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Colaboración público-privada: ahora más que nunca

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  • Colaboración público-privada: ahora más que nunca

Sobre el blog

Juan Mateo Horrach Torrens
Ingeniero Industrial por la ETSEIB, UPC. M.B.A. por IESE. Postgrado en Inversión y financiación UPM. Ingeniero Industrial del Servicio de Residuos del Consell de Mallorca en excedencia. Ingeniero consultor.
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La triste realidad actual, inmersa nuestra sociedad en una crisis sanitaria de grandes dimensiones, que amenaza con provocar una crisis económica de terribles consecuencias para el bienestar de una gran parte de la humanidad, nos lleva a buscar, con más ahínco si cabe, propuestas que mitiguen el impacto negativo en la economía.

Lejos de los postulados defendidos por una parte de nuestra sociedad, que ante la situación actual proponen una estatalización de la economía, minimizando o negando la aportación positiva de la actividad privada, en este artículo tratamos de poner de manifiesto que la colaboración público-privada será más esencial que nunca antes, como parte fundamental de la tan necesaria reactivación económica. Y dentro de esta, el ciclo del agua puede jugar un papel importante, como generador de empleo y mejora de nuestra calidad de vida.

El medioambiente ha pasado a ocupar un lugar preeminente en el pensamiento de muchas de las personas que habitamos en este planeta. Inevitablemente, dada la presencia masiva de medios digitales y redes sociales, y la facilidad que dan para la comunicación, también se produce una explosión de datos y opiniones, con mayor o menor fundamento.

Lejos de mejorar nuestra capacidad crítica, en buena medida esta explosión de mensajes conduce a la banalización de los análisis, en muchos casos reducidos a un seguidismo infantil y ciego de los dogmas que determinados predicadores, colectivos u organizaciones van emitiendo periódicamente.

El ciclo del agua no permanece ajeno a este proceso. En este artículo, queremos tratar de reflexionar sobre una cuestión que pensamos es capital para una mejora de las actuaciones relacionadas con el ciclo del agua, desde una perspectiva racional. Se trata de la gestión técnico-económica-social del ciclo, o de partes de él. Y lo hacemos motivados por una comparativa entre lo que tenemos, y lo que podríamos tener si aprovecháramos mejor lo que está a nuestra disposición como sociedad.

La titularidad del ciclo del agua es pública por ley

A nadie se le oculta que vivimos, por lo menos de momento, en un país con un sistema capitalista, con una economía social de mercado. Por mucho que se quiera subvertir la realidad, tratando de obviar datos incontrovertibles, nuestro sistema económico y social se puede asimilar más o menos al resto de sistemas imperantes en los países avanzados del planeta, que han alcanzado las cotas más elevadas de bienestar colectivo.

En este entorno, algo que lleva tiempo llamando la atención, es que, para una parte importante de nuestra sociedad, exista un paradigma creciente de que el ciclo del agua (y muchas más cosas) debe ser gestionado exclusivamente por el sistema público, expulsando radicalmente toda participación privada en el mismo.

El sector público, compuesto por la administración central, las administraciones autonómicas y las locales, complementado por una pléyade de entidades, organismos y empresas públicas, constituye un conglomerado de enorme dimensión, suponiendo en términos económicos, cerca del cincuenta por ciento del total del producto interior bruto del país.

La titularidad del ciclo del agua es pública por ley. Ello significa que quién establece la planificación, cuando la hay, fija los precios de los distintos servicios relacionados con el ciclo del agua, y desarrolla la normativa que aplica sobre el mismo, es la administración pública. Este es un dato de partida que es incuestionable, y que tampoco vamos a cuestionar nosotros, porque nos parece adecuado que así sea, aunque nos gustaría que se hubiera materializado mejor.

El agua es un bien fundamental; el más preciado de los recursos, porque sin él no hay vida ni biodiversidad, por lo que la componente ecológica es obvia.

