La Autoridad Nacional del Agua del Perú y las bases para una gobernanza hídrica integrada

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Juan Carlos Sevilla Gildemeister
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua de Perú

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  • El presente texto se ha elaborado a partir del artículo "Autoridad Nacional del Agua 2015: sentando las bases para la gobernanza hídrica" del mismo autor publicado previamente en el número 4 de la revista Agua y más de la Autoridad Nacional del Agua del Perú.

Es innegable que, para desarrollar los diversos aspectos de la gobernanza hídrica integrada de los recursos hídricos, la dación y difusión de normas que la apoyen constituyen elementos fundamentales. Para la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Perú, el año 2015 ha significado una etapa de consolidación de las bases para la gestión integrada de los recursos hídricos a través de la promulgación, por parte del Poder Ejecutivo, de dos importantes herramientas de gestión. Estos logros allanan el camino para continuar sus funciones.

Compromisos por el agua en la legislación peruana reciente

La Política de Estado sobre los Recursos Hídricos (Política 33) del Perú, aprobada en 2012, establece que todos, sin distingo alguno y como parte de la gobernanza hídrica, debemos comprometernos a cuidar el agua por ser patrimonio de la Nación y un derecho fundamental de la persona. Reconoce que el agua es imprescindible para la vida, el bien común y el desarrollo ecosostenido de la sociedad, integrando valores culturales, sociales, económicos, políticos y ambientales. En la Política 33, entre otros puntos, el Estado peruano se compromete a garantizar el acceso de los habitantes al agua e impulsa, en perfecta armonía con ecosistema, el desenvolvimiento de las actividades de los sectores público y privado.

La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos define los objetivos de interés nacional para garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos

Los principios consignados en la Política 33 se han visto reforzados a través de un conjunto de dispositivos legales. Entre ellos, es importante resaltar la promulgación de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y del Plan Nacional de Recursos Hídricos en mayo y julio de 2015 respectivamente. Ambos constituyen hitos trascendentales pues consolidan el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, plataforma conformada por todas las instituciones del sector público y usuarios que tienen competencias y funciones relacionadas a la gestión del agua.

La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos define los objetivos de interés nacional para garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos. Esta directiva nacional tiene una visión prospectiva común en materia del agua entre los principales agentes económicos y sociales del país y establece la ejecución de acciones estratégicas socioeconómicas integrales, constituyéndose en el marco de referencia para la interacción conjunta de los sectores público y privado con el objeto de consolidar y desarrollar escenarios de gestión de los recursos hídricos donde exista mayor eficiencia, equidad, justicia y sostenibilidad.

A su vez, el Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) es un importante documento que establece las acciones para lograr los cinco grandes objetivos: gestión de la cantidad, calidad y oportunidad, cultura del agua y adaptación al cambio climático. En este documento, se establece una inversión total de 153 mil 909 millones de soles al año 2035. Entre otras necesidades hídricas vitales para el desarrollo humano y la actividad empresarial, se prioriza el gasto en: la mejora y aumento de la cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en zonas de pobreza; y en el desarrollo del riego con fines agrarios.

Tanto la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos como el Plan Nacional de Recursos Hídricos permiten fortalecer el desarrollo de la gestión integrada de los recursos hídricos a escala nacional, regional, local y de cuencas. Este soporte político y jurídico brinda, a la Autoridad Nacional del Agua del Perú, el marco de referencia necesario para que prosiga con la labor de garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos a través de una gestión integrada y descentralizada que involucre a los sectores privado y público, a los tres niveles de gobierno (central, regional y local) y a los diversos usuarios rurales y urbanos de agua.

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