Aqualia
Connecting Waterpeople

Tantos años de crecimiento desaforado de la producción agrícola, con agua legal o ilegal, casi nunca con respeto ambiental. Tantos años de crecimiento urbanístico desconsiderado como si el paisaje urbano fuera inocente e independiente de las necesidades y los resultados ambientales. Tantos años de pasividad administrativa que toleró los impactos como si fueran una inevitable consecuencia del desarrollo de la región, tan pobre antes del turismo y del trasvase, tan próspera cuando les llegaron esas bendiciones.

Entre todos la mataron y ella sola se murió. Y cuando murió, resultó que las viviendas habían perdido valor, y que el instinto comercial de algunos comprendió que podía ser popular pedir cuentas a los agricultores sobre sus procedimientos de producción.

Y resultó que el sacrificio solidario del Tajo fue puesto en duda desde la cuenca cedente, y además se apuntó que sin el trasvase quizá el Mar Menor no habría fallecido.

Quan fou mort, el combregaren (le dieron la comunión después de muerto). O, a buenas horas, mangas verdes. Los refraneros se refieren, en todos los idiomas, a ese absurdo procedimiento por el cual la realidad debe mostrar su dramatismo para impulsarnos a la acción, que llega tarda.

El nuevo escenario no sólo dio lugar al estupor de los que nunca dieron importancia a la cuestión; no sólo ha abierto paso a la evidencia de las consecuencias del descontrol desarrollista, sino que ha producido curiosas reacciones en las que de pronto las administraciones se van poniendo las pilas para hacerle el boca a boca al difunto y ver si se le puede insuflar nueva vida.

De repente, todos aportan inversiones ya sea con recursos propios o no. De repente, se clausuran hectáreas de cultivo ilegales o se clausuran desalobradoras; la justicia obliga a arrancar plantaciones de cítricos que estaban ahí tan ricamente desde tiempo atrás y pide de todo para seguir el rastro del agua: un informe pericial sobre la cantidad de agua que necesitaban las empresas y agricultores para la producción de frutas y hortalizas que obtenían cada año; información sobre las cantidades adquiridas por cada una a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que fundamentalmente proceden del Trasvase Tajo-Segura, deduciendo así cuánta habría tenido que venir de otros orígenes; los informes con los datos de quiénes tenían desaladoras y pozos, su situación de legalidad y uso y el nivel de nitratos de sus aguas; así como las facturas que recogen cuándo y cuánto producto químico compraron susceptible de ser utilizado en procesos de desalación.

Sin pretenderlo, los aplicados administradores del Estado, de la Región, de la Confederación, del Poder Judicial, han mostrado a la vez todo lo que no ejercieron en cumplimiento de su deber, y las consecuencias de no haberlo hecho: la muerte del Mar Menor. Hasta la Unión Europea se ha enterado ahora de que en España no se cumple con la directiva de nitratos.

Y no sólo eso. También se muestran los recursos públicos empleados en el intento de revitalizarlo, que, de haber cumplido con sus obligaciones profesionales e institucionales, se podrían haber dedicado a otras necesidades que ahora quedarán sin cubrir. El dinero público, una vez más, ha venido a corregir la irresponsabilidad ambiental de los usuarios del agua y de aquellos que durante tiempo miraron hacia otro lado.

Y no sólo eso: se ha creado una cultura del abuso del agua que ahora algunos exhiben, con la mayor naturalidad, como derechos adquiridos.

¿Qué fracción de los beneficios obtenidos por el sector se va a aplicar a esa tarea? ¿Quién, de esos, cree en los derechos de la naturaleza? ¿Quién responde de los perjuicios a terceros? ¿Quién va a tener credibilidad para explicar, honradamente, la razón de esas actuaciones? ¿Va a ser verdad que la publicidad comercial puede lo que no puede la participación política? ¿Con que autoridad se puede seguir reivindicando el trasvase y afirmar que el Plan Hidrológico del Tajo carece de rigor técnico ni ambiental?

El presidente regional de COAG dice que teme que las empresas que tengan capacidad de deslocalizarse dejen el Campo de Cartagena, y, quizá para evitarlo, pide a la Confederación Hidrográfica y al Ministerio que permitan extraer agua del acuífero del Campo de Cartagena, que está rebosando y cargado de nutrientes que van al Mar Menor.[1]

Es decir, empieza reconociendo que los nutrientes están ahí, aunque no entra en las causas. Tampoco entra en cómo lavar el soporte material del acuífero ni en cómo sustituir el agua contaminada por agua limpia, ni qué hacer después de esa operación.

Llama la atención que la misma organización, en Andalucía denuncia triquiñuelas, para ampliar la zona regable y llevar a agua a tierras de secano, a pesar del déficit hídrico agravado, además, por la sequía.[2]

¿Cómo se puede defender, a la vez, una cosa y su contraria? Así ha sucedido con el PP de Aragón, contrario a los trasvases, mientras Pablo Casado trata de resucitar el plan Borrell de 30 años atrás, con amplias interconexiones entre cuencas excedentarias y deficitarias.

Y es que lo que no es sostenible, no se sostiene; a la corta o a la larga, o se redimensiona o se cae. Así es la realidad. A no ser que otros se encarguen de sostenerlo a través de los impuestos que pagamos todos o de tarifas especiales en servicios que al final también pagamos entre todos.

Leo que ahora los regantes del Campo de Cartagena exigen el colector norte y que, en sus alegaciones al nuevo Plan del Segura, se comprometen a seguir colaborando para acabar con la contaminación y controlar el uso de pozos. Ojalá sigan con mayor intensidad que hasta ahora.

El resumen se puede hallar en aquello que no se dice: en la campaña murciaturística.es se proponen Diez razones para visitar la Región de Murcia. Una de las 10 son sus espacios naturales. Tiempo atrás, la primera opción hubiera sido el Mar Menor. Hoy, no se menciona. Qué tristeza para aquellos que, murcianos o no, aprendimos a amarlo.

[1] La Verdad, 21 de diciembre de 2021.