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Regular al regulador (1)

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  • Regular al regulador (1)

Las premisas ideales que se atribuyen al buen regulador son independencia, competencia y autoridad. Ahora bien, en toda organización pesa la tradición –que es su cultura-, y si esa figura pretende extenderse a otros ámbitos sin una reflexión crítica sobre su funcionamiento, es muy probable que sus rasgos esenciales se vayan a reproducir. Más aún, si el nuevo sector a regular es el que anda pidiendo la extensión de ese modelo regulatorio como cobertura para su actividad: desea lo que conoce.

En relación a la independencia, si atendemos a los grandes sectores ya regulados, encontramos dudas históricas que han sido ámpliamente estudiadas. Gabriel Tortellá nos recuerda cómo se formó el oligopolio eléctrico bajo la dictadura de Franco: A pesar de sus tendencias intervencionistas y totalitarias, Franco manifestó gran respeto por los intereses económicos privados, especialmente cuando las figuras destacadas de tal sector habían contribuido sustancialmente a financiar la sublevación que inició la Guerra Civil, como fueron los casos de Juan March y José Luis de Oriol.[1]

Y más adelante, en relación a la banca: Cuando llegó el momento de renovar la legislación bancaria, en 1946, muchos creyeron que el régimen de Franco nacionalizaría los bancos y, posiblemente también, la electricidad, como se había hecho en Francia y, para la electricidad, en Inglaterra. Pero no fue así.

Juan María Nin ha explicitado recientemente la naturaleza del pacto tácito entre el poder político y el sector financiero por el que el primero le da apoyo a cambio de que el segundo le preste el dinero de sus depositantes.[2]

Es difícil la independencia cuando se crean vínculos tan intensos. Tortellá concluye: Este compacto bloque de poder financiero-eléctrico fue una de las herencias que el franquismo legó a la democracia. Han ocurrido muchas cosas desde la Transición, pero el poder de las eléctricas permanece, y constituye un serio problema económico que trasciende a la política. Y esa es la historia de España, el contexto en el que han crecido mitos y símbolos como el palco del Bernabeu o el capitalismo de BOE. No hay más que ver la sobreabundancia de empresas reguladas en el IBEX para comprender los efectos benéficos de esa situación, que a su vez las protege de la entrada de nuevos operadores.

Y es que la regulación –que como su nombre indica trata de las reglas del juego- se ejerce en dos ámbitos: el de la emisión de normas, función que corresponde al Parlamento (leyes) y al Gobierno (decretos, órdenes); y el de su interpretación, que corresponde a la autoridad ejecutiva o a los jueces. O, en los servicios regulados, se encomienda al regulador.

El problema de la independencia también tiene relación con la costumbre, la aversión al riesgo y la accesibilidad del regulado al regulador. Recientemente hemos sabido del plante de Iberdrola al gobierno en relación con las centrales nucleares, al exigir una reducción de la fiscalidad asociada.[3] Aquí ya no se pide un regulador independiente sino, directamente, cambios regulatorios. Quizá no sea la primera vez. Para un ciudadano de a pie resulta inconcebible pero a la vez ilustrativo: el regulador, ¿regulado? ¿Cuál es el margen real de maniobra de un gobierno como el nuestro frente a intereses tan poderosos?

Claro que el sector del agua no ha llegado a ese extremo. Pero la experiencia de su relación con algunos municipios y la resistencia observada a lo que se espera entre un contratante y un contratado muestran maneras poco alentadoras. Y la capacidad de penetración en los círculos del poder central es creciente: se han visto diferentes muestras en los últimos años en relación al gobierno y a algún grupo parlamentario;[4] pero las más explícitas han sido la reciente beligerancia de la Abogacía del Estado en relación al proceso de remunicipalización del agua en Valladolid –que en otros tiempos hubiera sido cuestión insignificante para esa institución- o la disposición adicional 27 del proyecto de ley de Presupuestos del Estado, que supone una carga de profundidad para esos procesos y una limitación esencial para la autonomía municipal, ya fuertemente condicionada por otras leyes[5]. 

Y no olvidemos que alguna de las propuestas que circulan, prevé la posibilidad de que los servicios del regulador sean sufragados por sus usuarios mediante una tasa. Magnífica forma de abaratar un servicio que hoy no tiene coste y de garantizar la independencia del regulador.

El abastecimiento de agua tiene un titular, el municipio. Y muchas comunidades autónomas tutelan esa titularidad en función de sus competencias. ¿Cómo creer en un regulador independiente cuando de lo que se trata es de hurtar esa capacidad para subsumirla en el marco de una tradición regulatoria opaca y lejana?

Podemos estudiar tradiciones de otros países, claro. Pero no ignorar cómo se han producido las cosas en nuestro país, ni los daños que se van a producir en términos de credibilidad política o coste económico para el ciudadano.

Mejor llamar las cosas por su nombre y decir que, invocando al liberalismo, vamos a crear un nuevo mercado protegido del que no tenemos ninguna necesidad. Como el dicho popular, al revés te lo digo para que me entiendas.



[1] Energía y poder, pasado y presente. El País, 29/12/2013.

[2] Soy partidario de dejar quebrar a los bancos. Entrevista a Juan María Nin. El País Negocios, 9/04/2017.

[3] Iberdrola se niega a pedir la licencia de Almaraz y Vandellós si no baja la fiscalidad. Cinco Días, 10/04/2017.

[4] Una de las primeras iniciativas de Ciudadanos, el 21 de marzo de 2016, fue una proposición no de ley sobre el desarrollo de una nueva regulación para la gestión del ciclo integral del agua en España. El texto del escrito reduce esa gestión "integral" al agua urbana, en consonancia con las pretensiones del sector y en contradicción con los postulados que se enuncian. Véanse también las enmiendas, curiosamente coincidentes en su contenido, presentadas por diversos grupos al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público.

[5] Adicionalmente, véase la apropiación del superávit municipal prevista, que ha indignado a la FEMP. Su presidente, Abel Caballero ha explicado que lo de Montoro es intolerable y perverso con los municipios. El País, 15/04/2017.

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