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Caja de herramientas para la transición hidrológica

Sobre el blog

José María Santafé
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Especialista en planificación y política de agua, desarrollo sostenible e ingeniería hidráulica.
  • Caja herramientas transición hidrológica

En los últimos años hemos asistido a modificaciones importantes en la pauta de precipitaciones. Sin pretender que este hecho represente per se una manifestación de los efectos del cambio climático, si nos exigen, por pura aplicación del principio de precaución, analizar la situación y tomar medidas para paliar sus efectos en la medida que tal tendencia pueda consolidarse.

Sin embargo, el abordaje a través del principio de precaución no es suficiente pues resulta obvio que, en lo que se refiere al agua, una de las manifestaciones esperables del cambio climático es un cambio en el ciclo del agua. Hasta el momento, lo más que se ha avanzado es en el diseño de medidas orientadas a la mitigación de sus efectos tomando como referencia la situación presente, aunque ello no ha tenido consecuencias sobre el modelo de gestión vigente.

A pesar de los avances tecnológicos de todo tipo que han mejorado las técnicas operativas, seguimos gestionando el agua con modelos más propios del siglo XIX en que se produjo la mercantilización de los factores de producción. Son modelos basados en el comportamiento de situaciones pasadas y el empleo de infraestructuras, con un peso del factor energía creciente. Todo ello apoyado por una fuerte inversión del Estado y, como corolario, un coste del recurso para el usuario tendiendo a cero.

Resulta absolutamente necesario empezar a diseñar ya, y simultáneamente con las medidas de mitigación, medidas activas de adaptación a un proceso que nos va a acompañar a medio y largo plazo. Estas medidas de adaptación van a significar siempre cambios estructurales en el modelo de gestión del agua, cambios que se encuentran orientados a obtener la seguridad hídrica del sistema[1]. Las medidas de adaptación van a transformar el proceso productivo actual, situándolo hacia una mayor coordinación entre las distintas políticas sectoriales y territoriales. En las cuestiones relativas a los fenómenos extremos, cuyas pautas de presentación van a verse muy modificadas, los riesgos asociados deben gestionarse con actuaciones que aumenten la resiliencia, es decir integrándolos en la gestión ordinaria, y no tratarlos como episodios de una crisis aislada.

“Las medidas de adaptación van a significar siempre cambios estructurales en el modelo de gestión del agua, cambios que se encuentran orientados a obtener la seguridad hídrica del sistema y van a transformar el proceso productivo actual, situándolo hacia una mayor coordinación entre las distintas políticas sectoriales y territoriales”

El Pacto Verde de la UE representa un cambio en el modelo económico, implicando a las empresas en las soluciones sostenibles de los efectos del cambio climático. El objetivo final es desacoplar el crecimiento de la economía del consumo de los recursos naturales, entre ellos el agua. Para ello hay que proponer políticas públicas y controlar la eficacia de las mismas a lo largo de su desarrollo.

Sobre esta situación de cambio conceptual, llama la atención que no exista formalmente un think tank público dedicado de manera específica a analizar nuevos escenarios y alternativas. Los grupos que operan en el sector público se encuentran ocupados, más que en la prospectiva, en preparar documentos o acciones (como los planes hidrológicos o diversos Libros de todos los colores) que mejoren, dentro de un marco continuista, las prestaciones actuales del sistema, que no se cuestionan. Están en lo que se ha denominado con acierto “la arrogancia del presente”. Faltan, desde el sector público, instituciones que analicen las visiones a medio y largo plazo que nos dan los modelos generales, y determinen, anticipándolas, la orientación de las acciones de adaptación necesarias.

“Llama la atención que no exista formalmente un think tank público dedicado a analizar nuevos escenarios y alternativas. Faltan instituciones que analicen las visiones a medio y largo plazo que nos dan los modelos generales, y determinen, anticipándolas, la orientación de las acciones de adaptación necesarias”

Las condiciones de contorno son sobradamente conocidas: un sistema de recursos finito, con una distribución dada de los mismos que, en la práctica, agota las disponibilidades y, contablemente, las supera[2]. En realidad, los recursos asignados son mayores que los existentes (basados en unas condiciones medias no reales), de ahí que existan estructuralmente usos infradotados. Aunque están realizándose mejoras de eficiencia en la utilización de los recursos (casi siempre aportando mayor carga energética), el beneficio que puede resultar tiene unos límites físicos.

