Las tarifas del agua

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Los servicios públicos tienen un coste. Sea quien sea que lo soporte, ese coste debe ser reconocido y su imputación debe ser transparente. En materia de agua, la Directiva Marco del Agua señala en su artículo 9 que los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes ambientales y los relativos a los recursos, a la vista del análisis económico efectuado, y en particular de conformidad con el principio de que quien contamina paga.

El objetivo es, por un lado, que la política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para el uso eficiente de los recursos hídricos y, por otro, que los análisis económicos aporten elementos de apoyo a la toma de decisiones, con el fin de alcanzar los objetivos medioambientales. Ese objetivo se debe trasladar al plan hidrológico, que debe incluir un resumen del análisis de los costes, los ingresos y el nivel de recuperación del coste de los servicios del agua, incluyendo al menos la siguiente información:

  • Costes de los servicios del agua
  • Costes ambientales y del recurso
  • Ingresos por los servicios del agua
  • Nivel actual de recuperación de costes
  • Previsiones de las inversiones previstas para cada uno de los servicios del agua.

A partir de aquí se abre un mundo en el que cada grupo de usuarios tiene sus tradiciones y expresa sus intereses. No es extraño a ello el fracaso de la planificación hidráulica observado hasta el momento.

Voy a tratar de aproximar algunos conceptos de carácter general.

La consideración de los costes completos que señala la Directiva multiplica los costes reconocidos hasta el momento. Y su traslado a coste efectivo para los usuarios alteraría los escandallos de muchos procesos productivos que deberían replantear su viabilidad o sus prioridades. No siempre se trata de producciones estratégicas para nuestra política interna, a veces son subvenciones a terceros países que, buscando agua barata, invierten en nuestra agricultura sus excedentes petrolíferos; otras veces se altera la rentabilidad comparada de distintas fuentes de energía primaria.

Sería deseable efectuar un análisis comparado del grado en que se contemplan todos los costes en cada uso del agua y, a su vez, de la cobertura de esos costes que se alcanza en las contraprestaciones económicas que se aplican en cada caso, sean tasas, tarifas o cualquier otra forma. Probablemente encontraríamos que, aún con ser insuficiente, el mayor grado de cobertura se alcanza en los servicios urbanos.

Sea cual sea el uso del agua, se puede observar que el coste fijo es superior – a veces muy superior- al coste variable. Los costes fijos suelen estar asociados a amortizaciones, personal y términos fijos de suministros como el eléctrico. Estos costes fijos se asocian al coste de disponibilidad del servicio, o, si se quiere, al coste de garantía de suministro.

Ello plantea un problema singular, pues el mundo del agua está acostumbrado a pagar básicamente por consumo. En las últimas décadas, se ha generalizado la cuota de servicio, que se relaciona con algún parámetro de disponibilidad requerida por el usuario. Esa es la función que se atribuye, por ejemplo, al diámetro de contador como referencia para la determinación de las cuotas de servicio. Las bocas de incendio constituyen un ejemplo de servicio de disponibilidad que ordinariamente no comporta consumo.

En los usos urbanos también se han implantado otros criterios como la tarificación por bloques de consumo. Ello sirve a estimular la moderación en el uso del agua y a establecer un sistema de subvenciones cruzadas entre usuarios de forma que los que más consumen pagan por encima de la media y los que menos, pagan por debajo.

Con todo, es difícil comparar las tarifas de los distintos servicios: donde el agua viene rodada de manantial será distinto de donde haya que bombear de pozos profundos. Donde el agua requiere costosos tratamientos, será distinto de si el agua es limpia. Y la relación entre coste y pérdidas en red tampoco es clara salvo donde la autoridad hidráulica introduce la cuña fiscal que estimula el uso eficiente.

En ese contexto, los estudios comparados de tarifas son meros ejercicios de estilo a los que se puede vincular cualquier mensaje. Una tarifa puede ser elevada por los costes de disponibilidad del agua o por soportar una gran inversión en infraestructura de distribución. Y a su vez, esa inversión en infraestructura puede respondes a necesidades objetivas del servicio o ser el fruto de tolerancia con los promotores urbanísticos a los que se dispensó de sus obligaciones.

En ese contexto, comparar tarifas y relacionar su coste con la forma de gestión es temerario. No es posible hablar de mitos derribados y menos si se considera que las empresas mixtas no actúan con la lógica de las empresas privadas como ha subrayado algún gabinete de comunicación en relación a un estudio comparado.

La mezcla de churras con merinas demuestra que sigue habiendo sequía comunicativa y confusión. Sería interesante que alguna de las cátedras o alguno de los foros al uso organizaran debates de fondo sobre la cuestión. El Pacto Nacional de Agua requiere un lenguaje mínimamente compartido aunque sea para pactar desacuerdos.

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