Todos parecemos estar de acuerdo con que el acceso al agua es un derecho humano, en tanto es necesaria para nuestra vida. Muchos profesionales que trabajamos en este sector además sentimos que nuestra labor permite satisfacer ese derecho, y que con ella cumplimos con una obligación moral.
Garantizar ese acceso al agua, en forma de servicio urbano, siempre ha requerido por una parte la intervención de profesionales con conocimientos especializados, y por otra, el uso de unas infraestructuras exclusivas y por lo general caras de construir y de operar. En el futuro además requerirá de tecnologías específicas, y muy pronto en la gestión del agua predominarán las herramientas tecnológicas sobre la hidráulica tradicional. Se acentuará la automatización de procesos, se desplegarán sistemas de inteligencia empresarial cada vez más especializados…
Este contexto de por sí complejo y sometido a una fuerte evolución, se complica mucho cuando además se convierte en un campo de batalla entre dos modelos básicos de gestión enfrentados. Sus dos polos serían la gestión delegada o concesional a un operador privado, y la gestión pública directa.
De nuevo, todos parecemos estar de acuerdo en que el servicio de aguas es un servicio de titularidad pública, que comprende abastecimiento, saneamiento y depuración. Donde los recursos hídricos son más escasos se suele incluir también el riego y la reutilización. Y que como servicio público, la administración es la responsable de asegurar su prestación.
La guerra entre las formas de gestión de cualquier servicio público parte de posturas iniciales totalmente enfrentadas. De un lado, se defiende que no cabe buscar el lucro económico cuando se trata de satisfacer la necesidad del ciudadano mediante un servicio público. Del otro, se argumenta que sería gravemente irresponsable no asegurar la máxima rentabilidad de cualquier prestación pública.
Todos parecemos estar de acuerdo en que el servicio de aguas es un servicio de titularidad pública, que comprende abastecimiento, saneamiento y depuración
En el caso del agua este posicionamiento se polariza al máximo, al tratarse de satisfacer una necesidad vital de las personas, tener que hacerlo con bien común que además es un recurso escaso, y cuya gestión requiere de compromisos a muy largo plazo.
Una de las causas del enfrentamiento está probablemente en la dejación de funciones de la administración, en tanto responsable del servicio y por tanto de su regulación y control. Puede comprobarse que en gran medida este enfrentamiento se intensifica en los territorios que carecen de una autoridad reguladora, que garantice la máxima eficacia y eficiencia del servicio que reciben los ciudadanos, al margen que sea prestado de una forma directa o no.
Otro de los orígenes del problema está en la dificultad técnica y económica que tienen muchas administraciones para prestar directamente el servicio de un recurso que sienten como propio y no quieren delegar o compartir. Esto aparece fundamentalmente en los municipios de menor tamaño, y la resistencia se da tanto hacia los gestores privados como hacia entidades públicas supramunicipales.
El problema por tanto no tiene solo un origen ideológico, sino que en su aparición influyen también otros factores muy humanos como la capacidad de compromiso, el ejercicio de la responsabilidad, o la anteposición del bien común ante el sentimiento de lo propio.
Desde un punto de vista técnico, el abordaje del problema resulta más fácil: cada modelo tiene sus bondades y no hay soluciones generales. Y la solución debe ser en cualquier caso racional y razonada. Esto implica la obtención matemática de indicadores objetivos. El que al final interesa a todos es el importe de los recibos de agua que pagan los ciudadanos.
Ahí encontramos otro factor del problema: ni el recibo ha tenido que incluir todos los costes del servicio mientras había ayudas públicas y fondos europeos para desarrollar sus infraestructuras, ni en muchos casos se ha utilizado solo para recaudar los ingresos por el servicio de aguas, sino que ha incorporando gravámenes adicionales o incluso otros servicios como las basuras.
Pero el principal componente de los conceptos ocultos en el recibo es precisamente el de amortización de las nuevas inversiones y la renovación de unas infraestructuras en muchos casos obsoletas. Lo demuestra que las licitaciones para la gestión de un servicio público se centran en las inversiones en infraestructuras o tecnologías que deberá realizar el socio privado, o en el canon a pagar para que la administración receptora pueda realizarlas. En muchos casos el principal argumento para un cambio de gestión, sea hacia la gestión directa o hacia la concesional, es el desarrollo de esas inversiones. Es decir, un problema de gestión óptima de los activos del servicio.
El que al final interesa a todos es el importe de los recibos de agua que pagan los ciudadanos
En la actualidad es técnicamente muy difícil determinar esos costes. Su elevado monto y la dificultad de cálculo hacen de las inversiones el argumento ideal para justificar una tarifa o incluso un cambio de gestión.