La gestión del sistema de embalses resulta básica para la estabilidad del sistema y debería orientarse, en la mayor parte de los casos, hacia una gestión plurianual de los recursos de tal manera que sea posible disponer de un suelo para cada inicio de ciclo lo que lleva a una revisión del concepto actual de regulación. Este es un tema que afecta de manera singular a los aprovechamientos hidroeléctricos, pero también al regadío.

En un sistema hídrico maduro, existe competencia entre los sectores por la asignación de los recursos existentes. Si el objetivo es diseñar un nuevo sistema de gestión que minimice los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos, adaptándolos a su distribución, resulta evidente que habrá que realizar ajustes entre los distintos sectores, pero también, y probablemente de mayor importancia, intrasectoriales. Corresponde al Estado señalar los escenarios de cambio y las estrategias de adaptación posibles, así como facilitar los procesos para determinar las acciones, basadas en los principios de equidad y transparencia necesarias para su implantación que, en cualquier caso, no deben dejar a nadie atrás.

En estas condiciones resulta imprescindible disponer un sistema institucional definido, estable y con autoridad suficiente para llevar a cabo los ajustes. El concesionario no debe, incluso en condiciones extremas, actuar libremente sobre los recursos asignados maximizando sus beneficios, sino que su operativa se encuentra, en última instancia sujeta al interés general, dado que se está actuando sobre un bien de dominio público, por más que la aplicación de este principio debe hacerse de manera gradual. Se necesita actuar en una doble dirección: un sistema de gobernanza robusto, que comprenda a todos los sectores interesados en el tema, en donde la planificación resulta determinante, con una administración pública capaz de dirigir y ordenar el sistema en su conjunto junto con un proceso de toma de decisiones transparente y un sistema coercitivo adecuado.

“Se necesita actuar en una doble dirección: un sistema de gobernanza robusto, que comprenda a todos los sectores interesados en el tema, en donde la planificación resulta determinante, con una administración pública capaz de dirigir y ordenar el sistema en su conjunto junto con un proceso de toma de decisiones transparente y un sistema coercitivo adecuado”

El objetivo prioritario de cualquier sistema de gobernanza, de manera muy especial en el caso del ciclo urbano, es el de asegurar el acceso al agua potable para todos los ciudadanos (aunque eso no signifique que los costes a soportar sean iguales para todos) así como un sistema de saneamiento que asegure, de manera generalizada, un nivel suficiente de salubridad.

En el sector del agua urbana, con derecho de asignación preferente, la adaptación debería hacerse en una triple dirección: (i), conseguir una discriminación más fina entre los recursos destinados al abastecimiento de personas y las pequeñas industrias de apoyo a la colectividad conectadas a la red; (ii), mejorar los niveles operativos óptimos de la red, reduciendo las pérdidas y limitando el agua no servida; y, (iii), disponer de un sistema tarifario adecuado, que permita mantener altos niveles de servicio, para lo cual debe apoyarse en una organización  de gestión eficiente en cualquier nivel.

La industria tendrá que realizar una adaptación doble reduciendo la cantidad de agua necesaria para el proceso industrial y, simultáneamente, reduciendo los vertidos y la peligrosidad de éstos. El uso eficiente compensa los eventuales incrementos de la demanda si bien, actualmente tiende a una reducción pequeña pero continua. Probablemente resulte más eficaz una política de incentivos fiscales que incluya un sistema de penalizaciones adecuado que medidas de asignación.

La situación resulta más compleja para la hidroelectricidad. Se trata de una energía renovable de gran interés estratégico que debe mantenerse operativa. La próxima caducidad de las concesiones de un buen número de centrales hace que sea un buen momento para repensar la orientación del sector hidroeléctrico[3]. A un nivel más practico lo que si resulta posible es ajustar las reglas de explotación de los embalses hidroeléctricos ajustándolas a la tendencia general del sistema. Para ello tendrán que diseñarse los programas correspondientes para la renovación de las instalaciones manteniendo su rentabilidad. También debería plantearse la posibilidad de equipar la mayor parte de las presas existentes con centrales, siempre que sean compatibles con el sistema productivo al que atienden.

La adecuación del sistema eléctrico es clave para conseguir la neutralidad energética. Resulta de particular importancia, además de las actuaciones de ajuste en el parque actual señaladas, el incremento de la producción eléctrica de origen hidráulico[4].

