El Trasvase Tajo – Segura constituye sin ningún género de duda el elemento icónico de la política de aguas española desarrollada a lo largo de los últimos cien años, de la denominada “política hidráulica” costista[1]. Concebido en los años treinta del pasado siglo, puesto en marcha en la década de los cincuenta y construido finalmente en los setenta, en coyunturas muy diferentes de la actual, su explotación y resultados presentan importantes claroscuros. Frente a su papel innegable de motor de un desarrollo regional basado en la agricultura de exportación no es menos cierto que se ha establecido sobre un modelo de explotación de los recursos naturales, pero también económicos y, sobre todo, sociales, con fuertes dosis de aprehensión de los mismos hasta el límite.
Si alguna vez el trasvase funcionó como previeron sus mentores el sistema se encuentra ahora en el límite de sus posibilidades reales
A consecuencia de este modelo, si alguna vez el trasvase funcionó como previeron sus mentores el sistema se encuentra ahora en el límite de sus posibilidades reales. Al principio se trató de exprimir al máximo las contingencias que permitía el sistema forzando la disponibilidad de recursos presionados por una demanda creciente, con sucesivos saltos hacia adelante y una gestión discutible. Pero la crisis era cada vez más evidente porque los recursos y la gestión que de ellos se hacía no permitían nuevas vueltas de tuerca ni siquiera en los márgenes. Quizá la sequía (aunque paradójicamente la actual afectó en un principio sólo a la cabecera del Tajo pero no a la cuenca del Segura), aun no siendo la causa remota, ha obligado a replantearse de manera real y con urgencia cuales son las alternativas a un Tajo que ya no da más de sí.
Quizá la sequía, aun no siendo la causa remota, ha obligado a replantearse de manera real y con urgencia cuales son las alternativas a un Tajo que ya no da más de sí
La primera línea de soluciones ha sido la de tratar de aplicar las tradicionales políticas de salto hacia adelante aunque tratando ahora de obtener recursos en otras cuencas peninsulares de manera generalizada a través de nuevos trasvases. Pero con éste tipo de política se corre el riesgo real de que la cuestión del Tajo – Segura se convierta en una gran mancha de aceite que acabe por contaminar todo el sistema de gestión del agua en España. Ya lo ha hecho con el Tajo, cuya gestión de la cabecera se encuentra hipotecada a los propios intereses del Trasvas e[2]. Se intentó con el Ebro [3] y en el horizonte se encuentran amenazadas, por el proyecto de potenciales trasvases, las cuencas del Ebro, del Duero y del Guadiana. De manera indirecta también la del Guadalquivir (aunque en este caso a través de una aplicación interna en el territorio andaluz que liberara recursos a aplicar en otras zonas no andaluzas del ATS). Incluso hay una tensión con los propios regantes de la propia cuenca del Segura. Ahora le toca, además con exigencias, el turno al Júcar a través de una modificación de sus propias normas de gestión que ya en el pasado se prestó a una operación de auxilio similar (para abastecimiento a Benidorm y el Alacantí) a la que ahora se pretende aunque en el caso actual las condiciones hídricas, jurídicas y políticas sean muy diferentes. Ante este panorama ¿Qué parte de las aguas peninsulares quedan fuera de la voracidad de quienes gestionan el Acueducto Tajo – Segura?
Éste tipo de política se corre el riesgo real de que la cuestión del Tajo – Segura se convierta en una gran mancha de aceite que acabe por contaminar todo el sistema de gestión del agua en España
Pero volvamos al caso de la cuenca del Júcar que se ve directamente señalada para obtener los recursos demandados aunque existen varios hechos objetivos que hacen imposible esas actuaciones. En primer lugar, el Júcar es deficitario y por tanto no caben trasvases al Segura con carácter permanente. Por otra parte, en la cuenca está vigente un Decreto de Sequía y tampoco es posible hacerlo de forma coyuntural ya que en esta situación la gestión del agua en la cuenca se encuentra sometida a restricciones de uso por no existir disponibilidades suficientes para atender a sus propias necesidades entre las que cabe destacar los abastecimientos a Valencia, Albacete y Cuenca así como las áreas litorales turísticas. Además, las reservas siguen disminuyendo por lo que carece de oportunidad la autorización de ese envío transitorio de caudales[4]. Es difícil suponer que en este contexto los usuarios del Júcar, especialmente aguas abajo del Tous, puedan aceptar esta operación y mucho menos que la misma pudiera contar con la aprobación de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La Generalitat Valenciana sí puede tener un problema político a la hora de articular una respuesta a esta demanda pues parte de los recursos solicitados corresponden a usos dentro del territorio de la propia Comunidad, si bien situado en un sistema de gestión, como el del Segura o el propio Trasvase, en el que el papel de la propia Comunidad Valenciana resulta marginal. Resulta evidente que no es posible atenderlas dentro de un paquete global, y mucho menos de forma restrictiva sólo para esa parte del territorio, salvo alguna operación, puntual y limitada, a realizar a través del Júcar-Vinalopó aunque ello podría abrir la puerta a que esta vía pudiera consolidarse en el futuro, con la consiguiente oposición de los regantes del propio Júcar pero también de los usuarios del propio Vinalopó, que verían coartadas sus expectativas, sin contar con la posible desviación e incumplimiento de uno de los objetivos del trasvase Júcar-Vinalopó como es la reducción de la sobrexplotación de los acuíferos.
