Hablar de futuro siempre es peligroso, el tiempo vuela y, en seguida, pone negro sobre blanco las contradicciones de los que nos atrevemos a realizar vaticinios. No obstante, asumiré ese riesgo.
La situación actual es preocupante. Los precios que se abonan por este servicio se encuentran por debajo de los costes, las infraestructuras se deterioran por insuficientes recursos para su conservación, la materia prima es cada día menor y de peor calidad, los procesos son cada día más complejos y sus costes mayores, etc.
En el otro lado de la balanza se encuentran el potencial de nuestra profesión. Profesionales con una alta capacitación técnica, empresas privadas con tecnologías punteras, organismos públicos con una visión clara de la gobernanza del agua, tarifas de agua con un amplio margen de crecimiento, etc.
Como no quiero que en el futuro se me juzgue muy severamente, mis predicciones estarán encaminadas a dibujar un escenario positivo basado en las actuaciones que considero se deben de llevar a cabo a corto plazo por los diferentes actores de Ciclo Integral del Agua (CIA) en el entorno urbano.
Para el escenario futuro me fijare en el modelo de aprendizaje 70:20:10.
El 70 % proviene de la experiencia y práctica en el desempeño del CIA y ahí somos sobresalientes. Las empresas y los profesionales españoles son referentes mundiales. Sabemos que hay que hacer y cómo. Y conocemos los puntos débiles, mala prensa de la participación público-privada, tarifas insostenibles y, lo que es sangrante, el uso de las mismas para atender otras necesidades del municipio ajenas al CIA.
El 20 % proviene de la puesta en común y del aprendizaje al estudiar otros entornos. Aquí creo que tenemos que aplicar mucho de lo que conocemos. La economía de escala lastra el servicio en comunidades inferiores a los 50.000 habitantes: La solidaridad territorial local, mediante la mancomunidad de pequeños municipios bajo el paraguas del servicio del CIA de la capital de provincia es una vía inevitable. La generosidad del ciudadano de las grandes urbes con el resto de sus conciudadanos provinciales esta llena de ejemplos: Madrid, Zaragoza, etc.
Las tarifas actuales no cubren los costes (salvo honrosas excepciones) y presentan desequilibrios entre los precios del tratamiento (mayores) del agua y los de su depuración (menores), cuando los costes de la depuración son claramente superiores a los del tratamiento.
La participación privada se ve cercenada por la inseguridad jurídica actual, que no garantiza el retorno de las inversiones.
El 10 % restante, es el más importante, es el de la planificación y el de adoptar medidas a corto y medio plazo. Visto que, lo que hacemos hasta la fecha no está dando los resultados que quisiéramos, debemos de hacer cosas diferentes.
Creo, fervientemente, que el futuro del CIA debe de asumir paradigmas diferentes a los actuales que, claramente, no están dando los resultados esperados. Ahí van unos cuantos:
- Utilizar las estructuras de los servicios del CIA existente en las capitales de provincia como elemento aglutinador de todos los servicios del CIA de la provincia. Eso requiere altura de miras de los políticos locales para ceder parte de sus prerrogativas en aras del bien común.
- Blindar las tarifas y los cánones para que sean finalista.
- La aplicación de un canon (0,5-1,0 €/m3) del agua a nivel nacional, a imagen del canon de saneamiento de las Comunidades Autónomas (CCAA) a incluir en todas las tarifas del agua. Se generarán los recursos necesarios para abordar las inversiones pendientes en todo el territorio nacional de forma solidaria y sostenible.
- La creación de un Ente Regulador a nivel nacional que permita disponer de un marco legislativo, competencial y transparente común a todos los CIA.
- Potenciar la participación público-privada de forma transparente y segura.
- Establecer auditorias técnico-económicas a los CIA con carácter anual.
- Converger a unificar los costes del CIA en todo el territorio nacional, bajo una sola tarifa.
Como siempre, estas aportaciones son para el debate, no para asumirlas o denostarlas sin más. Eso sí, desde un debate sereno, solidario entre comunidades y generaciones (lo que no hagamos nosotros lo tendrán que hacer nuestros nietos con menores recursos) y poniendo el bien común por encima de los intereses particulares: políticos, sociales, medioambientales y económicos.