Las nuevas fuentes energéticas renovables son, por su propia naturaleza, no gestionables lo hace que cobren un papel estratégico los almacenamientos de energía. El bombeo hidráulico resulta ser actualmente la tecnología para almacenamiento más madura. Aunque ya existen instalaciones de importancia, la capacidad de almacenamiento de energía en España es deficitaria[5]. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) pone un énfasis especial en las centrales de bombeo. Sin embargo, los emplazamientos óptimos para hacer posible estos almacenamientos se encuentran ya construidos en su mayor parte por lo que se debería atender a la renovación de las instalaciones (lo que resulta válido asimismo para la hidráulica convencional).

Es el sector del regadío (y por extensión, el complejo agroalimentario) en donde debe realizarse la mayor parte del ajuste. El modelo del regadío español, cuyo marco conceptual sigue siendo el del regeneracionismo, ha llevado a que la agricultura del arco mediterráneo, con una especialización productiva orientada al mercado, en gran parte, exterior, se haya convertido en una exportadora neta de agua. En el proceso de crecimiento no se han tenido en cuenta las limitaciones que presentaba el marco físico para la producción. Para soslayar esta situación se ha recurrido a operaciones para la corrección del desequilibrio hidrológico generado mediante transferencias externas[6] o, internamente, a la sobreexplotación de los recursos zonales subterráneos. Todo ello con una apuesta por una inversión pública que, por extensión, afecta al resto del territorio al concentrar inversiones en una de sus partes.

Las concesiones se otorgan a partir de unos valores medios, que no tienen más realidad efectiva que su valor contable, por lo cual se riega con lo que hay y si se disponer de más recursos se presentan situaciones de tensión sobre el sistema que han sido resueltas con huidas hacia adelante. En este escenario, la búsqueda de la garantía va a constituir la referencia de los riegos, pero probablemente esta variable no resulta suficiente con las pautas de precipitación que señalan los modelos, porque a una menor precipitación, habría que ir reduciendo progresivamente el valor de la garantía o la superficie cultivada. Es preciso asegurar la disponibilidad del recurso necesaria para el normal funcionamiento de la actividad, aunque para ello sea necesario un redimensionamiento de la explotación.

Durante los años 50 y 70 del pasado siglo se extendió el cultivo en regadío, como apuesta a la creación de una política de carácter social con un uso intensivo de agua que no interiorizó de forma adecuada la limitada disponibilidad del recurso, bajo la hipótesis que la política hidráulica ofrecía como panacea el optimismo tecnológico de nuevas soluciones basada, sobre todo, por una corriente técnica y social que apuntaba hacia la corrección de los desequilibrios hidrográficos como solución de carácter general.

Mas recientemente, en el campo se está produciendo una transformación en la tenencia de la tierra cuyas consecuencias, por el momento son difíciles de evaluar. Dentro del contexto general en la búsqueda de la suficiencia alimentaria, los fondos de inversión han entrado en la compra de terrenos agrícolas (no solo en España, que también) circunstancia que afecta al regadío[7].

En el año 2006, el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó un estudio sobre los regantes con especial atención a sus perfiles socioprofesionales[8]. En el mismo se ponía de manifiesto, como problema estructural, aunque no único, la falta de relevo generacional. Otro tema importante resultaba ser la falta de rentabilidad del agricultor, debida tanto a la escasa capacidad de negociación del sector frente a mayoristas o empresas de importación como a la existencia de costes de producción crecientes (por incremento de coste de los inputs, especialmente la energía) y a la necesidad llevar a cabo una renovación tecnológica de las instalaciones (por ejemplo, en el caso de los cultivos bajo plástico de primera generación).

El agricultor tradicional puede ver relegada su función a una situación de actor secundario que, en buena parte, los lleva a actuar como falsos autónomos. Esta es un escenario que por el momento afecta esencialmente a los cultivos de secano pero que está empezando a producirse en algunas explotaciones de regadío, así como en empresas agroalimentarias. Los fondos adquieren propiedades con el objetivo de alquilarlas a un arrendatario, que puede ser el propio agricultor o una compañía del mismo grupo. En este proceso de compraventa, la seguridad de disponer de agua, como suministro continuo y seguro, resulta un factor determinante para la inversión.

“El agricultor tradicional puede ver relegada su función a una situación de actor secundario que, en buena parte, los lleva a un papel de falsos autónomos. Esta es un escenario que por el momento afecta esencialmente a los cultivos de secano pero que está empezando a producirse en algunas explotaciones de regadío, así como en empresas agroalimentarias”

La aparición de los fondos en la propiedad de las explotaciones de regadío puede hacer más viable el necesario cambio del sistema de concesión por la atención a través de un mix que le proporciona, en seguridad, el recurso necesario al mínimo coste posible.

