En los últimos años parece que asistimos a una cierta demonización de todo aquello procedente del sector privado, considerado como un sector que aglutina a empresas que únicamente buscan el lucro y los beneficios económicos sin interesarse por prestar un buen servicio a la ciudadanía. Precisamente esta desconfianza hacia la esfera privada ha provocado el surgimiento de disciplinas como la Responsabilidad Social Corporativa, un nuevo modo de dirigir una empresa siguiendo criterios de eficiencia, sostenibilidad, compromiso con el medio ambiente y preocupada por el bienestar de sus trabajadores. Por el contrario, esta desconfianza en el sector privado contrasta con la confianza del sector público.
La colaboración entre la esfera pública y la privada es totalmente necesaria, pero debemos tener en cuenta que cada una de las partes debe saber cuál es el lugar que le corresponde. La titularidad del recurso agua, por citar un ejemplo, debe estar en manos públicas, como no puede ser de otra forma, teniendo como único interés la garantía y disponibilidad de los recursos y la repercusión adecuada de los costes. Los costes e impuestos que paga la ciudadanía deben ser retornados en servicios de calidad para asegurar el bienestar de las personas. Las administraciones tienen la posibilidad de escoger que la gestión del servicio sea pública, mixta o privada, erigiéndose por encima de todo como modélica y transparente. Por lo tanto, el sector privado se erige como una extensión y un complemento de la esfera pública allá donde se haya optado por esta opción.
"Es esencial que los ayuntamientos, independientemente de si optan por una gestión pública o privada del agua, recuperen la gobernanza de los servicios de abastecimiento municipal"
En esta línea, es esencial que los ayuntamientos, independientemente de si optan por una gestión pública o privada del agua, recuperen la gobernanza de los servicios de abastecimiento municipal, participando de un modo activo en la planificación de las infraestructuras y en la correcta tutela de las compañías suministradoras. Asimismo, los entes municipales deben garantizar también que se llevan a cabo los esfuerzos para lograr una buena eficiencia, al mismo tiempo que deberían velar por la aplicación de sistemas de retribución basados en el cumplimiento de los objetivos del servicio y no meramente porcentuales en base a los gastos, entre otras medidas. De este modo, una vez se tenga la gobernanza (el control), la gestión público o privada del servicio (la operación) ya sería una cuestión secundaria que dependerá de las características del servicio en base a las dimensiones de la población, las inversiones y de otras casuísticas.
Para mí, cuando se habla de remunicipalización, lo primero que hay que remunicipalizar es la gobernanza, ya que en muchos casos la comodidad ha llevado al abandono de esa función pública, dejando al sector privado que actúe libremente. Eso ha llevado a la percepción ciudadana, típica de nuestra manera de ser de políticas de péndulo, que la recuperación del control pasa por la gestión pública, cuando control y gestión son dos cosas distintas.
Por último, quiero destacar la necesidad de colaboración entre lo público y lo privado, sobre todo en lo que a investigación y desarrollo se refiere. En nuestro país hay empresas con un gran potencial en este campo y que pueden aportar soluciones eficaces a la potabilización de las aguas, a la descontaminación de acuíferos o a las mejoras en los tratamientos de desalinización o depuración, entre otras muchas disciplinas. En caso de remar en la misma dirección, las necesidades de la administración pueden encontrar la solución a través del trabajo de las empresas privadas. Por lo tanto, esta colaboración supone un win-win para todas las partes siempre que, insisto, cada esfera sepa cuál es su papel y el lugar donde debe estar.
En una economía moderna y equilibrada no hay sector privado sin sector público y viceversa, ambos son eslabones de la misma cadena que sostienen colaborativamente la consecución de los objetivos de un país o nación.