Si ponemos el foco en las Comunidades de Regantes incluidas en el SCRATS parece que las condiciones de contorno han cambiado es estos últimos años y de una manera drástica en estos últimos meses y no precisamente sólo por causa de la sequía. Hay una conciencia generalizada y creciente que va a resultar más difícil, cuando no imposible recibir agua a medio plazo y que el Memorándum, mal diseñado en su componente hidrológico y peor gestionado en sus aspectos políticos, no ha servido para garantizar los caudales como se pregonaba por sus promotores sino mas bien se ha traducido en un recorte en los volúmenes a trasvasar [5]. Por otra parte, hay que tener en cuenta que gran parte de la presión sobre el gobierno de la Región de Murcia se realiza también por los grandes grupos exportadores de la región poniendo de manifiesto la imbricación entre el regadío y el sector comercializador cuando no la ósmosis entre sus elementos dirigentes [6].
Desde luego no es el momento político para autorizar trasvases de emergencia entre las cuencas
Desde luego no es el momento político para autorizar trasvases de emergencia entre las cuencas, máxime cuando las desaladoras existentes permiten atender las demandas urbanas que sería el único caso que podría justificarlo aunque sean evidentes los efectos sociales y económicos en el sector agrario-exportador pero que tendrán que resolverse por otras vías. Se afirma que por parte de otras regiones se están produciendo presiones para impedir la cesión de derechos de agua que podrían entenderse contrarias a lo previsto en la Ley pero también es cierto que el contrato de cesión surge de un acuerdo entre las partes, y siendo el sector del regadío un sector con fuertes subvenciones, la posible pérdida de las ayudas correspondientes a la PAC u otras figuras por parte de quienes venden los derechos, hace que no sean los ingresos obtenidos por la venta de agua el único factor a considerar en el balance final de la explotación.
A la vista de esta situación de no poder contar con más recursos externos dentro del marco actual (es decir, constatada la imposibilidad de seguir con políticas de salto adelante en el ámbito actual del trasvase), el SCRATS, es de suponer que por propia iniciativa, presenta un estudio con opciones muy variadas con el objetivo de conseguir nuevos recursos alternativos a los que se supone debería suministrar el Trasvase con el objetivo de “ayudar” a plantear un frente reivindicativo regional. Un análisis de la gestión que se propone para estos “nuevos recursos” pone de manifiesto la incoherencia de tales opciones que recogen, en gran parte, opciones desechadas en los estudios del PHN de 2001 [7].
Ante la dificultad de conseguir recursos convencionales de bajo coste, las miradas se vuelven ahora hacia las otrora denostadas desaladoras. A corto plazo su capacidad se encuentra ya comprometida. Si fuera necesario recurrir a la desalación de manera permanente, e incluso incrementar en el futuro su capacidad de producción, resultará imprescindible replantear con rigor (y no como un mero parche) su papel en el contexto de una utilización integral de todos los recursos de la cuenca y, sobre todo, como se deben asumir sus costes ya que no parece ni económica ni éticamente que deba seguirse con una subvención del tipo de la actual. El agua desalada tiene su nicho de utilización en donde los costes mas elevados vienen compensados por la garantía del suministro, fundamental si lo que se quiere es mantener mercados [8].
Si fuera necesario recurrir a la desalación de manera permanente, e incluso incrementar en el futuro su capacidad de producción, resultará imprescindible replantear su papel en el contexto de una utilización integral de todos los recursos de la cuenca y, sobre todo, como se deben asumir sus costes.
