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¡Qué cosas pasan!, los españoles acabamos de mandar un mensaje a favor del diálogo y casi simultáneamente, se emite un mensaje excluyente en nombre (¿en nombre?) del mundo del agua.

“Si el debate va a ser la remunicipalización, no hay proyecto para agua” nos dice José Carlos Díez. “El que hable de remunicipalización no tiene proyecto ni para el planeta ni para su propia casa.” ¡Pues vaya! Yo conozco a unos cuantos, un montón de personas, que si: tenemos proyecto para el mundo del agua; incluso para el Sr. Díez. Y no me atrevo a afirmarlo, pero no me extrañaría que fuéramos mayoría.

Y sigue con los catastrofismos:

¿Cargarse el sector del agua? ¿Cómo se va a poder destruir un sector que presta un servicio esencial básico, insustituible para cualquier sociedad?

¿Destruir empleos? Pero ¿es que los empleos sólo los crea el sector privado? ¿ha sucedido algún drama con el empleo en el Canal o en cualquier otra empresa pública del sector?

¿Necesidades de inversión? Claro que las hay pero cuando el sector no se conforma con rentabilidades financieras inferiores al 6%[1], quizá es más razonable acudir a los bancos cuyos tipos de interés son notablemente inferiores.

El lema que parece presidir la argumentación del Sr. Díez es Good for money, good for society. O como dice el clásico, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La idea me parece bien, con la salvedad de que un servicio público no tiene que estar al servicio de un sector privado, y menos cuando éste no está dispuesto a ser competitivo, sino que pretende imponer sus propias reglas.

Naturalmente, el sector público necesita contratar servicios. Ya sean financieros, tecnológicos, o de cualquier otra naturaleza. Se ha hecho circular el argumento de que la gestión pública fracasa, pues donde se ha promovido se acaban contratando servicios a empresas privadas. Pero, ¿es que las empresas privadas no practican el outsourcing? ¿Hay que tratar de incapaz a una empresa privada que subcontrata? ¿Quién ha dicho que la gestión pública es cosa exclusiva de funcionarios?

A veces sospecho que el sector privado, o al menos algunos de sus más conspicuos portavoces, no han comprendido el problema - o quizá hacen como que no lo comprenden. Pero también es cierto que algún representante del sector ha puesto las cosas en su sitio cuando dice que ellos son meros gestores de un patrimonio público. Es eso, pero no solo eso: hay que comprender que un servicio público es algo más, pues las reglas económicas deben adaptarse a las garantías sociales. No es contradictorio, simplemente es otro marco que hay que conocer y respetar.

De eso se trata: el sector privado del agua, al menos en España, creció al amparo de un servicio público y es a él a quien se debe, no al revés. Y si ese sector encuentra negocios más jugosos en el exterior, adelante. Pero aquí su ejercicio debe estar estrictamente regulado y sometido al poder público.

Es cierto que la evolución del sector en España le ha colocado en una posición preeminente en el mundo, aunque también es cierto que algunas de esas empresas ya no son, hablando en puridad, españolas, pues sus centros de decisión estratégica están fuera del país. Y por otra parte es normal, pues esa es la dinámica de la globalización.

Es cierto que para asegurar la sostenibilidad del ciclo urbano del agua se tiene que incrementar la inversión en la ampliación y renovación de infraestructuras, en especial, y en el corto plazo, en alcantarillado y saneamiento.

También hay que considerar los riesgos de una negociación desigual entre grandes poderes económicos y pequeños poderes públicos. En relación al tamaño de las corporaciones, es casi indiferente que el poder público sea local o del estado. La capacidad de maniobra de los poderes públicos es escasa y solo se puede mejorar si se buscan los escenarios más favorables.

La cruda realidad de la crisis ha mostrado la gran capacidad de gestión de los municipios, que son los que primero han saneado sus cuentas. En tiempos de tribulación democrática, ellos son la institución más próxima al ciudadano y los responsables de servicios esenciales como el del agua. Su buena gestión refuerza la credibilidad democrática del conjunto.

Los ODS no pueden ser sólo del sector público, naturalmente. Pero el sector privado se debe mostrar dispuesto a empujar de forma solidaria.

Tampoco hacen falta panegíricos para la gestión del agua en Granada, estoy seguro de que, si es buena, los granadinos la sabrán apreciar. Y desde luego, el esfuerzo que está haciendo la marca matriz por resolver los importantes problemas que hayan podido incidir en la credibilidad de sus marcas españolas no necesita de elogios de oportunidad, sino de hechos verificables que demuestren su capacidad y, sobre todo, su talante.

[1] El País 28 de abril de 2019. Extra infraestructures.

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