Cada día surgen nuevas noticias que anticipan o son reflejo de los cambios acelerados por los que pasa nuestro mundo. Muchas de ellas con repercusiones en la prestación de servicios básicos como el agua: incremento de roturas de gaseoductos en el permafrost siberiano, inundaciones en el Sahel, tensiones en las cadenas de suministro, tensiones geopolíticas, volatilidad de los activos, inflación, escasez de trabajadores con formación en algunas especialidades… Sin hablar de la pandemia.
En este contexto de gran incertidumbre, los servicios debemos garantizar la continuidad de las operaciones, con unos presupuestos y planificaciones que nos permitan afrontar en los años venideros no solo los ya tradicionales eventos climáticos adversos y el envejecimiento de las redes, sino también el endurecimiento de la normativa de calidad del agua, o los riesgos biológicos que se incorporaron con la COVID. Para el próximo año tendremos que añadir los derivados de una crisis energética, las previsibles dificultades logísticas e incremento de la inflación general. Y planificar todo ello con unos costes lo más ajustados posibles.
En este río revuelto, la I+D+i es una actividad fundamental para cualquier organización, y también en los servicios de aguas. Por un lado, para buscar solución a sus necesidades, expresadas mediante retos que pueden ser nuevos, o que sin serlo están alcanzado una importancia crítica. Y por otro, para tejer un ecosistema de colaboraciones que permita alcanzar los conocimientos y disponer de la capacidad de actuación requerida, a la vez que favorecen la resiliencia interna y en su entorno socio económico.
El sector público no debe ser ajeno al ejercicio de la innovación: innovar es un servicio a la sociedad en sí mismo. Pero puede quedar desvirtuado si se deja solo en manos de organismos o agencias especializados. Esta actividad debe intrincarse en el día a día de cada entidad pública y departamento, para que todo proyecto realizado responda a alguna de sus necesidades concretas.
Una vía para innovar en cualquier entidad pública son los procesos de Compra Pública de Innovación (CPI) que se contemplan en la legislación. Más allá de una licitación puntual, para afrontar el cambio del momento actual se requieren campañas de este tipo, con las que activar los instrumentos de contratación pública para fomentar la innovación mediante el estímulo de la demanda, en torno a aquellos suministros o servicios que puedan responder a las necesidades identificadas por cada entidad pública, en este caso los servicios de agua.
Para que sea eficiente, la movilización de la innovación mediante la demanda del sector público debe tener un enfoque sistemático, multi disciplinar y en profundidad.
- Sistemático como una manera de respuesta óptima ante retos que requieren conocimiento especializado y medios o capacidades de las que no dispone internamente la entidad. Para ello cualquier proceso de licitación, incluso los de aquellos suministros más convencionales, deberían incluir algún aspecto que valore la innovación.
- Multidisciplinar, favoreciendo la participación de diferentes campos de conocimiento en los retos que se lancen al mercado. Como mínimo debe asegurarse en el planteamiento de aquellos retos de más alto nivel, y que se tramitarán mediante procedimientos específicos compra de innovación.
- En profundidad, permitiendo una continuidad coherente entre varios proyectos, de manera sostenida en el tiempo para que la compra de innovación se convierta en tractor de I+D+i en la sociedad. Por ejemplo, a través de una estructuración multi nivel de los retos, traduciéndolos en iniciativas que requieran la participación sucesiva de estudiantes, recién graduados o expertos de uno o varios campos. O de centros de investigación, PYMES o NEBTs, grandes empresas y otras entidades públicas.
Lógicamente, realizar una campaña de Compra Pública de Innovación requiere de cierta planificación previa, que facilite al servicio el análisis de las necesidades y su formulación como retos de la manera óptima; dando a los posibles participantes en los procesos una información que les anticipe las intenciones de la entidad contratante. Esa labor corresponde a los Mapas de Alerta Temprana para CPI. Lo veremos próximamente en un segundo post (CPI-2).