También tiene una componente social, porque su accesibilidad, disponibilidad y calidad condicionan de forma sustancial las condiciones de vida de la población. No olvidemos que todavía existen en el mundo cerca de mil millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial, para las que el agua es de difícil acceso, escasa disponibilidad y mala calidad. Casi la mitad de los habitantes de la Tierra no disfrutan de un ciclo del agua completo y en buenas condiciones de salubridad. Esta población coincide, no por casualidad, con la población que tiene peor calidad de vida del planeta.

En nuestro país podemos citar multitud de casos en los que el ciclo del agua está en serio peligro

Finalmente, el agua también tiene una componente económica. No es un bien infinito y totalmente disponible, como podríamos considerar el aire, aunque esta afirmación podría ser cuestionable; es un bien que se intercambia, que requiere de unas inversiones y gastos para su correcta disponibilidad y calidad, y ello implica que tenga un coste. Otra cosa es que esta factura que pagamos por el ciclo del agua refleje adecuadamente todos los condicionantes que pesan sobre el mismo, y permita una asignación más racional, como todo bien escaso que está presente en nuestras vidas.

Dando por sentado lo anterior, volvamos a la titularidad. Hemos dicho que esta es en todo caso pública.

En nuestro país podemos citar multitud de casos en los que el ciclo del agua está en serio peligro. Por citar algunos, podemos hablar de Doñana y su progresivo deterioro en todo su sistema hídrico, el Mar Menor y su grave situación ambiental, provocada por vertidos y extracciones, la situación en gran parte de Andalucía, con graves incumplimientos de las normativas en materia de depuración y vertido de aguas depuradas, Baleares, con la bahía de Palma o las de Alcúdia, Ibiza y Formentera, diezmadas en su riqueza marina por los permanentes vertidos contaminantes de aguas residuales mal depuradas, o la escasez de agua y mala calidad de la misma en muchos de los municipios de las islas; el caso del concurso de concesión del suministro al área metropolitana de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, todavía reciente,… podríamos continuar exponiendo casos graves, pero no es objeto del presente artículo llevar a cabo un inventario de malas actuaciones.

La característica común de todos estos casos, es que la responsabilidad de la situación recae en las diversas administraciones involucradas en cada uno de ellos. Absoluta inactividad en muchos casos, gestión opaca y deficiente, falta de aplicación de las normativas vigentes, falta de inversiones y control en la prestación de los servicios, ausencia de planificación, intereses políticos por encima de los de la ciudadanía, son algunas de las deficiencias que presenta la administración pública en la gobernanza del ciclo del agua.

Cierto es que ha habido actuaciones negligentes de empresas privadas, en algunos casos de gran importancia.

Pero esa negligencia ha sido materializada siempre y en todo caso, por ausencia o connivencia del titular del servicio: la correspondiente administración pública. En otras palabras; la “condición necesaria” para que haya funcionamientos anómalos o incorrectos es que la (o las) administración responsable actúe negligentemente.

La administración que materializa una concesión administrativa, forma más común de colaboración público-privada, dispone de todos los mecanismos necesarios para que esta sea razonable en términos de rentabilidad del concesionario y calidad de la prestación. Puede reequilibrarla en caso de necesidad, tiene plena capacidad legal para auditar permanentemente la evolución de la concesión, puede sancionar e incluso revocar dicha concesión cuando se traspasan determinados límites impuestos por la ley y por el contrato. Toda la documentación relativa a la concesión; desde los estudios iniciales, los pliegos de condiciones, los estudios económicos, los proyectos técnicos, el contrato y sus eventuales modificaciones, son redactados por la administración, bien sea directamente por los funcionarios del área, o bien en colaboración con empresas o técnicos expertos contratados para ello y siempre supervisados por personal de la administración pública contratante.

No obstante lo anterior, de conocimiento general para toda persona involucrada en estos asuntos, viendo las informaciones que aparecen en medios generalistas, e incluso especializados, o en las fuentes de información de determinadas organizaciones, nadie diría que sea así.

Dado que no podemos creer que todas las personas involucradas en la información de asuntos relacionados con el ciclo del agua desconozcan o no tengan acceso a lo afirmado en los párrafos anteriores, nuestra conclusión es que la gestión del ciclo del agua se ha politizado e ideologizado, como tantos otros ámbitos de la sociedad.

