Es una realidad manifiesta que uno de los mayores riesgos para nuestras masas de agua es la contaminación difusa de los nutrientes (nitrógeno y fósforo) procedentes del sector de la agricultura.
En anteriores blogs proponía dos medidas, una de ellas (imponer un impuesto ecológico a los fertilizantes) iba directamente al origen de la contaminación. La otra (un precio nacional de 0,3 €/m3 de agua suministrada a los regantes) venía a cumplir con la máxima “de quien contamina paga”.
Pues bien, el IIAMA (Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente) de la Universidad Politécnica de Valencia evalúa, en su último informe, qué medidas son más efectivas para mejorar el estado ecológico del Mar Menor. Entre ellas, destaco:
“En cuanto al nitrógeno (N) presente en el suelo y que contamina los acuíferos, el estudio demuestra que aplicando solamente lo establecido en el Decreto-Ley 1/2017, que marca la cantidad necesaria de fertilizante a aportar en función del tipo de cultivo, es posible reducir el volumen de nitrógeno que alcanza la laguna en un 35 %, “por lo que no sería necesario reducir el número de rotaciones de cultivos y con ello, la producción de tres a dos cultivos anuales, ya que mejora los resultados sólo ligeramente”".
Si se aplica más fertilizante que el necesario, la razón es obvia: “El precio del producto es bajo y no compensa adoptar medidas para optimizar su consumo”.
¿A que ya no parece tan peregrina mi primera medida? A reflexionar.
