Asistimos a una revisión profunda de los significados de las palabras, de su campo semántico y la definición de sus límites con palabras vecinas. Los tiempos cambian y cada mundo necesita de su relato. También el sector del agua, que está muy agitado. Algunos ejemplos:
He podido constatar digresiones sobre el significado de competencia y titularidad en materia de servicios públicos, a las que se entregan algunos sesudos juristas, de las que derivarían distintas situaciones o formas concesionales de las empresas del sector del agua.
Por otra parte, se analizan las posibles diferencias entre la posición de la administración como garante de un determinado servicio o como prestadora de los servicios. Este presunto dilema pretende evitar el concepto de titularidad, ya que ese pertenece a una categoría superior al de la forma de prestación del servicio. Pues la posición de garante frente al ciudadano lo es en virtud de su titularidad.
De esa manera, se olvidaría el papel esencial de la administración local y el debate se circunscribiría al de las formas de gestión. Por otra parte, ese desapoderamiento de la titularidad municipal abriría la puerta al regulador superior, lo que supondría que la negociación regulatoria –derechos, obligaciones, tarifas- se desarrollaría al margen de los municipios, que es lo que desea el sector privado en términos estrictos de intereses de mercado y de interlocución discreta.
También son interesantes las matizaciones que se van proponiendo al concepto de riesgo operacional que deriva de la Ley de Contratos del Sector Público y la forma de trasladarlo a los contratos de concesión. Es conocida la vieja contradicción entre los conceptos riesgo y ventura –en los que clásicamente se fundamentó la concesión de servicios al sector privado- y equilibrio económico –que es el que reclama el sector frente a cualquier modificación de costes. Siempre a la baja y sin mediar valoraciones de las prácticas históricas observadas, esos exégetas se afanan en suavizar las consecuencias de la transferencia de riesgos en unas interpretaciones de la ley que mantengan las garantías que tradicionalmente han encontrado las empresas del sector privado en la gestión concesionada de servicios públicos.
Aunque algunos autores lo hacen de forma desinteresada, no es menos cierto que el sector destina muchos recursos al desarrollo de conceptos jurídicos y a su difusión en los círculos de opinión. Sería de gran interés conocer el mapa de los encargos que reciben los distintos departamentos universitarios y conocer así el grado de independencia o las eventuales relaciones con las opiniones que defienden en determinados foros.
Más recientemente, el Sr. Manuel Marchena se ha permitido manifestar que “el debate está en la calidad del agua, no en quién la gestiona”.[1] Esa opinión, respetable como todas, no puede desvincularse de su condición de presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de Agua, AGA. Es decir, es de suponer que representa la opinión corporativa mayoritaria de sus asociados. Pero esa opinión no es la de los ciudadanos representados democráticamente en los municipios, que son los titulares de dicho servicio público.
Lewis Carroll ya advirtió sobre las palabras y su significado.
-Cuando yo uso una palabra –insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso- quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos.
-La cuestión –insistió Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
-La cuestión –zanjó Humpty Dumpty- es saber quién es el que manda…, eso es todo.[2]
Pues eso, el problema no es si gestión pública o privada, hasta aquí podríamos estar de acuerdo. La cuestión es saber quién manda, es decir cuál es el lugar de cada actor en la prestación de un servicio público. Y de eso, así como de los riesgos que asume el sector privado cuando gestiona un servicio público –o simplemente, de cual es el verdadero valor añadido de su aportación en términos de interés público- es de lo que hay que hablar.
Con frecuencia se lee que tal o cual han hecho acusaciones falsas contra alguien. Nada más confuso: cuando se hace una acusación esa siempre es verdadera. Lo que quizá sea falso es el contenido de esa acusación. A veces las verdades o falsedades son consecuencia de una cierta limitación en la capacidad expresiva, o de una verdad formulada a medias.
Pensamiento y lenguaje tienen una relación íntima puesto que el primero no existe sin el segundo. Si se altera el lenguaje se condiciona el pensamiento, pues lo que no se dice no existe y lo que se dice toma la forma del lenguaje con que se expresa.
Y a veces, lo que se entiende bien es el trasfondo ideológico de lo que se dice. Aquí, más que nunca, se puede observar que el primer eslabón de la política es el de la democracia municipal. Por su proximidad al ciudadano, de su salud y fortaleza depende la credibilidad de todo el sistema.
