El 9 de marzo de 2015, cuando no era consejero del Gobierno de Aragón ni imaginaba que podía serlo, publiqué en iagua un artículo (“Las inundaciones del Ebro”) en el que señalaba mi desacuerdo con quienes tildaban de bárbaros e ignorantes a quienes exigían “limpiar el río” como respuesta a las avenidas del Ebro.
Tres años después, tras haber gestionado como Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón la indemnización de los daños agrícolas sufridos por la avenida de 2015 y afrontar la recientemente sufrida, soy yo mismo quien defiende dicha “limpieza” que, junto con otras acciones, es imprescindible para reducir los riesgos de las riadas para la salud, la seguridad de las personas y de sus bienes así como para el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras.
Las inundaciones, en particular las del Ebro, no pueden ni deben abordarse como un simple problema de dinámica fluvial ni de ninguna otra disciplina física en particular. Es un problema de bienestar colectivo y, consecuentemente, su complejidad supera las posibilidades de respuesta de cualquier disciplina considerada de forma aislada.
Todos los conocimientos son necesarios; los formales y los informales, los generales y los locales, los basados en la ciencia y en la experiencia, los de carácter teórico y los prácticos. Pero, sobre todo, al igual que en la resolución de cualquier otro conflicto social que afecta a nuestro bienestar colectivo, se impone el diálogo y el acuerdo en la búsqueda de soluciones que solo son útiles cuando son aceptadas por todas las partes implicadas.
Los alcaldes y alcaldesas de la ribera aragonesa del Ebro no solo piden ser escuchados como legítimos representantes de sus vecinos sino que exigen incluso, y hacen muy bien en reivindicarlo, su derecho a equivocarse en la toma de decisiones sobre el bienestar de los vecinos a quienes representan y ante quienes rinden cuentas.
La protección permanente de los núcleos urbanos frente a avenidas debe ser una prioridad absoluta frente a cualquier otro interés. Para ello es preciso abordar trabajos forestales de desbroce, aclareo y retirada de restos vegetales que eviten la consolidación de barreras al flujo del agua en el cauce preferente actual de los entornos urbanos. También se precisan trabajos de dragado local que garanticen la capacidad hidráulica de dicho cauce preferente. Todo ello además de las medidas estructurales y de gestión que resulten pertinentes.
Protegidos debidamente los núcleos de población es preciso apostar por una llanura de inundación más resiliente a la inundación que proteja al mismo tiempo los núcleos de población. Así deben extenderse los retranqueos, adecuación o eliminación de motas, la apertura de cauces de alivio, la creación de zonas de inundación controlada y otras medidas de laminación en la propia llanura de inundación. También debemos avanzar en la adaptación de los usos e infraestructuras aumentando asimismo su resiliencia a las avenidas.
Pero no debemos limitarnos a actuar exclusivamente sobre la llanura inundable. También podemos y debemos reducir la probabilidad de inundación o de su periodo de retorno aumentando la capacidad de regulación del río en el marco de la unidad de cuenca. Esta reducción también es determinante para la eficacia del sistema de seguros agrarios con el que proteger el uso dominante de la llanura inundable ya que unos periodos de retorno bajos lo hacen inviable.
Tras las últimas avenidas que afectaron a Paris, se contempla ampliar la regulación del Sena a pesar de tratarse de un río cuyo régimen es mucho más regular y previsible que el Ebro. Evidentemente, a nadie se le ocurre plantear como solución anegar la llanura de inundación que ocupa la capital francesa y su entorno metropolitano.
Sabiendo que el Ebro es el menos regulado de los grandes ríos españoles, es imprescindible mejorar el nivel de regulación de su cuenca acelerando la finalización de los embalses en curso, como es el caso del Recrecimiento de Yesa en el río Aragón, o ejecutando los pendientes, como es el caso del de Biscarrués en el río Gállego. O incluso planteando nuevos embalses de finalidad laminadora aguas arriba de Castejón e incluso de Miranda de Ebro, cuyos efectos potenciales convendría analizar mediante las herramientas de simulación de las que dispone la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Cuestionar el efecto laminador de los embalses en relación con las avenidas equivale a negar la evidencia. Por ejemplo, la que nos muestra la cuidad de Tortosa, que siendo muy sensible a caudales del Ebro superiores a los 1.700 m3/seg, ha dejado de verse afectada por las avenidas del Ebro cuyos caudales superan los 2.000 m3/seg a su paso por Zaragoza. Es gracias al control ejercido mediante el embalse de Mequinenza (1.534 hm3) y, en menor medida, los de Ribarroja (210 hm3) y Flix (11 hm3). También ha quedado patente el importante papel regulador ejercido por los embalses de Itoiz (417 hm3) y Yesa (447 hm3) en la gestión de esta última avenida de abril de 2018 así como la insuficiente regulación de los ríos Arba y Gallego.
El llamamiento que desde el Gobierno de Aragón hacemos a las competencias y responsabilidad del Gobierno de España, desde la corresponsabilidad, la colaboración y la lealtad institucional, surge de la inconveniencia de que cada comunidad autónoma de la cuenca del Ebro aborde por su cuenta, y de forma fraccionada, la gestión de los riesgos de inundación asociados al río. Porque, además así lo establece el artículo 46.1b del Texto Refundido de la Ley de Aguas al señalar que la Administración General del Estado es la competente para llevar a cabo las obras necesarias para el control, defensa y protección del Dominio Público Hidráulico (DPH) que tendrán la consideración de interés general, especialmente las que tengan por objeto hacer frente a fenómenos catastróficos como las inundaciones.
Al igual que ya sucede con la gestión de los recursos hidráulicos y de la protección de las masas de agua, es imprescindible adoptar un verdadero enfoque de unidad de cuenca para la gestión de los riesgos de inundación. Y para que la gestión de estas tres cuestiones sea más eficaz, y propia de nuestro tiempo, se hace imprescindible, en el marco de la cooperación y lealtad institucional que practicamos el Gobierno de Aragón, un nuevo enfoque de coordinación de competencias de las tres administraciones (General del Estado, Autonómica y Local) proyectadas sobre el DPH que es preciso desarrollar.
