Lo siento, no me he podido resistir. El diario El País, el jueves 23 de febrero de esta semana, publicaba esta noticia: La emergencia climática lleva a España a elaborar un plan para reducir las elevadas fugas de agua
Y subtitulaba: “El Gobierno obligará a los municipios a contabilizar los escapes de sus redes de suministros en 2025. Algunas auditorías ya realizadas apuntan a pérdidas de hasta el 60% de los recursos en plena sequía”
Y seguía: "La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), que reúne a las principales empresas públicas de agua de España, lleva meses presionando al Gobierno para que elabore un “plan de choque valiente” para subvencionar la mejora de las redes de suministro y frenar así una sangría invisible que seca a España por sus tripas”.
Y seguía: “Aeopas ve en la partida de 2021 (100 millones de euros) un síntoma de que el Gobierno central ha empezado a tomarse en serio la problemática, pero cree que las cifras son aún insuficientes y reclama al Ejecutivo impulsar un plan más elevado, de 300 millones anuales”
Pero vamos a ver:
- ¿Quién tiene las competencias en materia de abastecimiento de agua en España?
- ¿Por qué se pide al Gobierno central, que no tiene esa competencia, que resuelva este problema?
- ¿De verdad se cree el Gobierno que obligando a los Ayuntamientos a contabilizar las pérdidas estos van a tomar medidas al respecto?
Todo esto es una cuestión meramente económica. O implantamos unas tarifas del agua a nivel nacional que incluyan todos los conceptos (incluidos la gestión de activos) o lo único que se hará, ordeñando las ubres secas de los presupuestos generales del Estado, es obtener unas migajas para tranquilizar ciertas conciencias.
Me encanta la inocencia de este comentario: “… proponen que, a cambio del dinero inyectado, los consistorios se comprometan por escrito a reducir las pérdidas a menos de 25% del suministro”
Como se les de ese dinero a los Ayuntamientos para que lo gestionen, ocurrirán varias cosas a la vez:
- Las fiestas populares y patronales mejorarán sustancialmente.
- Las pérdidas de agua, se reducirán, tras serias auditorias, al menos del 25 % e, incluso, por debajo del 10 % si así lo pide el Gobierno. Faltaría más.
- La demanda de agua seguirá aumentando.
- La calidad de las aguas destinadas a uso público se seguirá deteriorando.
Lean, lean el artículo y luego reflexionen. Si no es para llorar… y mientras, sigamos celebrando los fondos Next Generation y demás limosnas.
El problema solo se resolverá cuando los usuarios paguemos un precio justo por un servicio de calidad. Y, por supuesto, realizar auditorias técnico-economicas anuales de los servicios del Ciclo Integral del Agua (CIA) por organismos independientes.