Ya no se trata tanto de buscar las mejores soluciones para resolver los problemas más acuciantes, sino de defender, a través de esquemas rígidos de pensamiento, una determinada ideología, que tiene establecido de forma unívoca y como dogma de fe determinados postulados.

En este caso, se trata de defender el sistema público llevado al extremo; con el argumento de que lo público es de toda la ciudadanía y no busca el beneficio, mientras que lo privado es corrupto por naturaleza, y supone un menoscabo para la ciudadanía.

Nuestra conclusión es que la gestión del ciclo del agua se ha politizado e ideologizado, como tantos otros ámbitos de la sociedad

A partir de este postulado, cualquier argumento que no esté alineado con él, se convierte en cómplice del llamado gran capital, representado en este caso por las grandes empresas del sector. Toda disfunción es el resultado de una gran conspiración para ir contra la ciudadanía y enriquecerse exageradamente. No valen ni leyes, ni regulaciones, ni recomendaciones internacionales, ni academia.

Como justificación, se acostumbra a citar casos llamados de “éxito” de remunicipalizaciones, como el caso de París, siempre explicados con meras afirmaciones o medias verdades carentes de toda justificación analítica y racional, porque una vez salidos del esquema que aprendemos y enseñamos en facultades y escuelas, que ha llevado a los índices de evolución de la raza humana actuales, carece de sentido la racionalidad y el análisis económico serio.

Sin embargo, los repetidos fracasos de la gestión pública, en algunos casos estrepitosos y con consecuencias penales y civiles, como el asunto “Canal de Isabel II”, no son suficiente motivo para siquiera reconsiderar esos postulados, ya convertidos en mantra.

Nuestra experiencia profesional, sin embargo, es negativa respecto de la gestión pública de actividades económicas en general, y del ciclo del agua en particular. Y ello es totalmente lógico. El sector público carece de suficientes personas preparadas para gestionar actividades económicas inmersas en las leyes de mercado, sin apoyarse obligatoriamente en colaboraciones privadas en aquellos aspectos en los que dicha colaboración puede aportar un valor positivo, como es el caso del ciclo del agua. También carece de los conocimientos técnicos, y, tal vez, lo peor de todo y de mayor dificultad para su resolución, carece de los incentivos adecuados, que pudieran propiciar una mejora en todos estos aspectos.

Pero es que, además, cabría partir de una cuestión fundamental. Las personas que trabajan en el sector privado de la economía, mucho más de la mitad del total, no son distintas de las que lo hacen en el sector público. Y esas empresas, demonizadas por el hecho de haberse convertido algunas en conglomerados internacionales, en gran parte por el esfuerzo de muchas personas que a lo largo de la historia de la empresa han aportado su trabajo y esfuerzo, están integradas por miles de personas que tienen los mismos problemas, virtudes y defectos que las que componen los distintos departamentos de cualquier administración pública, y, cuando salen de su trabajo, cada día, pasan a convertirse también en ciudadanía.

A nadie se le oculta que el ciclo del agua en España adolece de un preocupante déficit acumulado de inversiones, fruto de sucesivos gobiernos de todo tipo dedicados a otros menesteres que han considerado más importantes. La necesaria aportación de recursos para cubrir necesidades perentorias de una gran parte de la población en el próximo futuro, nos llevan a pensar que ese déficit se va a ver incrementado notablemente, si no se recurre a la colaboración público-privada para acometer proyectos en el ciclo del agua.

Si se prescinde de ello, se perderán grandes oportunidades para solventar históricos déficits de inversión, racionalizar costes para hacer más eficientes los procesos, acercar el ciclo del agua a las necesidades actuales de reducción de emisiones y mejora del aprovechamiento de los recursos, y lo que ahora es vital: una importante actividad económica con gran efecto multiplicador sobre la demanda. En definitiva, mejorar nuestra deteriorada calidad de vida como sociedad.

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