La crisis climática está provocando en muchas regiones del planeta, incluida España, un aumento significativo de las olas de calor y alteraciones en los regímenes de lluvias. Como consecuencia directa, los períodos de sequía se han intensificado, mientras que las lluvias torrenciales son cada vez más frecuentes y extremas, generando inundaciones con un elevado impacto territorial. Este fenómeno tiene múltiples implicaciones, afectando directamente a sectores clave de la economía como la agricultura, las infraestructuras, el turismo o la producción de energía. Pero también repercute de forma muy directa sobre la salud pública, los movimientos demográficos y, en última instancia, sobre la economía general del país. Según un estudio realizado por PwC, la acumulación de eventos de sequía e inundaciones podría suponer para España una pérdida de hasta el 3% de su PIB entre los años 2040 y 2050, lo que equivaldría a unos 48.000 millones de euros.
Frente a esta situación, resulta fundamental actuar de manera decidida en dos frentes complementarios. Por un lado, es imprescindible reducir la demanda de agua en los distintos sectores, con especial atención a la agricultura, que representa el principal consumidor de agua en muchas regiones de nuestro país. Pero también deben impulsarse medidas de eficiencia en la industria y en el ciclo urbano. Por otro lado, se hace necesario aumentar la oferta de recursos hídricos mediante fuentes no dependientes del clima, como son la reutilización del agua residual, la desalación o, cuando sea viable, la transferencia de recursos entre diferentes zonas geográficas. Para ello, se requiere una apuesta clara por la inversión en infraestructuras modernas, tecnologías de tratamiento capaces de mejorar la calidad del agua a menor coste y herramientas de digitalización que permitan disponer de un conocimiento más detallado y actualizado sobre el estado de los recursos.
El sector del agua debe romper el tabú sobre el precio para valorar su coste real y garantizar el suministro en tiempos de escasez
Asimismo, la creciente preocupación por la calidad del agua ha impulsado el desarrollo de nuevas normativas para reforzar su control. En los dos últimos años se han aprobado cuatro regulaciones que afectan directamente a todo el ciclo del agua, tanto potable como residual: el Real Decreto 3/2023, el Real Decreto 665/2023, el Real Decreto 1085/2024 y la Directiva (UE) 2024/3019. La aplicación de estos marcos normativos conlleva inversiones adicionales por parte de los operadores y gestores del agua, que deberán adaptarse a nuevas exigencias técnicas, operativas y sanitarias.
En relación con las inundaciones, la inversión en sistemas de predicción, prevención y alerta se vuelve imprescindible, junto con el refuerzo de infraestructuras que permitan regular las avenidas. Sin embargo, también se deberá abordar la ocupación urbanística de las zonas inundables, replanteando el uso del territorio para evitar aumentar la exposición a riesgos hídricos.
Después de años marcados por una falta de inversión pública sostenida en el sector, la aprobación de los PERTE de digitalización del agua ha supuesto un avance significativo. En total, las tres convocatorias han movilizado una inversión conjunta de unos 550 millones de euros: 200 millones en la primera, resuelta en noviembre de 2023; 300 millones en la segunda, fallada en octubre de 2024; y 50 millones en la tercera, cerrada en febrero de 2025. A pesar de su relevancia, estos fondos resultan claramente insuficientes para corregir todas las deficiencias estructurales y para mantener el esfuerzo de adaptación que exigen las nuevas condiciones climáticas.
Por último, el sector del agua debe afrontar un reto esencial: trasladar a la ciudadanía el verdadero valor y coste del agua. Es necesario que el precio que se paga por este recurso deje de ser un tabú político. Solo con un debate riguroso será posible entender lo que implica garantizar agua de calidad, especialmente en épocas de escasez, y el impacto económico y social de no disponer de ella.