Riesgos de las tarifas inapropiadas

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Sobre el blog

Jorge Chamorro
Ingeniero especialista en tratamiento y depuración de aguas y en desalación.
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Como muestra bien vale un botón: Los problemas con los que se encuentra la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) junto a su empresa de gestión Giahsa valen para definir la situación de numerosos servicios del Ciclo Integral del Agua (CIA) en España.

Laura Pichardo, presidenta de MAS, ha dejado claro que "en la caja de la mancomunidad faltan 35 millones de euros" y ha recordado "los graves perjuicios económicos que viene padeciendo este organismo, incluso desde antes de su nacimiento como consecuencia de los procesos de separación de distintos ayuntamientos".

Según ha explicado Pichardo: "Giahsa ha logrado una estabilidad tanto en el servicio prestado como económica y laboral, si bien los sacrificios y costes están siendo muy altos, sobre todo para más de 150.000 hogares de la provincia que están soportando unas tarifas muy por encima de lo que a todos nos gustaría".

En ese sentido, ha remarcado que el tiempo de la negociación "se ha acabado, comienza el tiempo de la acción: cobrar lo que se nos debe para alcanzar la justicia tarifaria, es decir, reducir el precio con el que los usuarios están pagando los desmanes de algunos alcaldes que quisieron obtener dinero fácil y rápido con la privatización de los servicios, y firmar un nuevo convenio colectivo con los trabajadores".

Aquí no está en discusión si la gobernanza es pública o privada, aquí esta, blanco sobre negro, los problemas de gestión en los que están inmersos la mayoría de los servicios del CIA por una mala gestión de los mismos. Conviene recordar que la gestión es siempre pública.

En resumen:

  1. Inhibición sistemática de los responsables públicos para reconducir una situación que ha llevado a un déficit de esa envergadura (los que vengan detrás que arreen).
  2. Ausencia de auditorías técnicas y económicas que pusieran de manifiesto la situación.
  3. Falta de transparencia en la gestión.
  4. Déficit tarifario que ha impedido llevar a cabo inversiones necesarias para mantener las infraestructuras en perfecto estado y que se traducen en ineficiencias del sistema.
  5. Incapacidad de numerosos ayuntamientos para hacer frente a los costes derivados de los servicios del CIA por no disponer de unas tarifas adecuadas que repercutan los costes a los usuarios.
  6. Tarifas injustas con usuarios soportando cargas económicas impropias.

La solución:

  1. Organismo nacional de control.
  2. Transparencia.
  3. Gestión ejecutiva.
  4. Gobernanza profesional.
  5. Tarifas que incluyan TODOS los costes asociados al servicio de CIA.
  6. Repercutir a los usuarios, vía tarifa, los costes del servicio.
  7. Tarifas únicas para todo el territorio nacional.
  8. Auditorias técnicas y económicas anuales por organismos independientes.

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