En cualquier caso, ya se han realizado algunas actuaciones que pueden facilitar, en el futuro inmediato, esa reconversión necesaria. Aunque es evidente que no es ese el objetivo perseguido por la modernización de regadíos, al menos puede hacer patente las necesidades hídricas de cada área de riego y la forma de acoplarse a las disponibilidades.

Otro tipo de actuación reside en el PERTE sobre digitalización y medida que, aunque es aplicable a todo el campo del agua, para el sector del riego debe permitir, además de conocer los volúmenes efectivamente utilizados, facilita disponer de datos reales sobre los que apoyar la planificación de las medidas de reconversión lo que complementa de alguna manera el papel de la modernización de regadíos[9].

Sin embargo, los esfuerzos para mejorar la eficiencia del regadío a través de los proyectos de modernización han puesto de manifiesto la paradoja que, sin aumento apreciable de la superficie regada, el consumo real de agua es mayor puesto que los volúmenes ahorrados se han aplicado para una intensificación de los cultivos.

Tiene esto sentido por cuanto, de motu proprio, el regante no tiene ningún incentivo en llevar a cabo operaciones de ahorro de agua que no redunden directamente en su beneficio. La situación resulta la inversa, desde el punto de vista de la administración del agua. Teniendo en cuenta que la modernización de regadíos tiene una fuerte financiación pública, parece que, de manera simultánea, debería haberse realizado una revisión del caudal concesional, reduciendo éste, no a valores teóricos sino a consumos reales[10].

La reconversión del sector del regadío no solo tiene efectos desde el punto de vista de los consumos de agua. En una economía más globalizada, se hace cada vez más patente que hay que tener una actitud beligerante frente a terceros países con costes de producción menores y reglamentaciones más laxas. En este caso podría pensarse en producir variedades en los márgenes de la temporada más que competir en plena temporada. Hay otro tipo de amenaza que proviene de países comunitarios donde se han multiplicado las producciones intensivas en invernaderos, con un gasto energético importante, pero con tasas de rendimientos por metro cuadrado muy superiores a las de los invernaderos españoles.

Otro aspecto a considerar en la reconversión del regadío es la incorporación de la biotecnología en el proceso productivo, con reducción de agua y superficie, como ya está implantando en algunas explotaciones (por ejemplo, en el Poniente almeriense). Este tipo de método de cultivo debería exigir un refuerzo de las líneas de I+D+i en lo que se refiere, como mínimo, a la búsqueda de variedades para su explotación comercial futura[11].

La transición verde es un proceso que tiene que progresar, para lo que deben propiciarse la adopción de cambios de comportamiento por parte de los distintos agentes, tanto públicos como privados, que, entre otras cosas, atiendan los flujos de inversión necesarios para consolidar estos cambios. La transición verde no es un mero proceso de intercambio entre los factores agua y energía, sino que debe atender otros, no menos importantes, como los aspectos sociales y ambientales. No es un proceso de suma cero. Va a haber, sobre todo en el corto plazo, subsectores perdedores, ineficientes en algunas de las variables básicas de sostenibilidad o con baja resiliencia, que habrá que identificar y diseñar medidas compensatorias para mitigar, durante el periodo de transición, el impacto en los puntos que se produzcan, pero teniendo en cuenta que estas medidas no pueden ser generalizables ni eternas.

Dada la importancia del sector agua, especialmente en lo que se refiere a los procesos industriales y de gestión, sería necesario la adopción de una política industrial al respecto, que definiera objetivos e hiciera posible definir las estrategias empresariales a largo plazo, así como un dimensionamiento del sector, tanto desde el punto de vista de la competitividad de las mismas tanto en el plano interior como exterior. Este tipo de políticas deben de orientarse a la protección de la seguridad nacional.

“La transición verde no es un mero proceso de intercambio entre los factores agua y energía, sino que debe atender otros, no menos importantes, como los aspectos sociales y ambientales. No es un proceso de suma cero”

La transición no es un proceso espontaneo, sino que debe ser diseñado dentro de una planificación con objetivos claros pero flexibles para acomodarse las potenciales modificaciones del entorno pues no debemos olvidar que existe un grado de indeterminación importante en la forma de presentación de los efectos del cambio climático para los que los comportamientos del pasado no pueden ser el patrón determinante[12].

