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Diálogo, ¿para qué?

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Sobre el blog

Jorge Chamorro
Ingeniero especialista en tratamiento y depuración de aguas y en desalación.
Sofrel
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El lunes de la semana pasada hubo en Madrid unas jornadas sobre DIÁLOGOS DEL AGUA.

Por enésima vez volví­ a oir las mismas cosas que, durante muchos años, nos hemos estado diciendo entre nosotros. En España, como no, todo lo llevamos a un terreno irracional: el sentimiento. Desde hace mucho tiempo, el agua es un sentimiento. Tal comunidad siente que le roban su agua, tal otra considera que cierta comunidad les humilla al no cederles el agua, etc. A que os suena?.

Pues bien, creo que es el momento de, manteniendo el diálogo, retirar los sentimientos y pasar a la acción.

Hemos de partir de un consenso sobre determinados aspectos. Yo propongo los siguientes:

  • El agua es un bien público: es de todos y de nadie
  • La gestión del agua es pública
  • Los ayuntamientos tiene la competencia de iure en la gestión del agua
  • Mas del 95 % de los ayuntamientos no tienen la competencia de facto: carecen de recursos económicos y ténicos para ejercerla.
  • La gobernanza del agua es un campo muy tecnológico , especialmente en el campo de la depuración de las aguas residuales, donde estamos hablando de biotecnología.
  • Los costes asociados al ciclo integral del agua (CIA) son muy sensibles al tamaño de la población servida
  • Los estados, las comunidades autónomas y los municipios carecen de los recursos económicos para afrontar las inversiones y los costes necesarios para hacer sostenibles la gestión de los CIA
  • Los recursos económicos para hacer sostenibles la gestión de los CIA pasan por implementar tarifas de servicio adecuadas.

La experiencia que tenemos en España es que, salvo determinados municipios con poblaciones superiores a los 100.000 habitantes, el resto de los municipios (mas de 8.000) carecen de tarifas que hagan sostenible la gestión de su CIA.

La única solución, si alguien tiene otra que la diga, pasa por:

  • La SOLIDARIDAD: Solidaridad de los municipios de las capitales de provincia para compartir sus recursos técnicos con los municipios de menor población.
  • La GENEROSIDAD:  Generosidad de los municipios de las capitales de provincia para compartir sus recursos económicos con los municipios mas pequeños.
  • La TRANSPARENCIA: Sin una clara visión de a donde van destinados los recursos económicos obtenidos a través de las tarifas del agua y sin la evaluación del funcionamiento de las infraestructuras y su estado, la opinión pública no apoyará unas tarifas sostenibles.
  • La PROFESIONALIDAD: La gobernanza de los CIA es de una alta capacitación tecnológica. Cada vez mas como consecuencia del deterioro de nuestras fuentes de agua y del uso y vertido de nuevos componentes, fármacos, etc.

En el siglo pasado la creación de las Cuencas Hidrográficas para la gestión de los recursos hí­dricos, fue la gran contribución española que ha sido reconocida y copiada por el resto del mundo.

Pues bien, en España también tenemos un modelo, no del todo perfecto, para la gestión de los CIA que se ha comprobado de una eficacia brillante. No me estoy refiriendo a las agencias o entidades de saneamiento que han creado numerosas comunidades autónomas con mas o menos éxito. Estas últimas son buenos instrumentos para la gestión de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) pero no para al ciclo completo del CIA.

El ejemplo a seguir ha requerido que la ciudad mas grande de España haya renunciado a la gestión de su CIA en beneficio de todos los municipios de su provincia. Aceptando que sus tarifas permitan cubrir las necesidades de los pueblos de menor tamaño.

Personalmente, no creo que la creación de un ente responsable de la gestión del CIA a nivel comunidad autónoma sea viable. Tantas capitales de provincia son demasiados gallos para un solo gallinero.

Pero si creo que entidades provinciales, creadas por y sobre los actuales gestores de las capitales de provincia, pueden ser una parte de la solución a la gestión de los servicios del CIA.

El resto de la solución pasará por:

  • Disponer de unas tarifas únicas para todo el territorio nacional que cubran no solo los costes asociados a la operación y el mantenimiento (O&M) de las infraestructuras sino, también, la amortización de las inversiones.
  • Disponer de un regulador nacional que distribuya los recursos económicos generados por las tarifas únicas entre las comunidades autónomas en función de sus necesidades.

Asi que, menos diálogo y mas acción.

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