En esta misma línea algunos empresarios agrícolas están optando por una deslocalización de cultivos hacia zonas con disponibilidad de agua [9]. Probablemente se trata de una opción coyuntural propiciada por la situación de sequía añadida y limitada a unos cultivos muy concretos pero que podría llegar a tener una cierta importancia en el futuro. La operación tiene sus riesgos, como una mayor vulnerabilidad al clima, un aumento de costes, derivados de los que corresponden al alquiler del terreno y su adaptación. La consecuencia directa es la disminución del margen de explotación pero tiene a favor una mayor garantía para la producción.
Probablemente en la cuenca del Segura y en las áreas de riego del ATS, a la vista de las dificultades crecientes para conseguir más aguas externas a bajo coste o subvencionadas empiezan a considerar si no es necesario un cambio en el modelo productivo expansionista que ya no da para más. Se trataría de ir, por ejemplo, hacia variedades de mayor valor añadido o desestacionalizadas en clara similitud con lo ocurrido en el sector citrícola hace unas décadas.
Por parte de todos los agentes regionales implicados en el caso se reitera el hecho que el incremento de la superficie regable en la región se ha mantenido estabilizado en los últimos años. Simultáneamente no puede negarse el esfuerzo que se ha hecho en la modernización de regadíos cuyo primer objetivo era el ahorro de agua ¿Dónde reside la explicación a la paradoja de que se produzca una demanda creciente de agua cuando los datos llevarían a la dirección contraria? La explicación más sencilla [10] es que se está produciendo una intensificación en los cultivos por parcela, que no solo se comen los ahorros de agua que se producen sino que, al generalizarse, demandan nuevos caudales que se aplican dentro del marco de la concesión [11]
Hay otras nuevas propuestas sobre la mesa como es que la iniciativa privada se haga cargo de financiar la construcción del trasvase del Tajo medio dejando sin definir, por ahora, la formula de explotación [12]. En una línea similar se encuentra la iniciativa – también privada – de construir una macro desaladora para la producción de agua destinada al regadío. Resulta poco imaginable suponer que si estas actuaciones al final se llevan a cabo no vaya a existir algún tipo de subvenciones bien en la construcción o en la fase de explotación [13] lo que nos llevaría a una situación similar a la actual con el agravante de que se producirían importantes transferencias al sector privado.
En una línea similar se encuentra la iniciativa privada de construir una macro desaladora para la producción de agua destinada al regadío
No se puede seguir pretendiendo solucionar los problemas (generalmente derivados de políticas de crecimiento con pocas limitaciones legales a la disponibilidad) con mas agua sino ir reduciendo el déficit existente ajustando la demanda, no reduciendo dotaciones, que con toda seguridad ya son bajas, sino disminuyendo la producción centrándose en cultivos que proporcionen mayor renta. Son operaciones a medio y largo plazo que implican cambios de mentalidad en el que el regante, individual y colectivamente vaya asumiendo su carácter de empresario agrario frente a otras visiones mas tradicionales, ancladas en un neocostismo que algunos pretenden instrumentalizar, realizando ajustes y cambios en el modelo productivo y orientando el desarrollo regional hacia sistemas mas terciarios incluyendo la industria agroalimentaria. En cualquier caso el mantenimiento de la infraestructura, el de los caudales transferibles a volúmenes realistas, habida cuenta de la situación hidrológica, y la adopción de políticas de crecimiento regional de base no exclusivamente agrícola deben ser premisas básicas para encarar soluciones de futuro viables y sostenibles.
Hace tiempo que tenía que haberse empezado a transitar por este camino pero no es malo que la crisis del sistema, cuyo detonante son los límites del trasvase y la propia sequía, esté forzando a replantearse las cosas. Hasta puede que se cumpla el mantra tantas veces oído en estos últimos años que “cada crisis, encierra una oportunidad” aunque los acontecimientos habidos a finales de septiembre y los planteamientos del Plan Regional del Agua de Murcia no permitan dar alas al optimismo de una solución satisfactoria para todos, en primer lugar para los usuarios del Trasvase.
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[1] Por mucho que Costa no propugne, en su formulación, de manera explícita estos trasvase masivos a gran distancia.
