de suministros. El término ahorro debe asociarse con la reducción neta de la presión por extracción de agua de las cuencas. Esta última reducción solo será real si las ganancias para la cuenca superan al “efecto rebote”. Es decir, si la reducción de suministro realizada tras el proyecto es superior a la reducción de retornos.

La mejora en la eficiencia del regadío ha sido objeto de numerosas aportaciones de dinero público. Parecería lógico que esa aportación tuviera la contrapartida de recuperar la parte alícuota de derechos concesionales necesaria para asegurar los caudales para otros usos, incluidos los que en cada caso fueran necesarios para la persistencia del ecosistema fluvial. Sobre esta cuestión es bien conocido el antecedente del Bajo Ter en Girona.[1]

Lo observado es que la mejora de la eficiencia ha sido paralela a un incremento del total de la superficie regada, a la corrección de los riegos en precario con nueva oferta de agua, la extensión de las dobles cosechas, y la promoción de cultivos más intensivos y productivos en volumen y en dinero. Todo ello manteniendo en casi el 80% el volumen de agua que usa el regadío en relación con el total. Pero no se observa un ahorro neto de agua para las cuencas hidrográficas.

En definitiva, hoy por hoy, la modernización de regadíos actúa como una medida de oferta de agua. En los casos muy abundantes en los que las masas de agua no están en buen estado, la falta de ahorro neto que resulta de ello redunda en un empeoramiento de esas masas de agua, más si se tiene en cuenta la significativa influencia del sector agropecuario en el empeoramiento de la calidad del medio receptor, pues, es general la inexistencia de medidas correctoras del impacto ambiental de esas actividades. Los retornos son menores pero más concentrados.

La sequía persistente de los últimos tiempos ha producido cambios en la actitud del sector. A la vez que se va aceptando como irreversible el uso de agua desalada o regenerada —no solo para la agricultura, sino para los usos potables en muchas zonas del país—, algunas comunidades de regantes están replanteando el tipo de cultivos que producir y puesto que la prioridad legal del agua de riego están por debajo de las de abastecimiento de población —incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal—, se plantean otras iniciativas orientadas a asegurar un mejor reparto del agua disponible para la agricultura de modo que se establezca una discriminación positiva para los pequeños agricultores.[2]

WWF propone que las oficinas de planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas verifiquen el déficit hídrico que producen las modernizaciones de regadío pasadas y futuras en las cuencas hidrográficas. Deberá ser realizada en base a que contengan adecuados y suficientes datos en los proyectos (incluyendo una propuesta de reducción de suministros y la diferencia de retornos prevista antes y después de la modernización). Para la determinación del déficit producido se deberá comparar la reducción de aportaciones propuesta por el proyecto con la reducción de retornos que provoca el aumento de eficiencia en el regadío (evapotranspiración). Si la reducción de retornos es superior a la de aportaciones, se producirá un déficit para las cuencas, así como para usuarios y ecosistemas que se beneficiaban de estos retornos.

Es vital la coincidencia de criterios entre el MITERD y el MAPA[3] de forma que el primero debería exigir al MAPA las condiciones necesarias (eficiencia del nuevo sistema de aplicación del agua, cultivos previstos, volumen de retornos de riego previstos, etc.) que se deben imponer a los proyectos de modernización de regadíos procedentes de las ayudas al amueblamiento en parcela con ayudas del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC)) con el fin de demostrar que, con su aplicación, se evitará mantener o incrementar la presión por extracción de las masas de agua derivada del “efecto rebote”.

Para ahorrar agua destinada a la cuenca tras la modernización, la autoridad del agua debe realizar una reducción de aportaciones al regadío, que tiene que ser superior a la suma del agua recuperada de estos dos conceptos.

Entre otras medidas, el MAPA debería adoptar las siguientes acciones:

• Evitar que el ahorro potencial se destine a vender agua a otros usuarios o a intensificar el regadío.
• Recuperar los costes del agua para que se cumpla el principio de quien contamina paga y se desincentive el exceso de uso.
• Corrección de las fugas de agua en las conducciones hacia el regadío en “Alta” y en “Baja” y reasignación del agua recuperada exclusivamente para alcanzar el buen estado de las masas de agua.
• Universalizar la medición del consumo de agua en el regadío y el control de la tenencia y uso de los derechos de agua.