Aunque hay que apostar por soluciones basadas en la naturaleza, estas no siempre son posibles y suficientes y habrá que apostar por infraestructuras en los casos que sean necesarias, siempre desde un plano de sostenibilidad[13]

La disponibilidad actual de recursos, que han permitido atender las necesidades del país, es el fruto (afortunado) de la existencia de un importante parque de infraestructuras hidráulicas que es necesario proteger y mantener operativo, así como, cuando sea necesario, adecuarlo a las nuevas condiciones de gestión exigidas por el cambio climático con las reformas estructurales que sean necesarias.

La transición ecológica puede exigir la construcción de nuevas infraestructuras para lo que deberán estudiarse todas las tipologías posibles sin ningún tipo de limitación apriorística. Los límites solo pueden venir dados por el respeto a la biodiversidad.

Tanto para el mantenimiento y adecuación de las infraestructuras existentes como las nuevas que hayan de acometerse es imprescindible contar con un marco de financiación estable que aporte los recursos suficientes para su ejecución. Es evidente que son las administraciones públicas, de cualquier nivel, las que deben atenderlo, pero también hay que tener en cuenta que debe incardinarse en un marco de conciencia social sobre la necesidad de actuar que tenga como consecuencia última el incremento de las responsabilidades individuales.

Es precisamente en el proceso de selección de alternativas donde deben funcionar los consensos básicos de un proceso de gobernanza que, por razones obvias, debe estar liderado por la administración pública del agua. Teniendo en cuenta la necesidad, actual y futura, de infraestructuras para la gestión del agua, debe plantearse la existencia de una “Ley de Obras e Infraestructuras Hidráulicas”, diferenciada de los contenidos de una Ley de Aguas, con el objetivo de dotar de mayor transparencia al proceso de toma de decisiones sobre la construcción de nuevas que fueran necesarias, así como los criterios para la mejora y explotación de las existentes y mejorar la aceptación social de dichas infraestructuras y sus funciones.

“Debe plantearse la existencia de una “Ley de Obras e Infraestructuras Hidráulicas”, diferenciada de los contenidos de una Ley de Aguas, con el objetivo de dotar de mayor transparencia al proceso de toma de decisiones sobre la construcción de nuevas que fueran necesarias, así como los criterios para la mejora y explotación de las existentes y mejorar la aceptación social de dichas infraestructuras y sus funciones”

Mucho más obvio resulta ser la puesta a punto de los instrumentos que hagan posible la ejecución de la hoja de ruta prevista. Dejando aparte los aspectos institucionales, que deben plantearse y resolverse dentro del marco político general, para las actuaciones reales es necesario disponer una estructura financiera que las haga posible y que ponga de manifiesto los costes del proceso. Las actuaciones que vayan haciendo posible la adaptación y mitigación de las situaciones derivadas del cambio climático, especialmente las primeras, se incardinan en un proceso a medio y largo plazo, por lo que esta estructura financiera debe atender a estos objetivos con, al menos, dos planteamientos clave: la disponibilidad de fondos públicos, tanto para la provisión de bienes públicos como para hacer posible el arrastre de capital privado en determinados proyectos y, en segundo lugar, que todos los agentes a los que afecte la transición, de manera especial a las administraciones públicas de cualquier tipo, se comprometan financieramente de acuerdo con sus implicaciones en el proceso. Hay que ser conscientes que se ha acabado la época del agua barata. Que el agua para todos solo será viable si todos contribuyen, de acuerdo con sus posibilidades, también financieramente, a hacerlo posible[14].

“Hay que ser conscientes que se ha acabado la época del agua barata. Que el agua para todos solo será viable si todos contribuyen, de acuerdo con sus posibilidades, también financieramente, a hacerlo posible”

Los entes públicos, especialmente losmgobiernos, suelen hacer anuncios de planes con una proyección de futuro, planes que suelen contar con una pléyade de expertos, muchas veces con falta de visión global. En el caso de las actuaciones sobre el medio hídrico, cuyo desarrollo va a tener lugar en el medio y largo plazo, lo que impide disponer de elementos para contrastar su efectividad. Nos fijamos más en el anuncio de una tierra prometida que en cómo se puede llegar a ella o si estamos en la ruta adecuada. ¿De qué sirve anunciar grandes cambios si no se tiene capacidad para llevarlos a cabo?

La evaluación, generalmente de manera continua, de las políticas públicas y de las actuaciones concretas que comprenden resulta ser una tarea necesaria pero técnicamente compleja y, en ocasiones, sesgada por los condicionantes del evaluador. En este caso, el papel de las instituciones y entidades públicas es crucial para determinar el éxito de una política más allá de una batería de anuncios continuos que generalmente solo sirven para tensionar a la sociedad.