Las infraestructuras de un servicio de aguas tienen muchos años y en su mayoría están ocultas, y aunque su estado se puede intuir a través de indicadores habituales del mantenimiento industrial como son la evolución del consumo energético, el rendimiento de las instalaciones o el número de averías; rara vez se determina de manera objetiva. En el mundo no hay apenas laboratorios de análisis de vida útil especializados en redes de agua o alcantarillado… incluso los expertos que realizan análisis estadísticos en este sector son escasos, y muchas veces ni siquiera se dispone de un histórico de información suficiente sobre las instalaciones y sus condiciones de operación. Sin conocer el estado de un activo es difícil determinar su esperanza de vida y el momento óptimo para su renovación.
Por otro lado, la creciente escasez de los recursos hídricos obliga a mejorar la eficiencia de las infraestructuras y exige mayores esfuerzos de tratamiento y control analítico de la calidad del agua. Para garantizar que todo se realiza correctamente se requiere implantar sistemas de gestión normalizados y obtener la correspondiente certificación. En este aspecto cabe destacar que se habla mucho de la economía circular, y se focaliza de nuevo en el ámbito local. Sin embargo, ni la lluvia, ni los ríos ni los acuíferos se detienen en el límite de un término municipal… Salvo en las desembocaduras al mar, unas aguas correctamente depuradas podrán ser aprovechadas aguas abajo. Algunos se empeñan en proyectos de regeneración de aguas residuales donde puede que no sea necesario mayor tratamiento si aguas arriba existen otros recursos. Otras veces una zanahoria en forma de subvención o de inversión innovadora es capaz de nublar el juicio y convertir una mera posibilidad en un objetivo a perseguir. Por ejemplo la generación de biogás de calidad automoción cuando no tenemos una depuradora autosuficiente energéticamente. El análisis de viabilidad a la hora de aplicar cualquier solución debe partir de un punto de vista holístico e integrador, trabajando en la resolución del problema local, pero con una visión y un compromiso de alcance global. Incluyendo además del recurso hídrico implicado, el balance energético y ambiental que provoca cada tratamiento. O se corre el riesgo de hacer inversiones muy vistosas pero totalmente innecesarias.
Para garantizar que todo se realiza correctamente se requiere implantar sistemas de gestión normalizados y obtener la correspondiente certificación
Tampoco hay que olvidar la transición digital de los servicios. Supongo que a todos nos visitan muchos comerciales con propuestas para implantar una u otra solución que nos convertirá en el referente tecnológico del sector. Al tratarse de propuestas novedosas, es fácil dejarse seducir. Como la digitalización es un tema aún emergente, muchas veces no hay referencias de precios, y tampoco es fácil determinar el esfuerzo en horas que puede conllevar un desarrollo, o el coste de los profesionales necesarios para realizarlo. Eso sin entrar a que por tratarse de un mercado tan específico y con tan pocos actores en algunas inversiones muy tecnológicas desde el punto de vista del comprador se pueda dudar de que opere la competencia. ¿Cuánto tiempo va a operar un nuevo sistema?, ¿vale lo que cuesta?, ¿cuál será su coste total de ciclo de vida?
Independientemente de la forma de gestión del servicio, cuando no está clara una necesidad de renovación o de inversión, no se debe justificar su realización, y por tanto tampoco se puede trasladar su importe al coste del recibo, ni cargarse su amortización sobre la cuenta de resultados. Actualmente esa decisión no siempre se toma de manera consciente, ni por el organismo más competente. Incluso cuando se duda de la propia incompetencia y se quiere tomar la decisión correcta, resulta muy difícil encontrar profesionales especializados que puedan ayudarnos a enfocar correctamente el problema, y no tengan otros intereses.
Con todo, parece que la solución debe pasar necesariamente por la creación de una autoridad técnica reguladora para el servicio público, de ámbito nacional o incluso mejor, europeo ya que la normativa sectorial proviene de la Unión. Esta autoridad debe poder dar el apoyo necesario a los prestadores de servicios de aguas, sirviéndoles de referente y coordinador. Pero también debe poder someter la prestación, independientemente de la forma de gestión del servicio, a su control y fiscalización.
Afirmar esto, allí donde no haya la consciencia necesaria para comprender el problema en toda su magnitud puede parecer imprudente… pero es necesario tanto por el bien de los gestores públicos como de los privados. También puede parecer ingenuo confiar la mejor prestación del servicio a una autoridad que podría tener sus propios intereses… pero no más que en cualquier otro ámbito de la administración.
