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El agua ha comenzado a cotizar en Wall Street como un recurso escaso, al igual que los metales, los combustibles, u otras materias primas valiosas. No debería sorprender, pues no abundan los países –como es el caso español- en que el agua es dominio público del Estado, y sólo una pequeña parte del agua dulce, el agua de abastecimiento urbano, está protegida como un servicio público. Más escaso es aún el reconocimiento del derecho al agua como derecho humano esencial. Estamos lejos de los objetivos del milenio y lejos de que el agua sea considerada por consenso internacional un recurso público protegido de las leyes del mercado.

Incluso en países de fuerte tradición en la protección del recurso hidráulico como es el nuestro, existe el intercambio de derechos del uso del agua, reconocido por la Ley de Aguas y del que hace años se puede hacer uso mediante ofertas públicas de adquisición y cesión de derechos de uso del agua a través del precio que figure en dicha oferta pública.

En realidad, sabemos de ello desde mucho antes de la creación de los intercambios de derechos. El minitrasvase del Ebro a Tarragona fue fruto de una negociación con ese trasfondo, que quedó plasmada en la Ley 18/1981 sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona y que supuso la implantación de un canon especifico destinado a mejorar las infraestructuras de regadío del Bajo Ebro.

El valor de cotización del agua en el mercado, casi medio dólar por metro cúbico, puesto en relación con los dos céntimos de euro que pagan los regantes del valle del Ebro[1] orienta sobre el margen de maniobra disponible para operaciones de ese tipo, sobre las que se han hecho planteamientos análogos en otros casos. Sin duda el mercado ha comprendido la gran diferencia entre el valor atribuido y el precio pagado, y por aquí se ha colado.

El agua cotiza en el mercado de futuros. Se puede interpretar que ese paso intenta “minimizar en lo posible la volatilidad de materias primas expuestas a imponderables (una sequía, un incendio o cualquier catástrofe natural), y amarrar su precio a unos límites previsibles, de forma que así se pueda contribuir a reducir los conflictos derivados de su distribución”. Tampoco eso es nuevo ni exclusivo de los mercados. Sin ir más lejos, el año 2012 Aigües Ter Llobregat introdujo un factor de garantía interanual para cubrir los sobrecostes del servicio en años secos en los que escasee la disponibilidad de aguas más económicas que son las que se utilizan con carácter ordinario. Se puede considerar que esa es una forma de asegurar la tarifa frente a las incertidumbres del futuro.

En realidad, la entrada del agua como elemento de cotización en los mercados debe ser una señal para todos los que deseamos que el agua sea y siga siendo un recurso público. En mi opinión, indica que la mejor forma de evitar la especulación es favorecer su uso eficiente. Y eso no se alcanza sin una señal económica clara.

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Por otra parte, el valor social del agua va más allá de su valor de uso, sea para abastecimiento, higiene pública o como factor productivo. El valor ambiental, que es el principal activo de futuro de que disponemos, no suele cotizar en los mercados. Por tanto es previsible que las tensiones entre lo privado y lo público aumenten allí donde el agua sea escasa o donde la falta de infraestructuras dificulte el acceso a ella.

El relator especial de la ONU para el Agua y profesor emérito de Análisis Económico Pedro Arrojo, sostiene que es importante no confundir valor y precio. Muy cierto. Como dice el refrán, sólo los confunde el necio. Ya hemos visto cómo el mercado no los confunde, sino que se aprovecha de esa diferencia.

Tan importante como eso, o quizá más es, en primer lugar, atribuir valor público al agua. Eso se hace mediante la definición de las políticas idóneas, es decir sacando el concepto del diccionario y dándole cuerpo concreto con respecto al agua y su relación con la sociedad gobernada.

En segundo lugar, se debe conocer el coste de esa atribución de valor. Eso permite distinguir entre el precio repercutido y la forma de costear cada servicio, ya sea el regadío, el abastecimiento o los usos ambientales. Es decir, deben definirse las cargas políticas que soporta el precio o, en su defecto, los riesgos económicos en los que se incurre por descapitalización de los servicios relacionados con el agua.

Otra cuestión relevante se refiere a la frecuencia con que buena parte del precio no se aplica a cubrir costes sino a otros conceptos (cánones, beneficios u otras externalidades como pueden ser pactos cruzados o contratos con empresas vinculadas, tan frecuentes).

La información asociada al uso y al ejercicio del derecho al agua adquiere relevancia especial si se tiene en cuenta que el origen y el acceso a esa información es, en muchas ocasiones, privado. La información no es agua, pero es un activo asociado que adquiere valor creciente.

Paradójicamente, los supuestos del mercado del agua sólo pueden funcionar de forma eficiente cuando las consideraciones económicas están por encima de otras. El mercado establece que acceso al agua recibe el mismo trato que cualquier bien no esencial. En situaciones de escasez o de competencia alternativa por su uso, es inevitable otro tipo de consideraciones que vayan más allá de la disponibilidad a pagar. Como es necesario evitar que la dinámica concesional cree espacios desde los que poder especular con el recurso.

El riesgo está precisamente aquí. Los partidarios del mercado del agua lo explican diciendo que “en teoría, de esta forma lo que estás haciendo es generar incentivos para que la gente sea más eficiente porque los derechos excedentarios de agua los puede llevar al mercado. Además, esto sirve para garantizar que el agua que haya disponible llegue a priori dónde se necesita y conseguir liquidez en este mercado que eventualmente pueden financiar inversiones de mejora, orientadas a la conservación del recurso.”[2]

Blanco y en botella, el parqué se ha constituido en un nuevo campo de batalla por el agua.

[1] La batalla por el agua ahora se libra en Wall Street. El País, 20 de diciembre de 2020.

[2] Gonzalo Delacàmara. El País, 9 de diciembre de 2020.

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