 

[1] El concepto de seguridad hídrica (y sus homólogos seguridad alimentaria y energética) debe ser definido a priori ya que constituye el elemento de partida para la implantación de políticas territoriales y sectoriales. En lo que se refiere al ciclo urbano del agua tenemos las condiciones del derecho urbano al agua (y al saneamiento). En el caso de la energía hidroeléctrica, los planes energéticos también marcan un límite. El caso de la producción del regadío resulta mas complejo por cuanto se trata de un subsector (todo lo importante que se quiera) de la producción total agraria. Su orientación a la exportación obliga a diferenciar el volumen de agua destinado a la producción nacional, que debe ser protegido preferentemente, del resto que puede presentar otro tipo de valoración.

[2] Aunque los recursos son finitos cabe la posibilidad de aumentarlos, bien por incrementar la regulación, bien por añadir recursos no convencionales. Este aumento, siempre a medio o largo plazo, aporta solo cantidades pequeñas al conjunto del sistema, aunque puedan tener un valor importante a escala local

[3] Hoy por hoy el sector es privado.  Parece difícil que, en pleno proceso de transición energética, se vaya a producir una modificación radical de la estructura del sector, aunque la discusión sobre el peso futuro de lo público debería estudiarse dentro de las alternativas de mitigación y adaptación de los efectos derivados del cambio climático. Es decir, la discusión debería quedar planteada en función de si la presencia del sector público facilita o no las políticas de mitigación

[4] Este tipo de actuación, aunque limitada porque la mayor parte de los sitios de interés ya han sido equipados, resulta necesaria por cuanto incrementan la eficiencia del sistema eléctrico general y permiten controlar los precios de la energía. El incremento del parque de producción hidroeléctrico permite contar con una mayor disponibilidad de energía que compense la aleatoriedad de la misma ligada al clima.

[5] Este déficit de almacenamiento en algunos meses hace que la operativa en los sistemas energéticos se apoye en tecnologías de generación de respuesta inmediata, como es la del gas natural, con el efecto sobre los precios.

[6] Con independencia de que este desequilibrio haya sido generado por la propia dinámica interna del sector o se deriva de situaciones de escasez

[7] Ya en el último cuarto del pasado siglo, se produjo una reestructuración de la propiedad del campo español, aunque ésta hay que entenderla en clave interna como una consecuencia final del proceso de migración del campo a la ciudad, producido durante las décadas de los 50 y 60. Esta reestructuración se produjo por dos vías: venta de activos o por operaciones técnicas (vía concentración parcelaria)

[8] Arnalte Alegre, Eladio et allí, eds. (2006); “Los regantes. Perfiles productivos y socioprofesionales”; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid

[9] Hay que tener en cuenta que la obligación de poner contadores ya existe desde hace varios años, si bien los resultados no han resultados tan efectivos como podía suponerse en gran parte por el comportamiento de los usuarios, favorecido por un poder sancionador poco efectivo por parte de los organismos de cuenca.

[10] En principio esta reducción no debería ser objeto de indemnización, aunque en la mayoría de los casos los caudales concesionales estarían referidos a riegos a manta y, probablemente, los caudales utilizados, incluyendo los ahorrados, quedarían incluidos en el caudal concedido

[11] En algunos sectores, por ejemplo, en la fresa de Huelva, se están pagando importantes sumas en concepto de royalties por la utilización de semillas certificadas. Es cierto que la introducción en un mercado competitivo, como es éste, de nuevas variedades resulta un proceso no exento de riesgos, con resultado incierto que exige la intervención necesaria del sector público.

[12] Baste tomar como ejemplo la evolución de la sequía en el año hidrológico 2022-2023 y las olas de calor del verano de este mismo año. Aunque son señales claras de una posible evolución del clima, no podemos tomarlas como el estándar futuro.

[13] Hay que tener en cuenta que algunas de esas infraestructuras van a representar un impacto con un coste energético cierto y, generalmente elevado. Para tratar de reducir lo mas posible ese impacto se presenta como una alternativa prometedora la hibridación de energías

[14] Dos matizaciones a estas afirmaciones que no excluyen la posibilidad de atender a colectivos vulnerables, aunque sería deseable que la financiación de estas excepciones fuese realizada de manera externa al sistema agua. El sistema agua debería resultar internamente equilibrado.