Es esencial concienciar a los agentes del sector financiero sobre los retos del agua y comprender mejor cómo los agentes financieros pueden tomar decisiones diferentes a las usuales hasta ahora e invertir más en reforzar la resiliencia en el uso del agua (Sophie Trémolet 2024)
Hay que continuar avanzando en la comprensión de cómo las actividades económicas dependen del agua, entender cómo estas repercuten en el recurso agua, y cómo todo esto afecta a las entidades financieras y al resto de sectores. Esto es también fundamental para una adecuada gestión de riesgos. Por ello, la disponibilidad de datos y las metodologías de medición son centrales. En este sentido, herramientas como los stress test o los “heatmaps” por riesgo de sequía, de incendios, de inundaciones costeras y fluviales, son útiles para avanzar en la cuantificación de estos riesgos. De hecho, son herramientas que las autoridades y las entidades ya están utilizando y que continuarán evolucionando en el futuro. También es esperable que, a partir de las mejores prácticas observadas y los avances que se produzcan en las metodologías y en la disponibilidad de datos, los marcos regulatorios y prácticas supervisoras también continúen evolucionando a fin de poder adaptarse a las características diferenciales y específicas de este tipo de riesgo (Christian Castro, 2024).
WWF ha estimado que un 60% del PIB mundial depende del agua. A escala internacional, ser positivo en los riesgos relacionados con el agua requiere entre seis y ocho mil millones de dólares anuales de aquí a 2030. Esto es lo que sería necesario para una transición positiva para la naturaleza según la organización. Conlleva inversiones en agricultura, en la cadena de valor agroalimentaria, en economía circular y sobre todo en transformar modelo de producción. Desde la Banca como en el caso del BBVA se acompaña a los clientes cómo reducir su huella hídrica. Para ello hay que calcular, reducir, compensar, y comunicar a los sectores afectados (Avelina Frias, 2024).
Herramientas como los stress test o los “heatmaps” por riesgo de sequía, de incendios, de inundaciones costeras y fluviales, son útiles para avanzar en la cuantificación de estos riesgos
Esta es un área en la cual ha habido bastante progreso recientemente, con el análisis que se ha hecho a nivel macro por el NGFS y también con el desarrollo de sistemas de divulgación de riesgo, primero de manera voluntaria con CDP o CERES (que fueron los primeros a definir estos sistemas) y ahora con la reglamentación europea como con la Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD (Directiva relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas) o la CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Es necesario ser ambiciosos en la aplicación de estas normas, también para mejorar el análisis del riesgo a un nivel micro y localizado (Sophie Trémolet 2024).
El seguro agrario (Agroseguro) cubre las pérdidas económicas o el aumento de costes producidos en situaciones extraordinarias de escasez de agua para los cultivos de secano o la ganadería. En sistemas inerciales la prima calculada es de 13% y 14% sobre el valor asegurado para una cobertura del 100%. En el caso de riegos de la región de Las Bárdenas, que es un sistema sin inercia, la prima oscila entre 0.4% y 1.8% sobre el valor asegurado. Está claro que la precipitación es un riesgo asegurable, y permite derivados. Sin embargo, la sequía hidrológica es el resultado de una sequía meteorológica, pero también de la gestión de las cuencas y los recursos. Además, el impacto económico de una sequía depende de los precios de los productos, de los mercados, de la gestión pasada del agua, del reparto del agua y de la anticipación. Solo en situaciones muy específicas se dan las condiciones para asegurar el riesgo de escasez de agua de riego. Esto significa que los riesgos de sequía no tienen un encaje sencillo en el sistema de seguros agrarios y para catástrofes climáticas en España, al menos para los agricultores de regadío (Alberto Garrido 2024).
Las agencias de rating están comenzando a reconocer la importancia de integrar los riesgos climáticos en sus evaluaciones. La inclusión de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la evaluación del riesgo no solo mejora la resiliencia de las instituciones financieras, sino que también puede resultar en calificaciones crediticias más favorables. Esto indica un cambio hacia una mayor consideración de la sostenibilidad en la evaluación del riesgo crediticio. Hay algunas dificultades como las derivadas de obtener datos de calidad y las de su interpretación financiera. La naturaleza prospectiva de estos riesgos también complica su integración en los marcos actuales de gestión, que suelen tener un horizonte de tres años, mientras que los riesgos climáticos requieren un enfoque a 10-20 años (Francisco Lombardo, 2024).
El impacto económico de una sequía depende de los precios de los productos, de los mercados, de la gestión pasada del agua, del reparto del agua y de la anticipación
La transparencia en la divulgación de los riesgos ESG, incluida la gestión del agua, es fundamental para que las instituciones financieras obtengan calificaciones crediticias más favorables. Esto resalta la necesidad de que las entidades financieras sean proactivas en la comunicación de sus prácticas de gestión de recursos hídricos y su impacto en la sostenibilidad. Es muy importante señalar que el manejo insostenible de recursos naturales, como el tipo de gobernanza del agua, puede incrementar significativamente el riesgo crediticio. Esto implica que las agencias de rating deben prestar atención a las prácticas de gestión del agua de las empresas y su capacidad para adaptarse a los riesgos ambientales, ya que la falta de adaptación puede llevar a un aumento del riesgo de transición y afectar la solvencia bancaria (Francisco Lombardo, 2024).
Es necesario un mayor desarrollo regulatorio. Ya hay progresos en la incorporación de aspectos ESG en la normativa prudencial con la adopción de la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD), que amplía los requisitos de información para equiparar la sostenibilidad con la información financiera. La EBA y el Comité de Basilea están trabajando en la integración de riesgos climáticos en sus marcos regulatorios (Francisco Lombardo, 2024).
