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Las referencias a la eficiencia en el PHN y sus sucesivas modificaciones son escasas y genéricas. La ley 10/2001 del PHN cita la eficiencia en el preámbulo y, en el artículo 2, se propone, entre otros objetivos, gestionar la oferta de agua y satisfacer las demandas de aguas presentes y futuras a través de un aprovechamiento racional, sostenible, equilibrado y equitativo del agua, que permita al mismo tiempo garantizar la suficiencia y calidad del recurso para cada uso y la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles.

Bien es cierto que la función de esta ley va muy orientada a la coordinación entre los diversos planes de cuenca y el aseguramiento, mediante los correspondientes trasvases, del equilibrio de disponibilidad entre las diversas cuencas. Nadie olvida que el trasfondo de la ley era el gran trasvase del Ebro hacia el sur que, por su propia naturaleza, desmentía los principios de respeto ambiental que también pregona la ley.

Llama la atención que la Ley se fundamenta en dos supuestos implícitos:

  1. El respeto a los planes de cuenca, y por tanto a la autonomía de las respectivas Confederaciones Hidrográficas, tradición inveterada desde su fundación.
  2. El establecimiento de señales económicas únicamente para los trasvases, sin atender a las señales económicas internas que en los propios planes de cuenca deberían acreditar la correcta asignación del agua, su uso eficiente y, en todo caso, la necesidad de más agua que en el fondo sería la justificación del trasvase.

Puede interpretarse que el segundo supuesto es consecuencia del primero, y ciertamente lo es. Pero en ese caso aparece un segundo elemento, que se explicita en el objetivo citado en el preámbulo: gestionar la oferta de agua. Es decir se da por supuesto que hay suficiente agua para todos los usos, incluidos los ambientales, y que tan sólo se trata de repartir bien.

La ley establece el canon del trasvase, tributo ecológico que, por su naturaleza de tasa, “atenderá tanto los costes de las transferencias autorizadas por la presente Ley, como los derivados de las compensaciones de carácter ambiental a las cuencas cedentes por el agua trasvasada”. De esa forma, se establecen las bases para el cálculo de la oportunidad del trasvase, en términos de coste alternativo en relación al recurso disponible en cada cuenca.

Con ser un primer paso, hay que señalar que eso no garantiza el uso eficiente del agua en cada cuenca; como se ha dicho, es tan sólo un mecanismo para regular la oferta global de agua.

Por otra parte, la forma de calcular el coste efectivo a imputar a los beneficiarios del trasvase está sometida a grandes incertidumbres. En efecto, cuatro años más tarde, la ley 11/2005 vino a modificar la Ley 10/2001. Se reconoció que en relación al trasvase del Ebro, los costes habían sido infravalorados, las repercusiones ambientales no se fueron analizadas adecuadamente y tampoco la disponibilidad efectiva de agua para trasvasar.

Parecería lógico que el PHN se hubiera ocupado de cuestión tan primordial como el uso eficiente del agua en cada cuenca. Ese tratamiento no sólo hubiera sido más sencillo y menos polémico sino que es la forma de asegurar un coste de referencia para estudiar las alternativas y el coste de aportaciones de agua de otras procedencias. Por otra parte, la tecnología ha puesto otros recursos hídricos a disposición, ya sean las aguas desaladas o las regeneradas.

En definitiva y en sus diferentes versiones, el PHN se olvidó de crear instrumentos económicos que permitan asegurar el uso eficiente del agua. O, simplemente, consideró que esa no era su razón de ser.

Más recientemente el MAPAMA recuperó la idea de la eficiencia pero sólo para aplicarla a los usos urbanos del agua. Federico Ramos, Secretario de Estado de Medio Ambiente, así lo expresó en una ponencia presentada en Valencia el abril 2014. “La cuestión que cabe plantearse es si la Administración General del Estado puede intervenir en la regulación del ciclo del agua de uso urbano”.

Quizá algún día se conozca el motivo de esa prioridad -cuando los usos mayoritarios de agua son otros- así como la forma de abordarla, al margen de la planificación hidrológica general. ¿Cómo se puede acreditar la política de eficiencia si el administrador del recurso no emite la señal económica adecuada hacia todos sus usuarios?. Habrá que estar atentos a los próximos movimientos.

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