El consumo de energía eléctrica en servicios municipales de agua en España es de unos 5.132 Gwh según estimaciones del IDAE, frente a una demanda total de energía final de 80.461 ktep (935.761 Gwh). Esto representa poco más del 0,5% del consumo. El Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020, repartía la demanda de nuestro sector en 447 GWh/año para captación, abastecimiento y distribución de agua urbana (con un volumen de 3.730 Hm3), y en 2.225 Gwh/año en depuración (para 4.450 Hm3 tratados). A estas cantidades cabe añadir los 2.460 Gwh/año utilizados en desalación por ósmosis (unos 640 Hm3).
Puede parecer poco, pero solo hablamos del agua urbana. En algunos estudios realizados durante la última década del siglo XX y primeros años de este, se estimó que el tratamiento y trasiego de agua requería en torno a un 7% de la intensidad energética de España, y en torno al 8% de la energía consumida en el mundo. Supongo que -coyunturalmente- en la actualidad se haya rebajado un poco ese porcentaje, debido al incremento de la movilidad y el transporte, junto al mayor consumo de los sistemas de proceso de datos y las telecomunicaciones. Pero en ningún caso resulta despreciable: a parte del propio recurso hídrico, la disponibilidad de energía es el principal condicionante para poder prestar un servicio de aguas. En el futuro, la necesidad de energía para tratar las aguas residuales o la necesidad de utilizar en abastecimiento aguas salinas o de peor calidad, irán a más en todos los países.
Al nivel de nuestra micro gestión, en un abastecimiento municipal, tras la mano de obra, la factura de electricidad suele suponer el mayor coste y por tanto disfrutar de las mayores atenciones. También supone el mayor impacto ambiental variable, sobre el que más fácilmente se puede actuar. De él somos puntualmente informados por la comercializadora en la factura, lamentablemente en muchos de los casos sin hacerle mayor caso: nuestra contabilidad acostumbra a ser solo económica. Aunque algunos servicios optan por inscribirse voluntariamente en el registro nacional de huella de carbono, y se obligan a calcular, notificar y hacer un seguimiento de sus emisiones GEI (RD 163/2014).
Con todo y pese a ser un proceso lento, la concienciación por el cambio climático cada vez está más presente. Poco a poco, se incrementan las empresas y los servicios que incluyen criterios de huella de carbono en sus licitaciones eléctricas, que valoran el coste ambiental durante la generación de la energía que consumen. También aquellos que se plantean únicamente la compra de energía verde, con el correspondiente certificado de garantía de origen validado por la CNMC. Incluso hay comercializadoras dedicadas a vender solamente este tipo de electricidad.
La solución más sencilla es una licitación restringida a la compra de energía únicamente libre de carbono… Que puede generarse aquí, ser eólica de Portugal o incluso nuclear de Francia. Pero ¿es la mejor opción para nuestros consumidores? Los clientes de un servicio de aguas son esencialmente locales, en radios de a lo sumo 60 u 80 km si pensamos en abastecimientos mancomunados o en alta. La electricidad que utilizamos probablemente viene de mucho más lejos. No quiero decir con esto que, por generarse lejos, nos vaya a resultar aceptable una producción contaminante, ya que al fin y al cabo todos compartimos este planeta. Simplemente quiero poner el foco en lo local. Al fin y al cabo ya se hace cuando con este mismo fin lanzamos campañas de concienciación social.
Entonces, ¿cómo podemos maximizar los efectos del uso de la energía verde en nuestros servicios, de manera que repercutan en nuestros clientes? Mi propuesta es algo más complicada que añadir una cláusula a un pliego de prescripciones técnicas, o un certificado a una oferta. Pasa por hacer la compensación de la generación de esa energía en proximidad a los consumidores del agua. Quizá sea mucho pedir para una comercializadora, pero no creo que lo sea para un servicio responsable.
Se trata de actuar, por ejemplo, por medio de plantaciones de especies vegetales autóctonas, que además mitigarán el efecto de otras repercusiones de la actividad humana más difíciles de compensar. Porque eligiendo bien los terrenos, se puede aprovechar el uso de esas plantaciones para prevenir el deterioro de la calidad del agua, al reducir la erosión y los arrastres de tierra por escorrentía hacia los cauces, protegiendo los recursos hídricos y las mismas infraestructuras. Con ello se logra también limitar las variaciones de turbidez y conductividad del agua bruta, simplificando los tratamientos, evitando el uso de reactivos químicos más allá de lo imprescindible, y haciendo más resiliente el mismo servicio.
Esta idea no es totalmente novedosa. Combinaría algunas actuaciones de protección de los recursos de diferentes gestoras internacionales. Así, en 2016 Eau de París lanzó su plan estratégico plurianual. Hasta 2018 compró un total de 574 Ha de tierras próximas a sus cauces de captación, con el objetivo de renaturalizarlas o alquilarlas por un precio simbólico a productores de agricultura ecológica, a los que también apoya comercialmente para difundir sus productos. Además, la empresa parisina concede ayudas financieras a los labradores que decidan optar por métodos de agricultura sostenible, reduciendo el uso de fertilizantes y pesticidas, y ya se ha desplegado en 9.470 Ha de sus zonas sensibles.
Un ejemplo similar es Hamburg Wasser, con programas para proteger sus recursos hídricos que se remontan a la década de 1980. Actualmente, su modelo de cooperación para proteger las aguas subterráneas de las que se abastece cubre 880.000 Ha. Su planteamiento consiste en reducir la presencia de nitratos y otros contaminantes, minimizando la complejidad operativa de las plantas de tratamiento de aguas. Pero además, su estrategia de protección natural de las zonas de infiltración es capaz de generar sinergias como eliminar la contaminación del aire y la reducción de avenidas. También es capaz de crear empleo para las personas con mayores dificultades, incluso directo mediante sus propias explotaciones forestales, de árboles frutales, y de una fábrica de zumo de manzana.
Se podría plantear que estos dos ejemplos tienen más un enfoque de cuenca que local; y que la competencia en España no corresponde a los servicios municipales de agua sino a las confederaciones. Es cierto, pero hay la suficiente libertad de actuación como para poder hacerlo. Si no, siempre quedan ejemplos mucho más locales como el programa “Pulmón Verde” de Aguas de Cartagena, que ha decidido adoptar 28 parques y jardines de Cartagena de Indias (Colombia).
Una compensación de la huella de carbono en proximidad así planteada permite aprovechar todas las sinergias que proporciona una solución verde al impacto ambiental asociado al servicio de aguas, repercutiendo los beneficios sobre los propios recursos hídricos. Pero también mejorar el entorno inmediato, mitigando las olas de calor. Y purificar la calidad del aire en general, si se actúa en un radio un poco más amplio. Como resultado de todo esto, mejorar la vida de la propia ciudad y los habitantes a los que servimos.
Se trata en definitiva de adoptar el enfoque más integral posible, buscando especialmente consolidar los efectos de nuestras acciones a largo plazo. Porque en materias de cambio climático, las inercias son tales que inhabilitan la prisa como consejera.
