Agua para el crecimiento y el empleo

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  • Foto: Guadalquivir a su paso por Córdoba. Joaquín Olona
    Foto: Guadalquivir a su paso por Córdoba. Joaquín Olona

Sobre el blog

Joaquín Olona Blasco
Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragon.
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Reducir el desorbitado desempleo que sufrimos en España, 23,78 % a finales del primer trimestre de 2015 (INE), exige elevadas tasas de crecimiento durante los próximos años. Supone liderar el crecimiento de la zona Euro. Recuperar y elevar el consumo interno es la meta más inmediata y, probablemente, la más fácil de alcanzar. Pero el crecimiento difícilmente podrá mantenerse generando déficit comercial. Exportar más resulta esencial y eso sólo puede lograrse mejorando la competitividad.

El complejo agroalimentario español, configurado por la agricultura, la agroindustria, la distribución y la amplia gama de actividades directamente vinculadas, supone el 8,4% del PIB y 2,3 millones de empleos (MAGRAMA, 2014). Una relevancia que nada tiene que ver con la habitual imagen de insignificancia económica que suele tener la opinión pública de la agricultura en el mundo desarrollado. Con un importante superávit comercial la agroalimentación resulta clave para la buena marcha de nuestra balanza exterior. Junto con la automoción, lidera las exportaciones españolas y está jugando un papel determinante en la lucha contra la crisis y la recuperación económica.

La asignación de agua a la agricultura a través del regadío es imprescindible para que el complejo agroalimentario aporte la productividad y la competitividad que requiere nuestra economía

El aumento de la producción y del saldo comercial agroalimentario representan un potencial que no podemos permitirnos desaprovechar. Por ejemplo, la producción de cereales es insuficiente para cubrir nuestra propia demanda interna; la producción de soja, que junto con el maíz concentran las importaciones agroalimentarias españolas, es prácticamente nula y la de otras proteaginosas insignificante. Las frutas y hortalizas, el vino o el aceite ya no son las únicas exportaciones relevantes. Forrajes como la alfalfa se venden en Oriente Medio y China, algo impensable hace pocos años. El crecimiento de las exportaciones porcinas ha permitido expandir la producción. La agroalimentación española, durante estos años de crisis y de contracción del mercado interior, ha llevado a cabo un meritorio proceso de internacionalización de modo que, en estos momentos, más del 40% de las ventas de la agroindustria son al exterior. Un proceso ayudado por el intenso crecimiento de la demanda alimentaria global consecuencia de la acción combinada del crecimiento demográfico, el crecimiento económico de las potencias emergentes pero, sobre todo, de la reducción de la pobreza mundial.

El aumento de la producción agroalimentaria, que en España depende esencialmente del regadío, contribuye al crecimiento económico, a la mejora del saldo comercial y, con ello, a la creación de empleo. Pero exige aumentar la asignación de agua, no reducirla. Justo lo contrario de lo que proponen quienes propugnan el ahorro de este recurso y consideran que los regadíos son un mal negocio para la sociedad. También exige más investigación y desarrollo en un sector que, como el agroalimentario, presenta una incoherente elevada dependencia tecnológica exterior.

La asignación de agua a la agricultura a través del regadío, aún mejorando la eficiencia, es imprescindible para que el complejo agroalimentario aporte la productividad y la competitividad que requiere nuestra economía y sin la que difícilmente recuperaremos ni mantendremos el bienestar. Un bienestar que también depende de la justa distribución de cargas y beneficios.

No es cierto que carezcamos del agua demandada por nuestro complejo agroalimentario y consiguiente contribución al crecimiento económico y al empleo que tanto se necesita. Lo que no tenemos es la política adecuada para aprovechar unos recursos hidrológicos muy irregulares temporal y espacialmente, que lo serán todavía más como consecuencia del cambio climático. Tampoco contamos con la política necesaria para defender los regadíos y las obras hidráulicas en función de su interés general expresamente declarado y de su contribución a la competitividad ante instituciones y colectivos contrarios a tales actuaciones.

El vigente paradigma del ahorro en términos absolutos es un objetivo cuestionable. Es la eficiencia, en el contexto de las cuencas, lo que debe importar. Pero, sobre todo, debe ponerse el énfasis en la reducción de la carga contaminante (pesticidas, nitrógeno y otros nutrientes) de los retornos al sistema hidrológico, una medida imprescindible para mejorar la calidad ecológica de las masas de agua, que es el verdadero objetivo de la Directiva Marco del Agua. Mejorar la eficiencia y reducir la contaminación no es incompatible con una mayor asignación de agua al regadío. Lo que es incoherente es hacerlo sin el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas de regulación y transporte contempladas expresamente en los planes hidrológicos, declaradas de interés general, dotadas de declaración favorable de impacto ambiental e incluidas en pactos políticos que se incumplen como ocurre, por ejemplo, con el Pacto del Agua en Aragón.

No tenemos la política adecuada para aprovechar unos recursos hidrológicos muy irregulares temporal y espacialmente

La política del agua, al igual que cualquier otra política pública, debe ser una herramienta al servicio del bienestar general, es decir, el de todos y no el de un determinado colectivo en particular, sean agricultores, ecologistas o afectados por una determinada actuación hidráulica. La legitimidad de los intereses de cualquier colectivo particular, incluidos los de naturaleza ambiental o ideológica, no garantiza por sí mismo el interés general, que debe declararse expresamente en el marco institucional establecido. En particular, la afección que una actuación hidráulica puede suponer para un determinado colectivo no puede justificar su paralización o anulación. Es el interés general, una vez declarado, lo que precisamente justifica que la afección particular resulte aceptable. Lo contrario supone anteponer el interés particular, da igual su naturaleza, al interés general.

Durante los próximos años España no sólo tendrá que liderar el crecimiento económico en la Unión Europea. Atendiendo a su rico patrimonio y acervo institucional así como a sus condiciones geográficas e hidrológicas específicas también debería liderar la innovación institucional que exige la gobernanza del agua del siglo XXI. Porque sin este liderazgo difícilmente podrán asignarse los recursos que necesita nuestra economía y que nos ofrece nuestra hidrología, que es desequilibrada e irregular pero no tan pobre y cuantitativamente amenazada como algunos se empeñan en remarcar. La verdadera amenaza es el subdesarrollo institucional traducido en contaminación y falta de inversión.

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