[2] Como dato anecdótico, pero que refleja claramente la mentalidad del SCRATS, se afirma que su zona regable se encuentra en sequía cuando la realidad es que ésta afectaba en un primer momento sólo a la cabecera del Tajo y la propia cuenca del Segura disponía entonces de recursos propios suficientes. Lo que de paso generó tensiones entre los usuarios de ambos subsistemas que se encuentran instalados en el mismo territorio.
[3] El ramal sur del trasvase del Ebro previsto en la Ley 12/2001del Plan Hidrológico Nacional se encuentra claramente enmarcado en esa línea. Muchas de las medidas de carácter cuantitativo previstas en el Plan AGUA van orientadas también a cubrir las demandas del ATS. Curiosamente, cuando se plantea por parte de la Generalitat de Cataluña la posibilidad de un trasvase desde el Ródano no se producen movimientos reales ni por parte de los gobiernos valenciano y murciano ni por los propios regantes del ATS para explorar la posibilidad de utilizar, conjuntamente con Aigues del Ter-Llobregat, las aguas del Ródano en sus cuencas lo que quizá hubiese podido hacer viable el proyecto sin que valga para ello la excusa de un potencial veto de los agricultores franceses a tal trasvase. Las razones eran políticas pero, fundamentalmente, económicas porque el agua del Ródano había que consumirla y pagarla a su precio real.
[4] Hay otro argumento de carácter técnico como el hecho que no es equivalente transferir las disponibilidades de Bellús o Tous desde Alarcón, por compensación.
[5] Ya en el momento de la firma era más que manifiesto el interés mediático y electoral del Memorándum por encima de su valor como instrumento de gestión y racionalización. Los hechos posteriores no hacen sino confirmar esta percepción inicial.
[6] El SCRATS ha conseguido identificar sus intereses con los de la sociedad murciana y el gobierno de la Región lo que quizá merecería una reflexión más profunda por lo acrítico de los planteamientos. En este caso podría recordarse el eslogan del imperialismo norteamericano más clásico: “lo que es bueno para la General Motors, es bueno para Estados Unidos”. Ya sabemos los efectos de un planteamiento de este estilo tildando de mal patriota a quien no comulgue con el principio.
[7] Si en un futuro hipotético se volviera a disponer de aguas del Tajo-Segura, por pura lógica económica se utilizarían éstas en primer lugar ya que tendrían un coste mas bajo por m3 dejando totalmente infrautilizadas las infraestructuras que se proponen ahora (por ejemplo, el trasvase del Tajo medio o las desaladoras) que habrán sido pagadas con dinero público (o incluso con capital privado cosa que no plantea el estudio del SCRATS con la consiguiente pérdida de coste de oportunidad), salvo la hipótesis no deseable de presionar hacia un incremento de la superficie de riego en el Segura para hacerlas rentables (eso sí, con agua subvencionada por todos los españoles).
[8] En este sentido me atrevo a plantear si no ha llegado el momento de comenzar un debate sobre la fijación del precio de referencia sobre el agua desalada y no sobre el del trasvase (que no deja de ser un precio regulado y subvencionado y, por tanto instrumentalizable).
[9] Una operación similar, aunque en este caso ligada al encarecimiento de la tierra, se produjo en la deslocalización de cultivos citrícolas. Lo importante para el éxito de operaciones de este tipo reside en mantener el control de la comercialización de los productos.
[10] Sería también teóricamente posible la utilización de zonas marginales (declaradas como regables pero no utilizadas como tales) que van progresivamente entrando en riego con dotaciones mayores a las que se estaban empleando. Y es un dislate pensar en una manipulación de los datos forzando la apariencia de una realidad inexistente.
[11] Esta es una de las perversiones del sistema concesional, sobre todo cuando se aplica a recursos escasos. Los incentivos para el ahorro de agua pueden funcionar bien en el ámbito de la explotación individual, sobre todo si es posible aplicar los recursos ahorrados en la misma explotación, pero dejan de tener sentido al trabajar en una escala macro en donde los ahorros se aplican a la mejora de las condiciones generales del sistema.
[12] Un planteamiento similar se produjo en 2005, tras la supresión del Trasvase del Ebro, en donde los gobiernos murciano y valenciano plantearon la solicitud de una concesión de aguas a través de una sociedad mercantil. Nunca mas se ha sabido del recorrido de la misma.
[13] Un tema de capital importancia para determinar la rentabilidad económica de la desaladora propuesta es conocer si los socios de la misma están obligados a adquirir los volúmenes de agua a los que se comprometen de acuerdo con su participación.
