La participación publico privada (PPP) en el sector del Ciclo Integral del Agua (CIA) es el futuro. Pero para que ese futuro tenga un presente, se deben de adoptar una serie de principios que garanticen una base sólida para la PPP.
Supongo que cada uno tendrá los suyos. Para mi estos son algunos:
- Igualdad: En un sector tan tecnológico como el CIA cualquier déficit de conocimiento impide negociar en igualdad de condiciones. No es ningún secreto que la parte pública, salvo honrosas excepciones, carece de la competencia necesaria para evaluar los riesgos asociados a un acuerdo a largo plazo.
- Transparencia: Sin indicadores de control adecuados no se puede evaluar la calidad del servicio.
- Revisiones periódicas: Cada cierto tiempo (cuatro o seis años) se someterá a revisión la concesión mediante un nuevo concurso.
- Inversiones garantizadas: Se deberá de garantizar que las inversiones aprobadas y no amortizadas sean liquidadas al final de la concesión.
- Precio mínimo garantizado: Las revisiones periódicas nunca se podrán adjudicar por menor precio que las anteriores (excluidas las inversiones).
Sin estos principios un BOT (Build - Operate - Transfer) se puede convertir en un caramelo envenenado que puede acabar en un sonoro fracaso.
La creencia, por la parte pública, de que con este modelo, la parte privada, cumplirá sin más, durante los 20 o 25 años de la concesión, con una pulcritud exacta los acuerdos establecidos no es más que una ilusión.
La parte privada tiene las siguientes prioridades por orden de importancia:
- Recuperar la inversión cuanto antes
- Maximizar el beneficio del BOT
- Cumplir con los requisitos del contrato.
Mi exigencia sobre la necesidad de disponer de un Regulador Nacional está basada, obviamente, en los principios antes mencionados:
- Garantizar que cualquier agente del sector público tenga acceso a la capacitación técnica necesaria para negociar, en igualdad de condiciones, con el sector privado.
- Establecer indicadores de calidad adecuados para evaluar la prestación del servicio anualmente.
- Garantizar que las inversiones aprobadas se adecuan a las necesidades del servicio y no del concesionario.
- Garantizar que se abonarán, al final de la concesión, las inversiones no amortizadas.
- Garantizar, al nuevo concesionario que se hace cargo de las inversiones pendientes, que el valor de las mismas es el adecuado.
- Velar para que las sucesivas concesiones se adjudiquen con precios superiores a las anteriores (excluidas las inversiones).
Supongo que estas no serán las mismas razones por los que las patronales piden un Regulador Nacional, pero por pedir que no quede.
También se de las dificultades administrativas y legales con las que se encuentran mis propuestas, pero para eso están los legisladores y los abogados, para facilitar su viabilidad en los términos descritos.
