La regulación del ciclo del agua

De un tiempo a esta parte en algunos sectores se viene insistiendo en la necesidad de un regulador y hasta de una Ley que ya estaría en fase de borrador, preparada su tramitación para cuando, por fin, tengamos gobierno.

Que el ciclo del agua tiene problemas nadie lo discute. Pero es significativo que de los muchos que hay sólo se enuncien algunos y aún, a veces, insuficientemente estudiados y, aún más, centrados en el ciclo urbano del agua, como si eso fuera todo.

Sin olvidar esas reducciones, los problemas del ciclo urbano del agua se pueden resumir en cuatro principales

• Atomización municipal
• Infrafinanciación
• Financiación impropia de otros ítems (la paradoja del agua)
• Opacidad informativa de la práctica concesional

Cada uno de ellos tiene su ámbito de solución en el marco normativo actual, y si se encuentra algo a faltar, es precisamente el desarrollo de políticas específicas que permitan afrontarlos de manera efectiva:

• Atomización municipal, estimulando los mecanismos de cooperación mediante mancomunidades o consorcios públicos y/o delegación competencial a comarcas o diputaciones.
• Infrafinanciación, promoviendo una política tarifaria sana mediante incentivos a la progresiva internalización de los costes del servicio en las tarifas.
• Financiación impropia de otros ítems, la llamada paradoja del agua que, siendo un servicio infrafinanciado, muchas veces financia otros capítulos del presupuesto de su titular, sea municipal o autonómico. Deberían identificarse –por ejemplo vía benchmarking- los conceptos impropios que puedan estar incorporados, como los cánones al uso que no se apliquen a financiar el servicio, y formalizar escandallos conceptuales que expliquen los costes admisibles en un estudio de tarifas.
• Opacidad informativa, observada en las relaciones entre determinadas empresas del sector y sus administraciones contratantes, que debe resolverse mediante la formulación de pliegos de condiciones que induzcan a la transparencia y la aclaración por vía normativa o jurisprudencial del derecho del titular del servicio a la totalidad de la información que maneja el gestor o contratista del servicio público.

En realidad, la figura del regulador ha prosperado al socaire de los servicios de interés general. Esos servicios, como los energéticos, las comunicaciones o la banca, son propios de empresas privadas que operan en mercados abiertos que la administración desea regular, es decir intervenir.

Los servicios públicos del ciclo del agua son otra cosa, tienen un titular público y por tanto no necesitan intervención, a no ser que se quiera reconocer que su titular requiere de tutelas. ¿Cómo llamar por el mismo nombre a dos situaciones completamente distintas?

En realidad, todo sucede como si las empresas privadas del sector desearan la liberalización del ciclo urbano del agua, como ya en su día se liberalizaron los servicios de gas y electricidad, o más recientemente los servicios funerarios. ¿Es que se pretende que sean lo mismo? Quizá en el fondo estamos asistiendo a un intento de funeral de esos servicios públicos.

Reconocer un problema no autoriza a empeorarlo. Y eso es lo que sucedería forzando una solución en falso por vía normativa, que añadiría nuevos problemas a los ya existentes. La regulación nunca va a sustituir la ausencia de políticas proactivas que afronten de manera ordenada los problemas reales.

El prestigio del regulador ha quedado seriamente cuestionado en la larga crisis que padecemos. No se ha observado agudeza previsora ni sensibilidad social por parte de esa institución. Por otra parte, los servicios de abastecimiento y saneamiento son únicos en cada zona urbana; la naturaleza monopolística de un servicio esencial es indisociable de su carácter de servicio público. Y a su vez esa naturaleza es la que hace a esos servicios especialmente atractivos para el sector privado.

La presión del sector privado para obtener un regulador se observa especialmente dirigida al régimen económico (tarifas) y a la unificación gestora del ciclo integral del agua. Lo primero, y como ya se ha dicho, sin un análisis de los problemas reales, con frecuencia contradictorios. Lo segundo, sin resolver problemas técnicos concretos, incrementaría sin necesidad la monopolización gestora del ciclo del agua.

Al igual que el movimiento remunicipalizador es indudablemente político, la presión para el establecimiento de un regulador a nivel del Estado debe identificarse como un movimiento desmunicipalizador de connotaciones vinculadas al interés del sector privado: se trata de deslizar el concepto de servicio público hacia el de un servicio privado de interés general. Los partidarios de la desmunicipalización deberían explicar mejor sus motivos: ¿qué soluciones va a aportar la regulación a los problemas reales observados?. ¿Por qué insistir en la eficiencia cuando el problema es otro?

El efecto combinado de esas propuestas sería, sin duda, una reducción adicional de competencia en el sector, un incremento del grado de opacidad observado y la pérdida definitiva de la capacidad de control del servicio público por parte de su titular. Se transformaría de hecho en un servicio de interés general, como ya lo son los servicios energéticos o la banca.

Al respecto es inevitable una cita: El incendio europeo tiene mucho que ver con esta monopolización de la economía. La política europea de las últimas décadas ha sido business friendly (amigable para los negocios) pero no competition and people friendly (amigable con la competencia y los consumidores). La primera beneficia la economía golfa. La segunda a la competencia. El análisis económico tiene muchos argumentos a favor de la competencia; ninguno a favor de los monopolios y negocios protegidos.[1]

El sector privado debería centrar sus esfuerzos en el importante papel que tiene como auxiliar tecnológico en la gestión de los servicios públicos y potenciar su mejor imagen como cooperador de la administración municipal. No es poco. Y la administración del Estado, más política y menos leyes, que ya tenemos muchas.